Buenos Aires, 23 de julio de 2021. Los legisladores porteños recibieron ayer a funcionarios del Ejecutivo para que expliquen el proyecto que pretende hacer torres de hasta 145 metros en la Costanera Sur. El mismo volverá a ser analizado el lunes en comisión y el 5 de agosto en la sesión, lo que fue observado por la oposición, que pidió más tiempo de debate y advirtió sobre un tratamiento en lapso "récord".

"Parece que están apurados", fue la frase que dijo fuera de micrófono un legislador opositor tras el cierre de la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Planeamiento Urbano de la Legislatura, desde donde se confirmó que volverán a verse el lunes 26, a las 11.30. 

En rigor, los legisladores iniciaron el debate parlamentario del convenio urbanístico que fue presentado el martes pasado por el Gobierno de la Ciudad, el cual firmó con la empresa IRSA, dueña de una parcela de 71 hectáreas con ingreso por la Avenida España al 2230 de la Costanera Sur, donde iba a funcionar la Ciudad Deportiva Boca Juniors.

El acuerdo prevé el cambio actual de la normativa urbana que rige en los terrenos -que solo permite la actividad deportiva- para habilitar nuevos usos del suelo, como la construcción de viviendas residenciales y locales comerciales. "Se trata de un nuevo intento del Gobierno de la Ciudad de cederle a Irsa la costa del río para hacer un barrio privado", afirmó el legislador del Frente de Todos, Matías Barroetaveña.

A modo de contraprestación por la reforma, IRSA cederá a la ciudad el dominio de 48 de las 71 hectáreas de la parcela que serán destinadas a un espacio de acceso público y cuyo mantenimiento estará a cargo de la empresa por diez años.

El predio se extiende frente a Puerto Madero, al sur de la Reserva Ecológica y al lado del barrio popular Rodrigo Bueno, y era propiedad del Estado nacional hasta que en la década del ´60 fue donado al Club Boca Juniors para hacer una Ciudad Deportiva, lo que no llegó a concretarse, y en 1997 fue adquirido por IRSA.

En la reunión en la Legislatura, el secretario de Desarrollo Urbano porteño, Álvaro García Resta, explicó que la intención del convenio es "otorgar la mayor cantidad de usos" en la parcela considerada la más grande de la ciudad de Buenos Aires en manos del sector privado y destacó que "se recuperarán hectáreas que van a aumentar la superficie de espacio verde".

Por su parte, el jefe de Gabinete de la Secretaría, Nicolás Pakgojz, precisó que el convenio contempla "otorgarle a IRSA una ampliación de los usos actuales permitidos, mayores alturas y cambios en cuanto a la morfología urbana, manteniendo la capacidad constructiva actual del predio".

"Se va a incorporar a la ciudad el 67,53% del total del predio a espacios verdes, públicos y de acceso irrestricto para fines recreativos y paisajísticos tales como plazas, parques, boulevares, calles y paseos peatonales", dijo.

Detalló que el restante espacio se destinará a la construcción de edificios que podrán alcanzar, de acuerdo a su ubicación, alturas que van de 17 metros a 145 metros, es decir, de cinco a 45 pisos.

Días atrás, a través de un comunicado, IRSA informó que, además de la cesión de tierras, financiará "parte del Fideicomiso de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Ciudad y las obras de infraestructura de gas, agua corriente, cloacas y luz eléctrica en el interior de la urbanización" en un aporte que totalizará un monto cercano a u$s 250 millones.

"Sería una gran felicidad poder arrancar, en cuanto la Legislatura dé la aprobación final, con un emprendimiento que es una ilusión de vieja data para nuestra empresa", dijo Eduardo Elsztain, presidente del grupo inmobiliario.

En ese marco, los legisladores del arco opositor exigieron "más tiempo para el estudio" del convenio al observar el apuro desde el bloque oficialista para avanzar con el proyecto dado que ingresó el martes 19 y, según estimaron, va a obtener el dictamen de comisión el próximo lunes 26 para que pueda ser girado al recinto para la sesión del 5 de agosto.

"El convenio para un proyecto polémico en la ex Ciudad Deportiva de la Boca, en Costanera Sur, se comenzó hoy a discutir, en tiempo récord en las comisiones de Planeamiento y Presupuesto", evaluó la legisladora del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira, quien cuestionó que el expediente no pase también por la comisión de Espacio Público que preside.

Otro legislador del FdT, Javier Andrade, dijo que el proyecto "genera una preocupación enorme", y remarcó que no fue incluido el requisito del estudio de impacto ambiental del emprendimiento, el cual, recordó, "se va a hacer sobre esta zona que es un humedal.

La legisladora Amanda Martín, del Frente de Izquierda, sostuvo que el proyecto "va a empeorar la calidad de vida de la población", por lo que planteó la idea de que el predio sea expropiado; mientras que el diputado del FdT Matías Barroetaveña reiteró que el convenio "es anticonstitucional" y evaluó que el oficialismo "tratar de hacer todo a las apuradas porque sabe que la opinión pública está en contra".

El diputado del oficialismo Daniel Del Sol adelantó que "escucharemos todas las propuestas como siempre para seguir avanzando en el expediente, que conlleva un proceso de doble lectura".

El vicepresidente del Bloque de Legisladores porteños del Frente de Todos, Javier Andrade, dijo que la privatización de la Costanera y la habilitación para construir barrios privados en la Ciudad de Buenos Aires es "muy preocupante" y va "en contra de la Constitución". "La privatización de la Costanera es una situación muy preocupante. Esta idea de avanzar sobre el río generando un muro va en contra de lo que establece la Constitución y hace prevalecer el negocio inmobiliario", sostuvo Andrade esta mañana en diálogo con Radio del Plata.

Irsa "compró el terreno a 50 millones de dólares y el valor de esta tierra, una vez aprobada la ley, pasará a 1.200 millones de dólares, ya que hoy tiene solamente un uso que puede ser deportivo", explicó Andrade y sentenció: "Lo de la Costanera es un negociado monumental"

El 8 de julio el oficialismo porteño había aprobado en la Legislatura el proyecto de Horacio Rodríguez Larreta para modificar la ley de Catastro, que regula la ubicación y la extensión de los inmuebles edificados y baldíos. A pesar del reclamo del arco opositor, en la ley no se incorporó la prohibición para la radicación de barrios cerrados en el distrito.

"Después de la modificación de la ley de Catastro, se aprueba este barrio náutico y exclusivo", continuó Andrade, e indicó que se proyectan "torres de 145 metros de altura al lado de la reserva ecológica" y que esto generará también "dificultades de tránsito".

El legislador sostuvo que los Gobiernos de Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri llevaron "políticas marketineras" respecto a los espacios verdes y eso "preocupa muchísimo". "Es para la foto o para poner en discusión alguna medida sanitaria en el marco de la pandemia", indicó.

Finalmente agregó que esto "va en contra de la posibilidad de acceso a la vivienda", y lamentó que estas "viviendas lujosas lo único que hacen es encarecer el suelo" y que "muchos de los departamentos de Puerto Madero están vacíos y solo sirven como reserva de valor, pero no son parte del mercado ni de la vivienda social que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires".

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