Duro con los trapitos

Legislativas | Macri en campaña

19/06

Duro con los trapitos

La Legislatura porteña aprobó la llamada Ley Anti Trapitos, una reforma al Código Contravencional impulsada por el jefe de Gobierno Jorge Macri que endurece las sanciones contra cuidacoches y limpiavidrios en la Ciudad de Buenos Aires. La norma, que obtuvo 36 votos positivos, establece penas de detención efectiva de hasta dos meses, multas millonarias y la posibilidad de inhabilitar a quienes participen de estas actividades para acceder a programas sociales. El discurso oficial se sostiene en la idea de “tolerancia cero” frente a lo que se considera una mafia que se apropia del espacio público y extorsiona a vecinos y turistas. Por Martín Pérez Díaz Buenos Aires, 19 de junio de 2026. La nueva legislación prevé que quienes cuiden autos de manera ilegal puedan ser detenidos entre 10 y 30 días, mientras que los organizadores o promotores de estas prácticas enfrenten hasta 60 días de cárcel. En eventos masivos, cuando se demuestre la existencia de una organización previa, las penas irán de 20 a 50 días de detención. Además, se duplicarán las sanciones en casos de violencia o acoso, y se aplicarán multas que parten de más de un millón de pesos. El alcance de la norma se extiende a cualquier tipo de evento en la Ciudad, con controles que abarcarán hasta 50 cuadras a la redonda y horarios más amplios que los vigentes hasta ahora. También se prevén sanciones para clubes e instituciones que se vinculen con estas actividades, con multas que pueden llegar a los 20 millones de pesos y clausuras de hasta 90 días.

El endurecimiento de las penas contra los trapitos y limpiavidrios se presenta como una respuesta a la ineficacia de las multas previas, que resultaban incobrables. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026 se registraron más de 13.000 contravenciones, pero el Gobierno porteño consideró que no alcanzaban para frenar la actividad. “Ya no hay más advertencias, si sos trapito te meto preso”, dijo Jorge Macri al defender la iniciativa.

Sin embargo, la aprobación de esta ley reaviva el debate sobre la doble vara penalizadora en la Ciudad y en el país. Mientras se endurecen las sanciones contra sectores vulnerables que recurren a estas prácticas informales para sobrevivir, los delitos económicos y financieros cometidos por sectores de poder suelen resolverse con multas menores, acuerdos judiciales o dilaciones procesales que evitan la cárcel. La contravención de cuidar autos en la vía pública puede derivar en semanas de detención efectiva, mientras que casos de corrupción, evasión fiscal o lavado de dinero, que involucran cifras millonarias y afectan directamente al erario público, rara vez terminan con condenas firmes y cumplimiento efectivo de prisión.

La ley pone en evidencia una política de seguridad que se concentra en los eslabones más débiles de la cadena social. Los trapitos y limpiavidrios, generalmente personas en situación de precariedad laboral o exclusión, son presentados como mafias organizadas y castigados con penas severas. En contraste, los delitos de cuello blanco, cometidos por empresarios, dirigentes o funcionarios, suelen encontrar resquicios legales para evitar sanciones proporcionales. La desigualdad en la aplicación de la ley se convierte así en un tema central: mientras se criminaliza la pobreza, se relativizan las responsabilidades de quienes ostentan poder económico o político.

El debate legislativo reflejó estas tensiones. Aunque la mayoría acompañó la iniciativa, algunos sectores advirtieron que la norma refuerza un esquema de persecución sobre los más vulnerables y no aborda las causas estructurales de la informalidad laboral. La falta de oportunidades de empleo formal y la crisis económica empujan a miles de personas a buscar ingresos en actividades como el cuidado de autos o la limpieza de parabrisas. Penalizar estas prácticas sin ofrecer alternativas de inclusión puede profundizar la marginalidad y el conflicto social.

La Ley Anti Trapitos se inscribe en una política de orden urbano que busca mostrar firmeza frente a la inseguridad y la ocupación del espacio público. Sin embargo, la discusión sobre la doble vara penalizadora persiste: ¿por qué se aplican sanciones tan duras a quienes sobreviven en la informalidad y tan laxas a quienes cometen delitos de gran escala? La respuesta parece estar en la capacidad de influencia y en la desigualdad estructural que atraviesa el sistema judicial y político.

La aprobación de la norma marca un nuevo capítulo en la estrategia de seguridad de la Ciudad, pero también abre un debate más amplio sobre justicia social y equidad en la aplicación de la ley. Mientras los trapitos enfrentan la amenaza de cárcel efectiva, los poderosos continúan encontrando mecanismos para eludir sanciones. La tolerancia cero proclamada por el Gobierno porteño parece aplicarse con rigor a los débiles, pero con indulgencia a los fuertes, lo que alimenta la percepción de que la justicia no es igual para todos. En ese contraste se revela la doble vara penalizadora que sigue marcando la vida pública argentina.

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