Política | Obra Social del Poder Judicial
18/07
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Se archivó la causa
La causa se inició a fines de 2021 en el juzgado de Ariel Lijo. Entonces, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) denunció que durante la pandemia de Covid-19 (2020-21) se habían realizado en la OSPJN contrataciones irregulares con empresas fantasma y la existencia de un sistema de atención VIP para algunos afiliados.
Los principales acusados fueron el supremo Juan Carlos Maqueda y el médico Aldo Tonón, quien había sido impulsado por el primero como director de la obra social. Además, eran investigados otros dos miembros de la Corte Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes avalaron las maniobras sospechadas. En cambio, el supremo Ricardo Lorenzetti era excluido porque había hecho observaciones y cuestionamientos de estas decisiones de la OSPJN.
En su resolución, Lijo consideró "que no se ha corroborado conducta alguna penalmente relevante que permita avanzar en el proceso o al menos no poseen un claro correlato que pudiera considerarse anti normativo según la evidencia recabada”.
Según los denunciantes, las irregularidades se habían efectuado a partir de modificaciones en el directorio y organigrama de la obra social y distintas resoluciones realizadas en ese contexto. Para Lijo, "no parece que la decisión adoptada por mayoría (en la Corte) hubiera sido extralegal, arbitraria o desproporcionada, más allá de las válidas observaciones que merecieran según la visión” del supremo Ricardo Lorenzetti que “votó en disidencia”.
“Cabe mencionar que los señores Ministros que con su voto y su firma acompañaron el acuerdo, consideraron que las propuestas efectuadas por el órgano directivo de la OS cumplían con los requisitos legales y reglamentarios previstos y no estaban basados en alguna causal que pudiera poner en duda la transparencia de su designación”, señaló el fallo.
"La lectura de los informes, la compulsa de las constancias remitidas y del contenido y fundamento de las Resoluciones y Acordadas del Máximo Tribunal no revelan hasta el momento algún indicio de ilicitud que justifique avanzar de acuerdo con las normas del procedimiento penal”, concluyó Lijo.
La renuncia de Tonón
En marzo del 2023 la Corte Suprema, por unanimidad, aceptó la renuncia del Director General de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), Aldo Juan Tonón, redondeando así la gravísima crisis por el deterioro de los servicios y sospechosas licitaciones de una obra social que en su momento tenía un notorio prestigio. Tonón era un hombre de absoluta confianza de Juan Carlos Maqueda y, además, la tesorería estuvo a cargo de Guadalupe Burgos, sobrina de Maqueda, que, sin haber siquiera sido designada, sin ser contadora o profesional, firmó cheques por unos mil millones de pesos mensuales. El escándalo afecta a toda la Corte y es uno de los motivos del juicio político.
El punto básico que puso en marcha el escándalo es que una obra social que funcionaba relativamente bien, empezó a defeccionar en los servicios y entró en una especie de bancarrota económica.
En la investigación surgieron evidencias de licitaciones más que extrañas. A dos empresas, Emergencia Médica Integral y Farmandat, ambas cordobesas como Maqueda, se le adjudicaron contratos millonarios sin que los antecedentes lo justifiquen. Farmandat, por ejemplo, tenía presencia escasa y consiguió una contratación de 2.600 millones de pesos.
En general, desde hace varios años se vienen registrando denuncia tras denuncia. La lista es larga:
Se autorizaban tratamientos a personas cercanas a la conducción, mientras se le denegaba el mismo tratamiento a muchísimos afiliados.
Hay una asombrosa cantidad de juicios por mala praxis.
Existía un total descontrol en materia informática.
Se descubrieron faltantes de medicamentos.
Desplazamiento de prestadores que reclamaban pagos, con el consecuente perjuicio para los afiliados que se estaban tratando con esos prestadores.
El punto central era el mal funcionamiento y quejas constantes de los afiliados.
La aceptación de la renuncia de Tonón no terminó de cerrar un ciclo, que culmina ahora con el fallo absolutorio de Lijo, quien fuera postulado por el gobierno de Javier Milei para integrar la misma Corte que ahora absuelve.
Las quejas de Maqueda
En paralelo, el exjuez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, habló sobre su salida del máximo tribunal y afirmó que la misma ocurrió con "descortesía". En ese sentido, remarcó que su apartamiento fue una decisión del presidente, Javier Milei, y aclaró que no tiene vínculo con el jefe de Estado.
“El ministro de Justicia, a quien yo he tratado y le tengo reconocimiento, dijo que no era una decisión de él, sino del Presidente, tal como lo establece la Constitución", detalló sobre su salida. Además, recalcó que "en el ámbito del presidente Milei hay un destrato hacia todo lo que tiene que ver con el sistema democrático".
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