Información general | Corredor verde del oeste

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¿Se hará finalmente?

A lo largo de los últimos dieciocho años, el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento se convirtió en una obra emblemática de la Argentina contemporánea: un proyecto monumental, anunciado en 2008 como símbolo de modernización ferroviaria, que terminó atrapado entre crisis económicas, cambios de gestión y disputas políticas. Hoy, la Ciudad de Buenos Aires intenta reactivarlo parcialmente con un plan que busca eliminar veinte barreras entre Villa Luro y Caballito y transformar la superficie liberada en un corredor verde, en un contexto en el que la infraestructura inconclusa se vuelve un testimonio material de las dificultades del país para sostener políticas públicas de largo plazo. Por Joaquín Ramírez Souto Buenos Aires, 31 de julio de 2026. La propuesta presentada por el Gobierno porteño ante la Nación apunta a aprovechar los más de siete kilómetros de túnel ya excavados y reactivar la tuneladora “Argentina”, la máquina de 125 metros que permanece detenida bajo tierra desde 2018. La idea es completar el tramo crítico entre Villa Luro y Caballito, incorporar una única estación intermedia y liberar la superficie para desarrollar un parque lineal con sistemas de movilidad eléctrica, como trambuses o carriles exclusivos. Según la administración de Jorge Macri, esta alternativa permitiría resolver los cruces ferroviarios sin recurrir a un viaducto elevado, opción defendida recientemente por Horacio Rodríguez Larreta, que implicaría un impacto visual y urbano mayor sobre los barrios atravesados por la traza.   

El proyecto se inscribe en un momento en el que la Ciudad busca reposicionarse en materia de infraestructura estratégica, en paralelo a las reformas nacionales que redefinen prioridades de inversión y mecanismos de financiamiento. La obra original del Sarmiento —un túnel de 32,6 kilómetros entre Caballito y Moreno— quedó paralizada tras excavar apenas 7.239 metros, pese a una inversión inicial cercana a los 420 millones de dólares. Desde entonces, el mantenimiento del túnel inconcluso exige tareas permanentes de bombeo de napas y conservación de la maquinaria, mientras la traza ferroviaria continúa generando demoras, accidentes y fragmentación urbana en uno de los corredores más densos del oeste porteño.  

La nueva propuesta de la Ciudad requiere entre 500 y 600 millones de dólares y depende de un acuerdo político y financiero con el Gobierno nacional, que debería transferir la traza ferroviaria a la jurisdicción porteña. La administración de Macri plantea utilizar la deuda por coparticipación como parte de la negociación, en un escenario en el que la relación fiscal entre Nación y Ciudad se volvió un eje central del debate político. La discusión sobre el financiamiento no es menor: en un país atravesado por restricciones presupuestarias y por un programa de reformas que busca reducir el gasto público, la posibilidad de retomar una obra de esta escala enfrenta tensiones entre la austeridad fiscal y la necesidad de sostener inversiones estratégicas que impactan en la calidad de vida urbana.   

El corredor verde proyectado sobre la superficie liberada se presenta como una intervención urbana capaz de modificar la dinámica de los barrios de Flores, Floresta, Villa Luro y Caballito. La eliminación de veinte barreras ferroviarias permitiría reducir tiempos de viaje, mejorar la seguridad vial y generar una continuidad urbana hoy interrumpida por pasos a nivel saturados. La Ciudad sostiene que el soterramiento parcial ofrece una solución más integrada y menos invasiva que un viaducto, al evitar estructuras elevadas que alteren el paisaje y al recuperar suelo para espacios públicos, movilidad sustentable y equipamiento comunitario.   

Pero el debate excede la ingeniería y la planificación urbana. La obra del Sarmiento se convirtió en un caso paradigmático de cómo la discontinuidad de políticas públicas, la dependencia de financiamiento externo y los cambios de prioridades gubernamentales pueden comprometer proyectos estratégicos. En un país que discute su modelo de desarrollo y su capacidad para sostener infraestructura crítica, la reactivación parcial del soterramiento aparece como una prueba de la posibilidad —o la dificultad— de articular políticas de largo plazo entre jurisdicciones con agendas diferentes. La Ciudad busca avanzar con una intervención que considera clave para su planificación urbana; la Nación evalúa el impacto fiscal y la pertinencia de retomar una obra que arrastra años de controversias.

En ese cruce de intereses, el futuro del corredor verde del Sarmiento se vuelve un indicador de la capacidad del Estado argentino para coordinar inversiones estratégicas en un contexto de reformas, restricciones presupuestarias y disputas por competencias. La decisión final no solo definirá la eliminación de veinte barreras ferroviarias: también marcará si el país puede transformar una obra inconclusa en una oportunidad de integración urbana o si, una vez más, la infraestructura quedará atrapada en el laberinto político y financiero que ha condicionado su historia desde 2008.


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