Legislativas | Traspaso de la justicia laboral
28/08
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Se aprobó el convenio
La Legislatura porteña aprobó el convenio de traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, un movimiento político que contó con el apoyo del PRO, La Libertad Avanza, la UCR y sectores del larretismo, y que deja al jefe de Gobierno Jorge Macri a las puertas de poner en marcha el nuevo fuero laboral local a partir de febrero. La votación, que reunió 36 votos afirmativos, dos rechazos y una amplia abstención del peronismo, blindó el acuerdo firmado entre Nación y Ciudad y abrió un proceso de implementación que incluye la creación de juzgados, la designación de magistrados y la negociación por los recursos que deberán transferirse para garantizar el funcionamiento de la nueva estructura judicial. Por Martín Pérez Díaz Buenos Aires, 28 de agosto de 2026. El convenio ratificado por la Legislatura había sido firmado a principios de año por el entonces jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, y recibió el aval del Congreso durante el debate por la reforma laboral. La sanción local consolida una agenda que el macrismo persigue desde hace tres décadas: la construcción de un sistema judicial propio en materia laboral, en línea con el mandato constitucional que reconoce a la Ciudad facultades de legislación y jurisdicción. El fallo “Levinas” de la Corte Suprema, que equiparó a CABA con las provincias, reforzó ese camino y habilitó la transferencia de competencias que ahora comienza a materializarse.
El oficialismo celebró la aprobación como un avance institucional y como una oportunidad para modernizar el sistema de resolución de conflictos entre trabajadores y empleadores. Tapia sostuvo que el nuevo fuero permitirá evitar procesos interminables y reducir lo que desde el PRO denominan “la industria del juicio”. Para los libertarios, el traspaso implica cerrar un fuero nacional al que consideran “afín al kirchnerismo”, mientras que en el ala dura del PJ porteño devolvieron la crítica al señalar que la Ciudad busca construir “un fuero pro-empresarios” que resuelva con rapidez y en favor de las compañías las demandas que surgirán tras la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.
La postura del peronismo porteño fue ambivalente. Claudia Neira, una de sus referentes, afirmó que el traspaso constituye “un paso adelante” en términos de autonomía, pero advirtió que el proceso se está llevando adelante sin que se conozcan detalles sobre los fondos que deberán acordar Nación y Ciudad. También señaló que la discusión se da en un contexto de reforma laboral profunda y que es necesario debatir “para qué queremos una Justicia laboral y al servicio de qué intereses estará”. El bloque optó por abstenerse, en reconocimiento a la importancia institucional del traspaso, pero sin acompañar políticamente la iniciativa.
Desde el oficialismo, la jefa de bloque Silvia Lospennato destacó que la sanción permitirá a la Ciudad “elegir a quienes van a juzgarnos” y construir una Justicia laboral “más moderna y más ágil”. Aldana Crucitta, legisladora radical y presidenta de la comisión de Seguridad, sostuvo que se trata de una oportunidad para mejorar la vida de los vecinos y agilizar los tiempos de resolución de conflictos. Graciela Ocaña, de Confianza y Desarrollo, afirmó que el nuevo fuero debe evitar reproducir los vicios de la Justicia Nacional y garantizar respuestas en tiempos razonables, recordando que detrás de cada expediente hay personas que perdieron su empleo o empleadores que necesitan reglas claras.
El diseño del nuevo fuero estuvo a cargo de Tapia y del secretario de Justicia, Francisco Quintana. La ley 6789, aprobada en diciembre de 2024, autorizó la creación de diez juzgados de primera instancia y dos salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. El convenio ratificado establece que la Ciudad asumirá la función judicial en materia laboral ordinaria, es decir, los conflictos individuales entre empresas y empleados originados en el distrito. La implementación será progresiva: CABA tendrá 180 días para instrumentar los cambios, entre ellos la designación de jueces, y el convenio no entrará en vigencia hasta que se firme un acuerdo específico sobre la transferencia de fondos.
Las causas iniciadas antes de la puesta en marcha del nuevo fuero seguirán tramitando en la Justicia Nacional del Trabajo hasta su sentencia definitiva, mientras que las nuevas quedarán radicadas exclusivamente en el fuero porteño. El traspaso no implica la transferencia de jueces ni de tribunales nacionales: la Justicia Nacional del Trabajo será disuelta y los conflictos colectivos y sindicales pasarán al fuero Contencioso Administrativo. Sin embargo, aún restan definiciones judiciales. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional impulsó una cautelar que suspende preventivamente el traspaso hasta que Nación y Ciudad alcancen los acuerdos necesarios, y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación obtuvo una medida similar en marzo.
La discusión por los recursos es uno de los puntos más sensibles. El acta de entendimiento establece que la transferencia de competencias debe concretarse junto con el envío de los fondos correspondientes. En el PRO aseguran que exigirán a Nación los ingresos necesarios, pero admiten que están dispuestos a poner en marcha el fuero con recursos propios mientras continúan las negociaciones. En la sesión, la legisladora del Frente de Izquierda Vanina Biasi rechazó el traspaso y reclamó que se garantice la situación laboral de los trabajadores judiciales que deberán ser transferidos, con reconocimiento de derechos y antigüedades.
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