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20/09
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Quieren regular los alquileres
La referente del Frente Amplio UNEN sostuvo que “en la ciudad de Buenos Aires, alrededor del 20% de las viviendas se encuentran desocupadas, sin embargo el 32% de las familias de la ciudad habitan viviendas alquiladas. También se ha duplicado en la última década los habitantes de las villas de la ciudad, todos estos datos nos obligan a tomar muy en cuenta la regulación de los contratos de alquiler”.
La legisladora amplió señalando que “a su vez, la crisis económica y el encarecimiento de la construcción ha hecho que cada vez sea más difícil acceder a una vivienda propia, por lo que no solo los jóvenes, sino que la mayoría de las nuevas familias no tienen otra opción que alquilar. Frente a esta situación, muchas veces las inmobiliarias y los propietarios se aprovechan poniendo requisitos cada vez más inaccesibles y cobrando comisiones demasiado onerosas”.
El texto del proyecto contempla la ampliación del plazo mínimo de locación de 2 a 3 años. Dicho plazo sólo es a favor del inquilino, quien tendría derecho a rescindir el contrato antes de lo fijado, se señala en el texto. Además, establece que el propietario no podrá exigir más que una garantía.
En el mismo sentido, en la Legislatura porteña desde hace tiempo se encuentra un proyecto de Aníbal Ibarra (Frente Progresista y Popular) que establece que la comisión de inmobiliaria no puede superar un mes de alquiler y que debe ser pagado en partes iguales por el propietario y el inquilino.
Además, Ibarra propone crear un fondo para inquilinos con un impuesto especial a las viviendas ociosas, esto es las viviendas desocupadas por más de un año. También plantea ayudar económicamente a familias de primer alquiler o a familias sin garantía propietaria, con los recursos que genere el fondo de recaudación de ese impuesto.
Asimismo, el proyecto apunta a fijar un valor de referencia para los alquileres en territorio porteño. Puntualmente sugiere que la cifra no supere al 0,7% del valor inmobiliario de referencia del inmueble.
Por último, en la Ciudad se conformó una Red de Inquilinos, que propone la creación de una ley que defienda los derechos de los inquilinos. La agrupación fue impulsada por el Movimiento Popular La Dignidad, Patria Grande, y el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Su propuesta también apunta a ponerle un límite a los precios y a establecer un impuesto a la vivienda ociosa. Por otro lado, propone la creación de la Defensoría de los inquilinos y del Ministerio de Vivienda de la Ciudad.
El 10 de setiembre la Red de Inquilinos fue recibida por la Cámara Inmobiliaria Argentina, a donde concurrieron a presentar su proyecto, tendiente a proteger a quienes tienen que alquilar inmuebles en la Ciudad. El Sr. Roberto Arévalo, Presidente de la CIA, fue quien atendió el planteo de los representantes de la Red.
Al respecto Itai Hagman, dirigente de Patria Grande (una de las organizaciones que impulsan la Red de Inquilinos) se refirió al encuentro: “Lamentablemente la Cámara Inmobiliaria no se hizo cargo de su rol en la permanente vulneración de derechos que los inquilinos sufren en la Ciudad de Buenos Aires.”
“Ahora más que nunca, nosotros vamos a seguir organizándonos para fortalecer la Red de Inquilinos tanto para exigirle al Estado que se haga cargo de ejecutar una Ley que los proteja y a construir instancias que velen por ello, como al sector inmobiliario para que se comprometan a respetar el acceso a la vivienda como derecho constitucional. Sin extorsiones ni abusos”, añadió.
Paula Resels, referente del Movimiento Popular La Dignidad y Comunera de la Ciudad, agregó: “Vinimos a esta reunión con cinco puntos muy claros para empezar a avanzar con un proyecto en defensa de los inquilinos en la Ciudad: Eliminación de la exigencia de garantía y recibos de sueldo para el alquiler”.
“El cobro de las comisiones por la operación, no puede estar cargado al que alquila. Los inquilinos actuales tenemos prioridad en la renovación del contrato siguiente, que además, debería durar por un mínimo de tres años”, precisó.
Asimismo indicó que “la indexación de los alquileres es ilegal. La Cámara inmobiliaria nos respondió que ellos no pueden más que “velar por la reproducción del negocio”, aunque en ese camino estén vulnerando en derecho constitucional y universal que es el acceso a la vivienda.”
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