Política | Otra muerte por asbesto
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Paro en el subte
La organización sindical consideró que el fallecimiento no puede analizarse como un hecho aislado, sino como parte de las consecuencias de una exposición laboral prolongada a una sustancia reconocida internacionalmente por sus efectos cancerígenos. En ese marco, resolvió convocar a una medida de fuerza que alcanzó a la totalidad de los servicios, incluidos los recorridos del Premetro.
La protesta volvió a colocar en el centro de la discusión pública la responsabilidad de las autoridades porteñas, de la empresa concesionaria Emova y de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) en la prevención de los riesgos, el relevamiento de las instalaciones contaminadas y la protección de los trabajadores y usuarios.
Un trabajador jubilado y el reclamo por la vigilancia médica
El trabajador fallecido fue identificado por la empresa concesionaria Emova como Oscar Pauer, quien se desempeñó como operario en el taller Rancagua de la línea B hasta su jubilación, en agosto de 2024. De acuerdo con la información difundida por los metrodelegados, había trabajado durante más de tres décadas en instalaciones donde existía exposición al material cancerígeno. Además de Rancagua, el sindicato mencionó los talleres Polvorín y Bonifacio como lugares en los que el operario desarrolló tareas.
La AGTSyP sostuvo que el caso constituye la séptima muerte de un trabajador vinculada con la exposición al asbesto dentro de la red y señaló que otros 130 empleados presentan afecciones de salud relacionadas con ese material. Estas cifras corresponden al relevamiento difundido por la organización sindical y forman parte de sus denuncias sobre la dimensión del problema sanitario.
Uno de los reclamos más importantes apunta a garantizar la continuidad de los controles médicos después de la jubilación. Según explicaron los representantes gremiales, los trabajadores expuestos al asbesto reciben controles periódicos mientras permanecen en actividad, pero ese seguimiento se interrumpe cuando dejan de trabajar. La organización considera que esa discontinuidad resulta particularmente grave debido al prolongado período de latencia de las enfermedades asociadas con la inhalación de fibras de amianto.
El sindicato advierte que algunas patologías pueden manifestarse varias décadas después de producida la exposición, por lo que reclama que el programa de vigilancia médica alcance también a los trabajadores jubilados y a quienes ya no mantienen una relación laboral con la empresa.
La exigencia comprende la incorporación de todo el personal al Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR), un mecanismo destinado a identificar las condiciones laborales que pueden ocasionar enfermedades profesionales y establecer las medidas preventivas y los controles correspondientes. Para los metrodelegados, no alcanza con retirar progresivamente los materiales contaminados si no se garantiza, al mismo tiempo, el seguimiento sanitario de quienes estuvieron expuestos durante años.
Un material prohibido que sigue presente en la red
El asbesto, también denominado amianto, es un conjunto de minerales fibrosos que durante décadas se utilizó en la construcción, la industria y la fabricación de componentes sometidos a altas temperaturas. Su resistencia al calor, al desgaste y a numerosos agentes químicos hizo que fuera incorporado a aislaciones, frenos, juntas, revestimientos y distintos elementos de instalaciones industriales.
Sin embargo, la inhalación de sus fibras puede provocar enfermedades graves, entre ellas asbestosis, cáncer de pulmón y mesotelioma, un tumor maligno que afecta principalmente las membranas que recubren los pulmones. Debido a esos riesgos, su utilización fue prohibida en Argentina mediante disposiciones sanitarias dictadas entre 2000 y 2003.
La presencia del mineral en el subterráneo porteño salió a la luz en 2018, cuando se detectó asbesto en formaciones CAF 5000 adquiridas por la Ciudad a España. A partir de ese descubrimiento comenzaron a identificarse otros componentes contaminados en trenes, talleres e instalaciones de la red. La situación generó reclamos sindicales, investigaciones y exigencias para que se estableciera un programa integral de retiro de los materiales peligrosos.
Desde entonces, los metrodelegados sostienen que el problema no se limita a determinadas formaciones, sino que involucra diferentes sectores de la infraestructura ferroviaria. La preocupación comprende tanto a los trabajadores encargados del mantenimiento y reparación de los trenes como a quienes desarrollan tareas en talleres, dependencias técnicas y otras instalaciones.
La aparición de nuevos casos de enfermedades y fallecimientos mantiene abierto el conflicto y pone en discusión la velocidad de los trabajos de descontaminación, la eficacia de los mecanismos de prevención y la responsabilidad de las autoridades y de la concesionaria.
El plan oficial de desasbestizado y las diferencias con el gremio
Desde el Gobierno porteño y Emova sostienen que existe un plan integral para retirar progresivamente el asbesto de la red. La iniciativa contempla la identificación de los materiales contaminados, su manipulación bajo protocolos especiales, el reemplazo de los componentes y la disposición final de los residuos en instalaciones habilitadas.
Según la información publicada por Subterráneos de Buenos Aires, desde que se conoció la presencia del mineral en los trenes CAF 5000 se conformó una comisión de trabajo integrada por SBASE, Emova, los sindicatos, la Agencia de Protección Ambiental, la Dirección General de Protección del Trabajo, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y la Defensoría del Pueblo.
El programa incluyó relevamientos de las flotas y de las instalaciones, además de mediciones de calidad del aire y estudios sobre las condiciones de exposición del personal. La información oficial señala que se completaron intervenciones en distintas formaciones de las líneas B, C y E y en el Premetro, y que también se realizaron trabajos en instalaciones eléctricas, talleres y dependencias técnicas. En septiembre de 2026 comenzaron nuevas intervenciones en centros de potencia y sectores de talleres de toda la red.
Para retirar los componentes contaminados se utilizan procedimientos específicos de aislamiento. En determinados espacios se construyen estructuras cerradas, denominadas «burbujas», donde los operarios especializados trabajan con trajes descartables y máscaras con filtros, en condiciones de presión negativa para impedir que las fibras se dispersen hacia el exterior. Los residuos son acondicionados, almacenados transitoriamente y trasladados por transportistas autorizados para su tratamiento y disposición final.
Emova, por su parte, manifestó que continúa desarrollando el programa de desasbestizado junto con una mesa interdisciplinaria en la que participan representantes gremiales y organismos del Gobierno porteño. La compañía informó que realizó más de 5.000 mediciones de calidad del aire en los espacios de trabajo y que, según sus resultados, los valores se encuentran dentro de los parámetros establecidos por las normas técnicas vigentes. También lamentó el fallecimiento de Pauer y expresó su acompañamiento a sus familiares.
Sin embargo, esas explicaciones no alcanzan para cerrar la controversia. Los trabajadores consideran que el ritmo de las tareas es insuficiente y que la existencia de mediciones ambientales favorables no resuelve el problema de quienes estuvieron expuestos durante años ni garantiza que no persistan materiales peligrosos en sectores todavía no intervenidos.
Entre sus principales demandas figuran el retiro completo del asbesto de la red, el reemplazo de las formaciones contaminadas, la incorporación de trabajadores activos y jubilados a los controles médicos y una reducción de la jornada laboral mientras continúe la exposición. También reclaman que se cumplan las disposiciones sanitarias y laborales vigentes y que se establezcan mecanismos efectivos de prevención.
La huelga del jueves volvió a evidenciar que la cuestión del asbesto excede una disputa salarial o una diferencia circunstancial entre la empresa y sus empleados. Se trata de un conflicto relacionado con la salud laboral, la prevención de enfermedades profesionales y las obligaciones de quienes tienen a su cargo la prestación de un servicio público.
La intervención de la Secretaría de Trabajo porteña, mediante la Resolución 1353/2026, buscó garantizar una prestación mínima del transporte, pero no consiguió evitar la interrupción total durante la protesta. El desacuerdo entre las autoridades y los metrodelegados dejó nuevamente expuestas las dificultades para compatibilizar la continuidad de un servicio esencial con el ejercicio de los derechos sindicales y, sobre todo, con la urgencia de atender un reclamo que lleva años sin encontrar una solución aceptada por todas las partes.
Mientras continúen las denuncias por la presencia de materiales cancerígenos y se registren nuevas consecuencias sanitarias entre quienes trabajaron en la red, el desasbestizado seguirá siendo una de las principales deudas pendientes del subterráneo porteño. La muerte de Pauer volvió a poner esa realidad en primer plano y a plantear una pregunta que las autoridades deberán responder: cómo garantizar que ningún trabajador, por haber cumplido durante décadas con sus tareas, termine pagando con su salud las condiciones en las que desarrolló su actividad.
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