Cuánto afecta a la economía porteña

Política | Ajuste a jubilados

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¿Cuánto afecta a la economía porteña?

Para agosto de 2026, el ajuste previsional aplicado desde el cambio de gobierno nacional configura en la Ciudad de Buenos Aires un cuadro de deterioro sostenido del ingreso de los adultos mayores, con efectos directos sobre su capacidad de consumo y sobre la actividad económica local. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el congelamiento del bono extraordinario en $70.000, la eliminación del reintegro del IVA para consumos básicos y la pérdida real de las jubilaciones frente a la inflación consolidan una caída acumulada que afecta a más de 631.000 jubilados porteños, de los cuales más de 373.000 dependen del PAMI. La magnitud del recorte, estimada en más de $804.000 millones solo por el congelamiento del bono, permite dimensionar el impacto de estas medidas en un distrito donde la población adulta mayor tiene un peso demográfico y social decisivo. Por Mateo Salvo Buenos Aires, 16 de octubre de 2026. El informe de CEPA reconstruye la secuencia de medidas adoptadas desde diciembre de 2023 y su efecto sobre los ingresos de los jubilados. En primer lugar, destaca que la Ciudad concentra uno de los mayores porcentajes de población adulta mayor del país: más de 631.000 personas jubiladas, con una fuerte dependencia del sistema de salud del PAMI, que atiende a más de 373.000 afiliados. Este dato, que surge del Boletín Estadístico de la Seguridad Social, permite contextualizar la sensibilidad del entramado social porteño frente a cualquier modificación en el esquema previsional. La jubilación mínima y los beneficios complementarios no solo cumplen un rol de protección individual, sino que también sostienen una parte significativa del consumo cotidiano en los barrios, especialmente en rubros como alimentos, medicamentos y servicios esenciales.

El congelamiento del bono extraordinario previsional constituye el núcleo del ajuste. Desde marzo de 2024, el monto permanece fijo en $70.000, pese a que, de haberse actualizado con la fórmula de movilidad, en agosto de 2026 debería haber alcanzado los $218.560. La diferencia acumulada en estos 29 meses equivale a una pérdida individual de $2.518.779 por jubilado. CEPA estima que, dado que el 50,6% de los jubilados del país percibe la mínima con bono o menos —un universo de 3,07 millones de personas—, en la Ciudad alrededor de 319.347 adultos mayores se encuentran en esa situación. Para este grupo, la pérdida agregada asciende a $804.364 millones entre abril de 2024 y agosto de 2026. El informe subraya que los jubilados de la mínima no tienen margen de ahorro: cada peso que dejan de percibir se traduce en menor consumo y, por lo tanto, en menor actividad económica en los comercios de proximidad.

La caída del poder adquisitivo se profundiza al observar la evolución del IPCBA. En el trimestre junio–agosto de 2026, las jubilaciones mínimas con bono se ubican 22,8% por debajo del último trimestre del gobierno anterior. La jubilación sin bono, por su parte, registra una pérdida real del 6,1% en la misma comparación. CEPA aclara que la medición trimestral es la más adecuada para evaluar el impacto, dado que la fórmula de movilidad previa actualizaba los haberes con esa periodicidad. La combinación de inflación persistente y ausencia de actualización del bono genera un rezago que se acumula mes a mes y que golpea con mayor intensidad a quienes dependen exclusivamente de la mínima.

Otro componente central del ajuste es la eliminación del reintegro del IVA para jubilados y pensionados. El beneficio, vigente hasta el cambio de gestión, permitía recuperar automáticamente el 21% del valor de las compras de productos de la canasta básica realizadas con tarjeta de débito, con un tope mensual equivalente al 21% del haber mínimo. El mecanismo, que no requería trámites adicionales, funcionaba como un alivio directo y rápido frente a la pérdida de poder adquisitivo. Su eliminación afectó a quienes perciben hasta tres haberes mínimos, es decir, al 86% del total de jubilados y pensionados del país. Con datos a junio de 2026, ese universo equivale a 5,2 millones de personas. En la Ciudad, donde el peso de la población adulta mayor es proporcionalmente más alto que en otras jurisdicciones, la pérdida del reintegro se traduce en un encarecimiento inmediato del consumo básico y en una mayor presión sobre los ingresos familiares.

El informe de CEPA advierte que la combinación de estas medidas configura un escenario de ajuste estructural sobre el sistema previsional. La pérdida de ingresos no solo afecta la calidad de vida de los jubilados, sino que también repercute en la dinámica económica de la Ciudad. En los barrios porteños, el gasto de los adultos mayores representa una parte significativa del movimiento comercial cotidiano. La reducción de ese flujo impacta en almacenes, farmacias, ferias, servicios personales y pequeños comercios, que dependen de un consumo estable para sostener su actividad. La contracción del poder de compra de más de 300.000 jubilados de la mínima en CABA implica, en términos agregados, una caída de cientos de miles de millones de pesos que dejan de circular en la economía local.

A agosto de 2026, el panorama que describe CEPA es el de un deterioro sostenido y acumulativo. La falta de actualización del bono, la pérdida real frente a la inflación y la eliminación del reintegro del IVA conforman un esquema que reduce mes a mes el ingreso disponible de los adultos mayores. En una ciudad con alta concentración de población jubilada, el impacto es doble: social, por el empeoramiento de las condiciones de vida, y económico, por la contracción del consumo. El informe concluye que, de no mediar correcciones en la política previsional, la tendencia continuará profundizándose en los próximos meses, con efectos cada vez más visibles en la estructura social y comercial de la Ciudad de Buenos Aires.

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