Legislativas | Camino de sirga
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Relocalizarán a 1300 familias
La iniciativa, de la diputada macrista Karina Spalla, obtuvo 51 votos positivos y está encuadrado en el fallo de la Corte Suprema de Justicia en la denominada “Causa Mendoza “y el Plan Integral de Saneamiento Ambiental que contempla, entre sus líneas de acción, la urbanización de villas y asentamientos precarios.
La norma obliga al gobierno porteño a “disponer de tierras fiscales o gestionar los acuerdos o financiamiento para la adquisición de predios para la urbanización de villas o asentamientos o casos de relocalización total o parcial de población existente en las mismas condiciones de alto riesgo ambiental”.
La ley fue aprobada en segunda lectura por unanimidad del cuerpo legislativo y dispone la transferencia de inmuebles, expropiación y rezonificaciones para los conjuntos de viviendas afectados por la liberación del camino de sirga, específicamente para la villa 21-24. Según la normativa vigente, el camino de sirga es una franja libre de 35 metros que debe respetarse en las orillas de todo cauce; en este caso, el Riachuelo.
En tanto, la iniciativa, que recibió la primera sanción en septiembre pasado, fue debatida el martes pasado en el marco de una audiencia pública que contó con la participación de vecinos que respaldaron el proyecto.
En esa oportunidad, el padre "Toto" De Vedia, solicitó que "la rezonificación de los terrenos y la relocalización de los vecinos se haga en tiempo y forma, ya que la gran lentitud de todo el proceso atenta contra la dignidad de las familias".
Por su parte, la legisladora del Frente para la Victoria y vicepresidenta de la comisión de Planeamiento Urbano, María Rosa Muiños, informó que “muchos niños y embarazadas que viven en la zona están enfermos con plomo en sangre".
"También tienen problemas respiratorios, dermatológicos, presentan retrasos en su desarrollo psicomotriz e incluso hay personas con cáncer, porque las casas están ubicadas en lugares contaminados”, destacó.
Precisó además que “todos los habitantes tienen el derecho a vivir en un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras; esto se debe preservar, como establece la Constitución nacional”.
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