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Vapeadores regulados

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una normativa que marca un cambio de paradigma en el tratamiento de los productos emergentes de tabaco y nicotina. Tras la legalización de los cigarrillos electrónicos y vapeadores a nivel nacional, la Ciudad avanzó con un marco regulatorio propio que establece reglas estrictas para su comercialización y uso, con el objetivo de proteger la salud pública y evitar la proliferación de prácticas que puedan poner en riesgo a los más jóvenes. La nueva ley habilita la venta y consumo de estos dispositivos únicamente para mayores de 18 años, prohibiendo de manera tajante su acceso a menores y fijando sanciones para quienes incumplan las disposiciones. Por Martín Pérez Díaz Buenos Aires, 26 de junio de 2026. El texto aprobado replica en gran medida la normativa nacional vigente desde abril, pero incorpora especificidades locales que refuerzan las restricciones en espacios cerrados de acceso público. Así, se mantiene la prohibición de fumar o vapear en transporte público, estaciones de subte, escuelas, hospitales, museos, teatros, cines, bares, restaurantes y centros deportivos, entre otros ámbitos. La intención es equiparar el tratamiento de los nuevos dispositivos con el tabaco tradicional, evitando que la exposición involuntaria afecte a quienes no consumen y reforzando la idea de que estos productos no son inocuos.  

La ley se estructura en nueve capítulos y establece un plazo de 180 días para su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo porteño. Uno de los ejes centrales es la prevención, con obligaciones específicas para el Ministerio de Salud de la Ciudad, a cargo de Fernán Quirós, que deberá implementar campañas informativas y acciones en el ámbito educativo y sanitario. Se fija la obligación de realizar al menos una campaña anual destinada a advertir sobre los riesgos del consumo de estos productos, basada en evidencia científica y orientada a la población general. De este modo, la regulación busca no solo ordenar el mercado, sino también generar conciencia sobre los efectos de la nicotina y las sustancias presentes en los aerosoles de los cigarrillos electrónicos.  

El debate legislativo incluyó también la cuestión impositiva. La legisladora Graciela Ocaña planteó la necesidad de equiparar el tratamiento fiscal de estos productos al del tabaco convencional, que en la Ciudad paga ingresos brutos cercanos al 6%. Aunque este aspecto no fue incorporado en la versión final de la ley, se anticipa que la discusión continuará en el ámbito parlamentario y podría derivar en nuevas modificaciones. La intención es evitar ventajas comparativas que favorezcan la expansión de los dispositivos electrónicos frente al cigarrillo tradicional, garantizando un marco equitativo en materia tributaria.  

La aprobación de la normativa generó críticas en parte del sector médico y científico. La neumonóloga y especialista en tabaquismo Cristina Borrajo advirtió que los productos de nicotina producen dependencia, afectan el desarrollo cerebral adolescente, aumentan riesgos cardiovasculares, generan toxicidad fetal durante el embarazo, exponen a sustancias dañinas y provocan intoxicaciones accidentales. En sus formas inhaladas, además, afectan las vías respiratorias y el pulmón. Borrajo sostuvo que la normalización de nuevas formas de consumo dificulta la cesación y favorece la iniciación juvenil, y que la incertidumbre sobre sus efectos de largo plazo refuerza la necesidad de aplicar el principio precautorio en lugar de avanzar hacia la liberalización comercial.  

Las advertencias médicas se centran especialmente en el impacto sobre adolescentes. Según especialistas, el acceso temprano a estos dispositivos podría generar dependencia a la nicotina y facilitar la transición hacia el tabaco tradicional. Borrajo señaló que el aerosol generado por los cigarrillos electrónicos contiene sustancias potencialmente tóxicas y que su exposición no se limita al usuario, sino también a quienes lo rodean. Además, alertó que en la actualidad se observan niños de 14 años que se inician en el cigarrillo electrónico y las bolsas de nicotina, prohibidas en toda Europa salvo en Suecia, y que muchos de ellos en un plazo de 12 a 18 meses terminan cambiándose hacia el cigarrillo convencional.  

El debate en la Legislatura porteña refleja la tensión entre quienes consideran que la regulación permitirá un control más efectivo y evitará el mercado negro, y quienes sostienen que la habilitación de estos productos puede derivar en un aumento del consumo juvenil y en riesgos sanitarios aún poco estudiados. La nueva normativa, de todos modos, marca un paso importante en la política sanitaria de la Ciudad, al pasar de un esquema de prohibición a uno de regulación con controles, sanciones y campañas educativas. El desenlace de su implementación será clave para definir cómo se equilibran los intereses comerciales, fiscales y sanitarios en torno a un tema que involucra a miles de consumidores y que despierta preocupación en la comunidad médica por sus posibles consecuencias a largo plazo.  

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