Legislativas | Acto negacionista del terrorismo de Estado
22/08
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Controversia en la Legislatura
El Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue escenario ayer de un acto que desató una ola de repudios por parte de legisladores, trabajadores del recinto y organizaciones de derechos humanos. El evento, convocado por la legisladora Rebeca Fleitas del bloque La Libertad Avanza (LLA), fue presentado como un homenaje a las “víctimas del terrorismo”, pero incluyó la participación de figuras vinculadas al negacionismo de los crímenes cometidos por la última dictadura cívico-militar argentina. Por Martín Pérez Díaz Buenos Aires, 22 de agosto de 2025. El llamado homenaje a la "victimas del terrorismo", se realizó en el marco del “Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo”, establecido por la ONU en 2017. La convocatoria incluyó a familiares de víctimas de atentados perpetrados por organizaciones armadas en los años ’70, como Montoneros y el ERP, así como de los ataques a la AMIA y la Embajada de Israel, como si todo fuera igual y no hubiese habido un estado terrorista en Argentina que llevó a adelante una política genocida e ilegal de exterminio de sus oponentes políticos.
Entre los oradores estuvieron Luis Czyzewski, padre de Paola, víctima del atentado a la AMIA; Alejandra Cepeda, familiar de una víctima de la masacre del comedor policial en 1976; Arturo Larrabure, hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado por el ERP; José Luis D’Angelo, militar retirado, escritor y periodista, ex integrante del movimiento “carapintada” y Cecilia Pando, reconocida defensora de militares condenados por delitos de lesa humanidad.
La presencia de D’Angelo y Pando fue el detonante de la polémica. Ambos han sido señalados por relativizar los crímenes del terrorismo de Estado y por promover discursos que niegan el carácter genocida de la dictadura argentina. D’Angelo, en particular, es autor de libros que califican a los desaparecidos como una “estafa” y un “mito”.
Desde el momento en que se conoció la convocatoria, legisladores de distintos bloques presentaron proyectos de declaración para repudiar el acto. Entre ellos, se destacaron Victoria Montenegro (Unión por la Patria), Andrea D’Atri (Frente de Izquierda), Francisco Loupias y Gustavo Mola (UCR), Gabriel Solano y Mercedes Trimarchi (Frente de Izquierda)
El texto presentado por Montenegro señala que “la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repudia el acto que se realizará el 21 de agosto en el Salón Dorado y que tiene como orador a José Luis D’Angelo, integrante del movimiento carapintada que atentó contra el sistema democrático en la década del 80 y que relativiza a las víctimas del terrorismo de Estado; desconociendo las sentencias dadas por la Justicia Nacional e Internacional”.
Por su parte, el legislador Gabriel Solano expresó: “Fuera el genocida José D’Angelo de la Legislatura. Otra vez la diputada mileísta organiza un acto para defender a los genocidas responsables de la desaparición de 30.000 compañeros y compañeras. Hay que repudiar este acto reaccionario y provocador”.
También se manifestaron organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS, el CELS y la APDH, que calificaron el acto como una “provocación institucional” y una “afrenta a la memoria colectiva”.
El contexto político
Este acto se inscribe en una serie de iniciativas impulsadas por sectores libertarios que buscan instalar una narrativa alternativa sobre los años ’70, centrada en las víctimas de las organizaciones armadas y en la reivindicación de militares condenados por delitos de lesa humanidad.
En septiembre de 2023, la entonces legisladora y actual vicepresidenta Victoria Villarruel organizó un acto similar en el mismo recinto, lo que generó una fuerte controversia nacional. En aquella ocasión, también se denunció la presencia de figuras vinculadas al negacionismo y se acusó a Villarruel de utilizar el espacio institucional para promover una agenda revisionista.
La repetición de este tipo de actos en la Legislatura porteña ha encendido las alarmas entre los organismos de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de retrocesos en las políticas de memoria, verdad y justicia.
Los discursos del acto
Durante el evento, José Luis D’Angelo abrió el panel con una frase que generó indignación: “La verdad, toda la verdad, aunque duela, porque una verdad a medias es una mentira completa”. Luego, Arturo Larrabure relató el secuestro de su padre por el ERP y sostuvo que “la juventud en la Argentina ha recibido una memoria parcial y un relato sesgado”.
Alejandra Cepeda, por su parte, pidió que “se reconozca a las víctimas del terrorismo con la misma dignidad con la que se reconoce a cualquier otra víctima de violencia política”. Luis Czyzewski, en un discurso más internacionalista, afirmó: “Hoy el terrorismo tiene nombre y apellido: República Islámica de Irán, Hezbolá, Hamás. Y eso lo tenemos que saber y comprenderlo claramente”.
Si bien los testimonios de familiares de víctimas de atentados fueron legítimos y conmovedores, la inclusión de figuras como D’Angelo y Pando desvirtuó el espíritu del homenaje y lo convirtió en un acto de reivindicación del aparato represivo estatal.
La tensión entre distintas narrativas sobre el pasado reciente argentino no es nueva. Desde el retorno de la democracia, el consenso social y jurídico ha sido claro: la dictadura cívico-militar que gobernó entre 1976 y 1983 cometió crímenes de lesa humanidad, sistemáticos y planificados, que constituyen un genocidio.
Las sentencias de los juicios por la verdad, el Juicio a las Juntas, el proceso de justicia iniciado en 2006 y el reconocimiento internacional han consolidado ese marco. Sin embargo, sectores negacionistas insisten en equiparar la violencia estatal con la violencia política de organizaciones armadas, desconociendo la diferencia entre terrorismo de Estado y conflicto político.
El acto del 21 de agosto en la Legislatura porteña representa un intento de instalar esa narrativa en el corazón institucional de la ciudad, y por eso fue repudiado con firmeza por quienes defienden la memoria histórica como política de Estado.
Lo ocurrido en la Legislatura porteña no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia discursiva que busca reconfigurar el sentido común sobre el pasado reciente. La presencia de negacionistas en espacios institucionales, bajo el paraguas de homenajes legítimos, representa un desafío para la democracia argentina.
La respuesta de los organismos de derechos humanos, legisladores y trabajadores del recinto fue clara: no hay lugar para el negacionismo en una sociedad que ha construido su identidad sobre la base de la memoria, la verdad y la justicia.
Como expresó la legisladora Victoria Montenegro: “La memoria no se negocia. No vamos a permitir que se relativicen los crímenes de la dictadura ni que se mancille el nombre de nuestros 30.000 compañeros desaparecidos”.
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