Buenos Aires, 2 de junio de 2023. El Instituto de Gestión Electoral (IGE) porteño el martes 30 de mayo el proceso de pruebas y auditorías de la tecnología que implementará en las elecciones de cargos locales para la Ciudad de Buenos Aires, que se harán de manera conjunta con las nacionales, pero a través de la Boleta Única Electrónica.

La nueva etapa está enmarcada en el pliego de licitación lanzado semanas atrás por la gestión porteña para la contratación del servicio de dispositivos y software que serán utilizados para la modalidad de voto electrónico en las elecciones primarias, las generales y un eventual balotaje.

En ese marco, el 18 de mayo se realizó la apertura de ofertas y fue solo la empresa Magic Software Argentina (Grupo MSA) la que se presentó al llamado para participar de la convocatoria. De acuerdo al Código Electoral porteño, previamente a la aprobación de la tecnología específica, el servicio debe ser "sometido a un proceso de controles, pruebas y auditorías" que se divide entre un esquema de control interno obligatorio -a cargo del IGE- y entre "la observación y control de terceros". El curioso nombre de la empresa proveedora sugiere que el software que desarrolló es "mágico", lo que no suele ser garantía de imparcialidad.

Fuentes porteñas informaron que la fiscalización comenzó con la participación de los representantes de los partidos políticos Movimiento de Integración y Desarrollo, Socialista Auténtico, Trabajadores por el Socialismo, Movimiento Libres del Sur, Unión Cívica Radical y Partido de la Victoria. También auditaron los referentes del PRO, Justicialista y Ciudades en Acción; en tanto que participarán las organizaciones no gubernamentales Ser Fiscal, Poder Ciudadano y Argentina Elections; la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y la Universidad de Buenos Aires.

El procedimiento de la Boleta Única Electrónica implica la selección de los candidatos a través de una máquina con pantalla táctil para luego imprimir la boleta, que se coloca en la urna de la mesa de votación, en tanto que el sistema permite elegir una lista completa, votar por categorías, anular el voto o votar en blanco.

El monto "indicativo" que estimaron que pagará el Gobierno porteño por el servicio para las tres jornadas electorales -las primarias, las generales y el balotaje- alcanza los US$29,1 millones, cifra que representa un costo de US$3,08 por votante por instancia y toma una proyección de personas habilitadas a sufragar de 3.150.000. Para el presupuesto de la Ciudad, calculado en pesos argentinos, el sistema de voto electrónico implicará una erogación de las arcas públicas de unos $7.000 millones.

La diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires y precandidata a presidenta por el Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman, presentó hoy un amparo judicial ante supuestas irregularidades en el sistema informático de la Boleta Única Electrónica (BUE) que se utilizará en los comicios porteños, en sintonía con el comienzo de la auditoría que comienza hoy.

"Larreta puso a auditar el voto electrónico a un aportante del PRO", sostuvo la referente de izquierda en referencia a uno de los encargados de auditar el sistema de votación electrónica, Jorge Ariel González, quien encabeza la Gerencia Operativa de Información y Tecnología y -según el escrito judicial- fue aportante de Juntos por el Cambio en las elecciones pasadas.

La presentación judicial fue acompañada por la legisladora porteña Alejandrina Barry y el exlegislador Patricio del Corro. Bregman aseguró además que Larreta "no solo dividió y digitó las elecciones porteñas al servicio de su interna en Juntos por el Cambio sino que puso por decreto al presidente del Instituto de Gestión Electoral (IGE); además, la persona encargada de la aprobación del sistema electrónico es un aportante del PRO".

Por su parte, Del Corro indicó que el Instituto de Gestión Electoral "está a cargo de la elección y por ley debe ser un órgano imparcial" pero que "su director es nombrado por decreto desde el 2018, mientras el PRO frena su nombramiento en la Legislatura".

"Otro de los encargados de auditar el sistema de votación electrónica es la Gerencia Operativa de Información y Tecnología a cargo de Jorge Ariel González. Descubrimos que él fue aportante de Juntos por el Cambio en las elecciones pasadas. ¿Eso es imparcialidad?", se preguntó.

En tanto, Barry agregó que "la licitación del sistema informático se presentó una sola empresa, MSA S.A, la misma de las elecciones pasadas que reconoció que su sistema había sido hackeado y que había sido denunciada por el mismo (Martín) Lousteau en esa ocasión". "Como varios especialistas denunciaron, la licitación fue hecha a pedido de la propia empresa. Por todas estas irregularidades es que presentamos un amparo en la justicia", aseveró.

En la presentación judicial se solicita "suspender el procedimiento de pruebas y auditorias para la incorporación de tecnologías al proceso electoral establecido por Resolución 18/IGE/23 en virtud de lo dispuesto en el art. 130 del Código Electoral de CABA hasta tanto se garantice la imparcialidad del Instituto General Electoral de CABA".

El escrito remarca que el auditor cuestionado González "resulta tener intereses y/o vínculos con el partido de gobierno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2021 realizó aportes a la campaña electoral a la agrupación Juntos por el Cambio del distrito de la Ciudad de Buenos Aires tal como consta en la página web de consulta pública de aportes de la Cámara Nacional Electoral".

Del mismo modo, el texto considera que "dejar la aprobación del sistema electrónico de emisión del voto y sufragio en manos de un organismo que incluye aportantes directos de campaña de una de las agrupaciones y cuyo responsable se encuentra nombrado sin pasar por el acuerdo de la Legislatura, vulnera plenamente este principio, desde ya se pone en duda cualquier accionar o decisión en estas condiciones".

"Queda claro que el proceso de selección de tecnologías para la emisión del voto se encuentra viciado, no se encuentra garantizada la imparcialidad, objetividad, igualdad y equidad de todas las agrupaciones políticas, lo cual afecta también al conjunto de los electores y electoras", continúa el documento.

Por lo que asegura que "se encuentra vulnerado el sistema democrático" y argumenta que "la interrupción del proceso de selección de tecnologías para la emisión del voto no afecta al proceso electoral en curso, por el contrario el mismo puede realizarse plenamente, como se ha hecho en las últimas elecciones de 2019 y 2021".

"Lo que frustra y afecta al interés público es intentar introducir un método de votación que no resulta imparcial, equitativos, igual y democrático frente a millones de personas", puntualiza la presentación.

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