Política | Uber versus taxis
22/05
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Uber versus taxis
Los requisitos más relevantes recaen sobre los conductores y los vehículos. A partir de ahora, quienes presten servicio mediante estas aplicaciones deberán contar con licencia de conducir categoría D1, la misma que se exige para manejar un taxi, ser mayores de 21 años, acreditar certificado de antecedentes penales renovable anualmente y ser titulares o contar con autorización para la conducción del vehículo. En cuanto a las unidades, deberán tener Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente para transporte de pasajeros y un seguro específico para vehículos que operen bajo plataformas tecnológicas, conforme a la normativa de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Las empresas, además, serán responsables de garantizar el cumplimiento de estas exigencias y deberán mantener una base de datos actualizada de conductores y unidades a disposición de la autoridad de aplicación.
El plazo para adecuarse a la nueva normativa será de 90 días en lo que respecta a la constitución legal, domicilio e inscripción en AGIP, y de 120 días para que los conductores obtengan la licencia D1. Se trata de un cronograma que busca dar tiempo a las plataformas para adaptarse, pero que marca un cambio de rumbo en la política de transporte de la Ciudad, que durante años toleró la operación de estas aplicaciones sin controles claros.
José Ibarra, secretario general de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, destacó el diálogo con el jefe de Gobierno Jorge Macri y valoró la medida como un reconocimiento a la lucha del sector. “Hoy fue la primera vez que un Jefe de Gobierno nos recibió, y que se tome con seriedad y responsabilidad de poner en igualdad de competencia, después del enorme daño que nos produjeron las distintas aplicaciones”, afirmó. El dirigente recordó el camino recorrido en los últimos años, con proyectos de ley que no prosperaron, reuniones con legisladores y mesas de trabajo con organizaciones productivas de la actividad. “Después de tanta lucha, van a tener que sacar registro profesional, antecedentes y también he sido muy crítico al decir que deben tener un seguro de pasajero transportado. Es un deber del Gobierno de la Ciudad velar por los intereses y la seguridad de los ciudadanos”, agregó.
Uno de los puntos más firmes del reclamo gremial fue la prohibición del transporte en moto. Ibarra fue enfático: “Bajo ningún punto de vista vamos a aceptar transporte en moto-taxi. Eso genera una gran inseguridad para los ciudadanos que utilicen esa manera de transporte”. El dirigente aclaró que la resolución es un primer paso y que el debate central vendrá en la Legislatura porteña, donde se discutirá un proyecto más amplio impulsado por legisladores como Grillo y Fran Lupia. “Ahí queremos que se trabaje fuertemente en el proyecto que presentamos desde la actividad”, concluyó.
La medida se enmarca en un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo – Sala II, que reconoció la necesidad de establecer reglas para las ERT. A partir de esa decisión judicial, el Gobierno porteño avanzó en la regulación, lo que representa un giro significativo en su política de transporte. El Sindicato de Peones de Taxis celebró la resolución como un triunfo histórico, tras años de reclamos, movilizaciones y fallos judiciales que buscaban poner fin a lo que consideraban competencia desleal y precarización laboral.
La nueva normativa busca equilibrar el terreno de juego entre taxis y aplicaciones, imponiendo condiciones similares en materia de licencias, seguros y controles técnicos. Para los taxistas, significa el inicio de una etapa en la que la actividad recupera legitimidad y protección frente a un modelo que, según denuncian, operó durante más de diez años en la informalidad. Para las plataformas, en cambio, supone un desafío de adaptación y un cambio en su esquema de negocios, que ahora deberá ajustarse a las reglas locales.
El debate que se abre en la Legislatura porteña será clave para definir el futuro del transporte en la Ciudad de Buenos Aires. Allí se discutirá si la resolución se convierte en ley y se amplía con nuevas disposiciones que regulen de manera integral la actividad. Mientras tanto, el gremio de taxistas celebra lo que considera una conquista histórica y el Gobierno porteño marca un rumbo hacia la formalización de un sector que, hasta ahora, se movía en la frontera de la legalidad. La regulación de las apps de transporte se convierte así en un hito en la política urbana y en un capítulo más de la larga disputa entre taxis y plataformas digitales.
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