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Repudio al crimen de odio

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad una declaración de repudio al ataque contra mujeres trans ocurrido en los Bosques de Palermo y acompañó esa definición con un pedido de informes al Gobierno porteño para esclarecer las circunstancias del hecho. La decisión parlamentaria se produjo en medio de una fuerte conmoción pública generada por la difusión de videos de la agresión y estuvo atravesada por un encendido discurso del legislador Emmanuel Ferrario, quien calificó lo sucedido como un “crimen de odio” y advirtió sobre el crecimiento de la violencia y la discriminación contra las personas LGBT+. Por Martín Pérez Díaz Buenos Aires, 6 de noviembre de 2026. La agresión ocurrida durante la madrugada del pasado fin de semana en los Bosques de Palermo volvió a colocar en el centro del debate público la problemática de los crímenes motivados por odio y discriminación. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron escenas de extrema violencia contra mujeres trans y trabajadoras sexuales que se encontraban en la zona, provocando una inmediata reacción de organizaciones de derechos humanos, colectivos de diversidad sexual, dirigentes políticos y organismos públicos. En ese contexto, la Legislatura porteña decidió avanzar con una respuesta institucional unificada mediante la aprobación de una declaración de repudio y de un pedido de explicaciones al Poder Ejecutivo local.

La resolución fue aprobada durante una sesión en la que confluyeron iniciativas presentadas por representantes de distintos bloques parlamentarios. Los proyectos habían sido impulsados, entre otros, por el presidente del bloque Confianza y Desarrollo, Emmanuel Ferrario, y por la legisladora Delfina Velázquez, quienes reclamaron tanto una condena institucional del episodio como información detallada sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y de los organismos responsables de la prevención y asistencia a las víctimas.

El hecho que motivó el debate legislativo ocurrió en la madrugada del domingo, cuando un grupo integrado por entre 50 y 60 adolescentes y jóvenes adultos irrumpió en el sector de los Bosques de Palermo donde suelen concentrarse trabajadoras sexuales trans. De acuerdo con las denuncias y los registros audiovisuales incorporados a la investigación judicial, los agresores persiguieron, insultaron y golpearon a las víctimas utilizando palos, piedras y distintos elementos de la vía pública. Parte de la secuencia fue filmada por los propios participantes y posteriormente difundida en redes sociales acompañada de expresiones discriminatorias vinculadas a la identidad de género de las mujeres atacadas.

Las consecuencias del episodio fueron significativas. Según información difundida por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, al menos seis mujeres resultaron heridas y una de ellas sufrió lesiones de gravedad. Diversas organizaciones denunciaron además que las víctimas fueron perseguidas durante varios minutos antes de que llegara asistencia policial, una circunstancia que también forma parte de los cuestionamientos planteados en los pedidos de informes presentados ante la Legislatura.

La investigación quedó a cargo de la fiscal especializada en discriminación Andrea Scanga, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13, que inició actuaciones a partir de los videos viralizados en las redes sociales y de las imágenes obtenidas por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano. La causa busca identificar a los responsables y determinar las circunstancias precisas en las que se produjo el ataque. Entre las líneas de investigación se encuentra la posibilidad de encuadrar los hechos como lesiones agravadas por odio a la identidad de género, una figura que implica un agravamiento de las penas previstas por la legislación vigente.

Durante el debate parlamentario, el momento de mayor impacto político y emocional llegó con la intervención de Emmanuel Ferrario. El legislador rechazó de manera enfática cualquier intento de presentar lo ocurrido como un simple hecho de violencia urbana o una pelea circunstancial. “Esto no fue un hecho de violencia urbana, claramente acá hay una intención muy clara. Fue un crimen de odio. Y esto no es un hecho aislado, esto es parte de una tendencia”, afirmó en el recinto.

Para sostener esa definición, Ferrario citó estadísticas del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBTIQ+, según las cuales durante 2025 se registraron 227 crímenes de odio en la Argentina, una cifra que representa un incremento superior al 60 por ciento en relación con el año anterior. El legislador remarcó además que uno de cada dos casos tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires, un dato que utilizó para advertir sobre la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y protección.

El dirigente también apeló a una dimensión más personal para describir el impacto que tienen este tipo de episodios sobre quienes integran la comunidad LGBT+. En uno de los pasajes más comentados de su discurso, recordó las experiencias de discriminación que suelen atravesar muchas personas desde edades tempranas, aludiendo a situaciones de rechazo, miedo y estigmatización que forman parte de la vida cotidiana de numerosos integrantes del colectivo.

Ferrario fue más allá al vincular los discursos públicos con los actos de violencia. “Tenemos que ser muy responsables de lo que decimos, de las palabras que usamos, cuando sembramos violencia, discriminación y deshumanización”, expresó, antes de advertir que ningún crimen de odio comienza con una agresión física sino que suele tener antecedentes en discursos que legitiman la exclusión o la estigmatización de determinados grupos sociales.

Mientras se desarrollaba la sesión legislativa, organizaciones travestis, trans y LGBT+ se concentraron frente al Palacio Legislativo para reclamar justicia, exigir la identificación de los responsables y reclamar medidas que permitan prevenir nuevos ataques. La movilización acompañó el tratamiento parlamentario y reforzó la presión para que la Justicia considere el componente discriminatorio del hecho al momento de definir las imputaciones correspondientes.

Los proyectos aprobados también buscan esclarecer aspectos vinculados con la respuesta estatal. Entre las preguntas planteadas al Gobierno de la Ciudad figuran el número de efectivos asignados a la zona durante esa madrugada, el funcionamiento de las cámaras de vigilancia, la eventual existencia de alertas emitidas por el Centro de Monitoreo Urbano y los tiempos de intervención de las fuerzas de seguridad. Los legisladores pretenden determinar si existieron fallas en los mecanismos de prevención o respuesta frente a una agresión que, por su magnitud y nivel de organización, generó una profunda alarma social.

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