Estatuto docente alterado

Cultura | Reformado por decreto

24/07

Estatuto Docente alterado

La publicación del Decreto 256/2026 por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abrió un frente de conflicto que promete dominar la agenda educativa porteña en el segundo semestre. La medida, firmada por Jorge Macri junto a la ministra Mercedes Miguel y el ministro Gabriel Sánchez Zinny, sustituye de manera integral el Anexo I del histórico Decreto 611/86, reglamentario del Estatuto del Docente Municipal. Aunque su entrada en vigencia plena está prevista para el ciclo lectivo 2027, el texto ya generó un rechazo inmediato entre los gremios, que denuncian una reforma laboral encubierta, inconsulta y orientada a disciplinar a los trabajadores de la educación. El impacto político es inevitable: la Ciudad, gobernada por el PRO desde 2007, vuelve a tensionar su vínculo con el sistema educativo en un contexto de creciente conflictividad y de reformas que buscan reordenar la estructura escolar bajo el paraguas del plan Buenos Aires Aprende. Por Mariela Sosa Buenos Aires, 24 de julio de 2026. El Gobierno porteño presentó la modificación como un paso necesario para “ordenar el sistema”, reducir la rotación docente y fortalecer la profesionalización de los equipos directivos. Según cifras oficiales, uno de cada cinco docentes cambia de escuela cada año, lo que —argumentan— afecta la continuidad pedagógica. Para revertir esa dinámica, el nuevo reglamento impone una antigüedad mínima de dos años como titular para solicitar traslados o permutas, restringe el uso de licencias particulares y redefine el sistema de evaluación y puntaje. Jorge Macri defendió la medida con un discurso centrado en el mérito y el presentismo: sostuvo que “gobernar es fijar prioridades” y que el cambio permitirá “devolverle la autoridad a los buenos maestros”, además de “terminar con el curro de las licencias acumuladas”. La ministra Miguel reforzó esa línea al plantear que los directivos deben ser “líderes capaces de sostener equipos estables” y que la evaluación del desempeño debe basarse en indicadores objetivos.

El núcleo de la polémica reside en los cambios concretos que introduce el decreto. El artículo 24 condiciona las calificaciones de “Sobresaliente” y “Muy Bueno” a un presentismo del 90%, y establece que quienes obtengan un concepto “Deficiente” o dos “Regular” consecutivos quedarán cesados y fuera de los listados por un año. El régimen de licencias también se endurece: las ausencias por razones particulares se limitan a seis por año, no pueden tomarse en días consecutivos ni adyacentes a fines de semana o feriados, y la licencia por examen se reduce a tres días por evaluación. La capacitación continua se vuelve obligatoria y su incumplimiento será considerado falta grave. Además, se ratifica el cese automático por acumulación de inasistencias injustificadas y se reestructura el sistema de puntaje, otorgando mayor peso a posgrados y cursos dictados por la Escuela de Maestros, mientras se reduce la incidencia de la antigüedad.

Los gremios reaccionaron con dureza. La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) denunció un “atropello institucional” y cuestionó que la reforma se haya realizado de manera unilateral, sin consulta a las comunidades educativas. Ademys, por su parte, advirtió que el decreto instala un “presentismo encubierto” que obligará a los docentes a asistir enfermos para no ver afectada su carrera, y alertó sobre el impacto de la restricción de licencias en un sector mayoritariamente feminizado, donde muchas trabajadoras sostienen dobles jornadas de cuidado. Colectivos de escuelas secundarias y terciarias comenzaron a organizar asambleas y plenarios, anticipando un plan de lucha para exigir la derogación del decreto y la apertura de una mesa paritaria.

El conflicto se inscribe en una historia reciente marcada por tensiones entre el PRO y los gremios docentes. Desde la implementación de la Secundaria del Futuro hasta los recortes en la formación técnica y las controversias por el programa Buenos Aires Aprende, la relación entre el Gobierno porteño y el sistema educativo ha estado atravesada por disputas sobre financiamiento, condiciones laborales y modelos pedagógicos. La reforma del Estatuto aparece ahora como un nuevo capítulo en esa serie, con un alcance mayor por su impacto directo en la carrera docente y en la organización cotidiana de las escuelas.

La Ciudad sostiene que la medida busca mejorar la calidad educativa y garantizar estabilidad en los equipos, pero los sindicatos ven en el decreto un intento de disciplinamiento laboral que desconoce la complejidad del trabajo docente y las condiciones reales de las escuelas. El regreso a clases tras el receso invernal promete un escenario de alta conflictividad, con movilizaciones, paros y negociaciones que pondrán a prueba la capacidad del Gobierno para sostener una reforma que, aun antes de entrar en vigencia, ya se convirtió en uno de los debates más intensos del sistema educativo porteño.

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