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Escuela 2.0

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una nueva Ley de Educación Digital Integral que incorpora contenidos vinculados con la inteligencia artificial, la ciudadanía digital y la protección de datos personales en todas las escuelas porteñas. La norma, respaldada por una amplia mayoría parlamentaria, establece criterios para el uso pedagógico de las nuevas tecnologías, garantiza capacitación docente, materiales didácticos, conectividad y equipamiento, e incorpora mecanismos de acompañamiento para estudiantes y familias con el objetivo de adaptar el sistema educativo a las transformaciones tecnológicas y culturales que atraviesan la vida cotidiana. Por Martín Pérez Díaz Buenos Aires, 6 de noviembre de 2026. La irrupción acelerada de la inteligencia artificial en ámbitos tan diversos como el trabajo, la comunicación, la producción de contenidos y la educación abrió en los últimos años un intenso debate acerca de cuál debe ser el papel de la escuela frente a tecnologías que ya forman parte de la vida cotidiana de niños y adolescentes. En ese contexto, la Legislatura porteña sancionó la Ley de Educación Digital Integral (EDI), una iniciativa que busca establecer un marco educativo para el uso de herramientas digitales y de inteligencia artificial en las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires, incorporando nuevos contenidos curriculares y fortaleciendo la formación de docentes y estudiantes.

La norma fue aprobada con 43 votos afirmativos y 13 abstenciones correspondientes al bloque de La Libertad Avanza. Ningún legislador votó en contra del proyecto, una circunstancia que reflejó el amplio consenso alcanzado en torno a la necesidad de actualizar las políticas educativas ante los desafíos que plantea la transformación digital. La iniciativa tomó forma a partir de intercambios entre estudiantes, trabajadores de la educación, especialistas y representantes de distintos espacios políticos, quienes coincidieron en la necesidad de que la escuela asuma un papel activo frente a fenómenos tecnológicos que impactan cada vez más en la vida social y académica.

El proyecto fue impulsado por el diputado porteño Sergio Siciliano, quien durante el debate sostuvo que la discusión educativa ya no pasa por determinar si los estudiantes utilizarán inteligencia artificial, sino por definir bajo qué criterios y con qué herramientas pedagógicas lo harán. Para el legislador, las nuevas tecnologías constituyen una realidad instalada dentro y fuera de las aulas y, por lo tanto, el desafío consiste en enseñar a los alumnos a utilizarlas de manera crítica, responsable y productiva.

Uno de los aspectos centrales de la ley es la incorporación formal de contenidos relacionados con ciudadanía digital, inteligencia artificial, funcionamiento de algoritmos, plataformas digitales, redes sociales y protección de datos personales. El objetivo no se limita al aprendizaje de herramientas tecnológicas, sino que apunta a desarrollar competencias que permitan comprender cómo operan los sistemas digitales que intervienen diariamente en la circulación de información, en la construcción de opiniones y en las relaciones sociales.

La normativa establece además criterios específicos para la utilización de inteligencia artificial dentro del sistema educativo. Entre otros principios, dispone que estas herramientas deberán emplearse con fines pedagógicos claros, respetando la edad, la madurez y el nivel de desarrollo de los estudiantes. También fija la necesidad de supervisión humana permanente, protección de los datos personales y evaluación de los riesgos técnicos, éticos y cognitivos que pudieran derivarse de su implementación. La intención es que la inteligencia artificial funcione como una herramienta de apoyo al aprendizaje y no como un reemplazo de los procesos de reflexión, análisis y construcción de conocimiento.

En ese sentido, Siciliano remarcó durante el tratamiento legislativo que existe una diferencia sustancial entre utilizar inteligencia artificial para aprender y utilizarla para dejar de pensar. El planteo resume una de las preocupaciones que atravesaron el debate: la necesidad de formar estudiantes capaces de formular preguntas, contrastar fuentes, identificar errores, detectar sesgos y elaborar conclusiones propias en un contexto donde las respuestas automatizadas están cada vez más presentes.

La capacitación docente constituye otro de los pilares fundamentales de la nueva regulación. La ley prevé instancias de formación inicial y continua destinadas a docentes, equipos directivos y personal administrativo para acompañar los cambios asociados a la digitalización de la enseñanza. La incorporación de nuevas tecnologías en las aulas implica desafíos pedagógicos que requieren actualización permanente, no sólo respecto de las herramientas disponibles, sino también en relación con los problemas emergentes vinculados a la convivencia digital, la privacidad y la circulación de información.

La legislación también contempla aspectos de infraestructura que históricamente aparecen entre las principales demandas del sistema educativo. En ese sentido, obliga a garantizar conectividad y equipamiento tecnológico en todos los establecimientos de la Ciudad, independientemente de su nivel o modalidad. Además, prevé la incorporación de materiales didácticos multimediales, accesibles y actualizados para acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Otro capítulo relevante se refiere a la prevención de problemáticas digitales que afectan especialmente a niños, niñas y adolescentes. Entre los contenidos contemplados figuran el grooming, el ciberacoso, la difusión no consentida de imágenes, la violencia digital por motivos de género, las apuestas en línea y otros fenómenos asociados al uso intensivo de plataformas digitales. Los impulsores de la norma sostienen que estos temas ya forman parte de la realidad cotidiana de los estudiantes y que la escuela debe contar con herramientas para abordarlos desde una perspectiva preventiva y educativa.

La participación de las familias constituye otra novedad incorporada por el texto aprobado. La ley prevé la realización de talleres específicos destinados a madres, padres y responsables adultos para abordar el funcionamiento de los algoritmos, el impacto de las redes sociales y los riesgos asociados a determinados usos de las tecnologías. La intención es extender la conversación sobre ciudadanía digital más allá de las aulas y promover estrategias compartidas de acompañamiento y cuidado.

Asimismo, la norma garantiza la presencia de facilitadores pedagógicos o referentes de educación digital en todas las escuelas y promueve la creación de figuras estudiantiles orientadas a fortalecer el diálogo entre pares sobre prácticas responsables en entornos digitales. Estas instancias buscan generar canales de participación que permitan identificar problemas, compartir experiencias y construir conocimientos de manera colaborativa dentro de la comunidad educativa.

Durante el debate parlamentario, la presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Maru Bielli, subrayó que la escuela es el ámbito más adecuado para convertir en objeto de conocimiento las profundas transformaciones culturales, económicas y sociales impulsadas por las plataformas digitales. La legisladora sostuvo que, frente a una lógica marcada por la inmediatez y la velocidad de las redes sociales, el sistema educativo conserva un tiempo propio necesario para la construcción crítica del conocimiento.

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