Buenos Aires, 15 de abril de 2022. El juez porteño Roberto Gallardo intimó al ministro de Seguridad y Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D´Alessandro, a que en el plazo de dos días explique cómo se utilizaron los datos biométricos del presidente Alberto Fernández y de otras 60 personas que fueron migrados desde el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) hacia reparticiones que dependen de la cartera a su cargo.

El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo N°2 intimó al funcionario del Gobierno porteño que encabeza Horacio Rodríguez Larreta, "para que en el plazo de dos días, explique pormenorizadamente con un informe de trazabilidad respecto a las personas enunciadas -en los días y horarios expuestos-, cuál fue la causa originante de la extracción y el uso que se le ha dado al dato biométrico requerido al ReNaPer por el Ministerio a su cargo".

En su resolución, el magistrado enumeró los 62 casos sobre los cuales pidió explicación a D´Alessandro, entre los que se destacan el del Presidente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; la jefa del PRO, Patricia Bullrich; la cofundadora de Juntos por el Cambio Elisa Carrió y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. El listado incluye también a empresarios, funcionarios del Poder Judicial, dirigentes gremiales, políticos, periodistas y legisladores.

El juez Gallardo intimó a D´Alessandro a explicar cómo se usaron los datos biométricos luego de que el ministro porteño saliera ayer a cuestionar las medidas dispuestas por el magistrado tras disponer la suspensión del sistema de reconocimiento facial de la Ciudad de Buenos Aires por supuestas irregularidades en su manejo.

En su resolución, el juez citó las declaraciones del ministro el martes, mientras se desarrollaban medidas de secuestro de información, cuando dijo que el magistrado hizo "una gran ensalada como si hubiera hecho una gran investigación" y que en torno al uso de datos biométricos "en un control de tránsito, cuando hacés una denuncia, si pedís certificado de domicilio o con el certificado de circulación del Covid. En todos esos casos se hace una consulta al ReNaPer". En ese contexto el ministro también declaró que se puede "decir la IP y la persona que hizo cada consulta" en casa caso.

El juez Gallardo suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un presunto uso irregular que permitió acceder a datos biométricos de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.

Gallardo aseguró haber constatado que el Ministerio de Seguridad y Justicia de CABA había accedido a datos biométricos del presidente Fernández, de la vicepresidenta Fernández de Kirchner y de Carlotto, entre muchas otras personalidades públicas.

Fuentes judiciales consultadas señalaron que el sistema de monitoreo del Ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del ReNaPer siempre que se trate de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y el mes pasado llegaron a 40.000.

Entre abril de 2019 y marzo de 2022 el número de las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera porteña fue de 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía a partir de una medida judicial, y que por esa razón figuran en los registros de la CoNaRC.

Denuncian a Larreta

A través de un durísimo pronunciamiento, titulado "El espionaje no para", la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) calificó de "ilegal" el procedimiento de reconocimiento facial de prófugos que utilizaba el gobierno de Larreta. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) denunció este jueves que "una vez más, la ilegalidad es la regla en un Gobierno de Juntos por el Cambio, en este caso en el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la CABA", al criticar con dureza el funcionamiento del sistema de reconocimiento facial de prófugos de la administración porteña, que fue suspendido esta semana por la Justicia.

"Una vez más la ilegalidad es la regla en un gobierno de Juntos por el Cambio, en este caso en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la CABA", apuntaron desde la conducción de la APDH en un documento difundido este jueves bajo el título: "El espionaje y la represión no paran. La transformación no es para el pueblo de la CABA".

La Justicia porteña suspendió el martes de esta semana el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.

La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, quien además ordenó una batería de medidas de prueba que incluyó, entre otras medidas, el secuestro de computadoras y dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Centro de Monitoreo Urbano ubicado en Patricios al 1100, del barrio de Barracas.

En la resolución, Gallardo aseguró haber constatado que el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) del ministerio de Seguridad de CABA fue utilizado para obtener datos biométricos del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, entre muchas otras personalidades públicas.

Fuentes judiciales señalaron que el sistema de monitoreo del ministerio de Seguridad porteño está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del Registro Nacional de las Personas (Renaper) siempre que se traten de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y el mes pasado llegaron a 40.000.

Sin embargo, entre abril de 2019 y marzo de 2022, las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera de Seguridad porteña fueron 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía a partir de una medida judicial, y que por esa razón figuran en los registros de la CoNaRC.

Las búsquedas de datos biométricos de ciudadanos que no están en ninguna de esas situaciones fueron reconstruidas a partir de la información aportada al expediente por el Renaper, a cuyos archivos acude el sistema de reconocimiento facial de CABA cuando requiere de las imágenes de alta definición que acompañan la documentación personal de todos los ciudadanos.

Un dato relevante para la investigación es que el requerimiento de datos biométricos del Renaper por parte del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos de CABA se rige por el convenio de cooperación técnica que celebraron en 2019, durante la gestión de Cambiemos, el propio Renaper con el ministerio de Seguridad porteño.

Según especialistas en informática que conocen el expediente, la consulta de los datos biométricos se realiza a través de un procedimiento conocido como ´request´ de información que se conecta automáticamente con la base de datos del Renaper para solicitar la foto digitalizada del DNI, lo que luego permite generar un mapa biométrico: cada una de esas búsquedas queda registrada en dos computadoras, la que emite la información y la que la recibe.

En el informe elaborado por el Renaper en respuesta al oficio del juez surge que entre abril de 2019 y marzo de este año fueron migrados -es decir, requeridos y recibidos por el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos de CABA- los datos biométricos del presidente Alberto Fernández (76 veces); la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (225 veces); el diputado Máximo Kirchner (12 veces); el Ministro del Interior Eduardo "Wado" De Pedro (3 veces) y del ministro de Seguridad Aníbal Domingo Fernández (12 veces).

También fueron migrados los datos de los diputados Sergio Tomás Massa (3 veces); Myriam Bregman (3 veces), Ricardo López Murphy (8 veces); José Luis Espert (8 veces) y Javier Milei (32 veces); según surge del expediente.

La lista incluye además a los nombres del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales (una vez); la Presidenta del PRO, Patricia Bullrich (18 veces); la exProcuradora General de la Nación Alejandra Magdalena Gils Carbó (2 veces); el exjuez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni (2 veces); el ministro de la Corte Carlos Rosenkrantz (una vez); y la Fiscal General por ante la Cámara Nacional en lo Comercial, Gabriela Fernanda Boquín (4 veces).

Entre los periodistas que pudieron haber sido espiados a través del sistema de reconocimiento facial se encuentra Gustavo Sylvestre, cuyos datos biométricos fueron migrados 9 veces; Joaquín Morales Solá (una vez), Viviana Canosa (6 veces) y Eduardo Feinmann (9 veces). La lista contiene también empresarios, fiscales federales, a la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Hebe Pastor de Bonafini (5 veces), y a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto (2 veces).

En su resolución firmada este martes, el juez sostuvo que la CABA sólo estaba autorizada a extraer datos biométricos "siempre y cuando se tratara de personas cuya búsqueda haya sido exigida por la Justicia". Luego advirtió que la enorme cantidad de consultas sobre ciudadanos, muchos conocidos por su actuación pública, que no están requeridos por la Justicia ni en situación de rebeldía demuestran que el proceso pudo haber sido manipulado para obtener información indebida de modo ilegal.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las entidades que impulsó la causa a partir de un amparo colectivo presentado por el Observatorio del Derecho Informático en la Argentina (ODIA), plantearon que la detección de 9 millones de consultas de datos biométricos -con tantas personalidades involucradas- obliga a la administración de Horacio Rodríguez Larreta a dar explicaciones y responder en la Justicia.

"El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe dar una explicación acerca de las búsquedas que hizo de datos biométricos de tantas y tantas personas en el período de abril de 2019 a marzo de 2022", aseguró a Télam el abogado y director de Litigios del CELS, Diego Morales.

En la misma línea opinó el abogado especializado en Derecho informático Tomás Pomar, director de ODIA, para quien de la prueba ya recolectada en el expediente "surge que ha habido un uso indebido de los datos biométricos", y luego alertó que la motivación y el uso que se dio a esa cantidad de consultas biométricas deben ser esclarecidos.

"A qué destino o qué se hizo con toda esa información aún no lo sabemos, pero el gobierno de la Ciudad va a tener que dar explicaciones sobre su sistema de reconocimiento facial", puntualizó Pomar.

Cerca de las 20, una vez que finalizaron las pericias en el Centro de Monitoreo Urbano de Barracas, desde el Ministerio de Seguridad porteño emitieron un comunicado en respuesta de seis puntos en el que, al referirse al principal cuestionamiento del juez, señalaron que las consultas realizadas al Renaper desde esa cartera "no son exclusivamente por contraste con el sistema de reconocimiento facial".

"Responden a una pluralidad de trámites habilitados por la Justicia y que no representan ninguna irregularidad", manifestaron desde la cartera que encabeza Marcelo D´Alessandro y agregaron que el Renaper, al responder las consultas de datos biométricos, "devuelve la foto y los datos del DNI" pero no "ubicaciones ni nada de eso". Además, señalaron que "el reconocimiento facial no está funcionando desde abril de 2020".

La suspensión del sistema de reconocimiento facial que ordenó este martes el juez Gallardo se produjo en una causa iniciada a principios de 2020, luego de que varias entidades y ONG -entre ellos el observatorio ODIA y el CELS, más la presentación como amicus curiae de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Correpi y la Fundación Vía Libre- presentaran un amparo colectivo en la Justicia Contencioso Administrativa de la CABA en el que denunciaban falta de control ciudadano, riesgos para la privacidad y la aplicación de patrones discriminatorios para realizar los mapas biométricos.

El abogado de la familia de Arshak Karhanyan, Juan Kassargian, señaló este jueves que la aparición de los datos biométricos del policía porteño desaparecido en el sistema de reconocimiento fácil de prófugos del Gobierno implica "tareas realizadas fuera del ámbito judicial" y aseguró que "no hubo ninguna orden del fiscal que ordenara esta medida".

"Esta medida fue hecha a espaldas de la querella. La hipótesis de los funcionarios del gobierno de la Ciudad que mantuvieron durante tres años es que Arshak está entre nosotros", sostuvo el abogado en declaraciones a la agencia estatal Télam.

La Justicia porteña suspendió el martes último el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas. Entre esos registros, según trascendió de fuentes judiciales, se encontraba datos de Karhanyan, quien fue visto por última vez el 24 de febrero de 2019 en el barrio de Caballito.

Cuando desapareció, Arshak tenía 27 años, estudiaba Ingeniería en Sistemas Informáticos en la Universidad Tecnológica Nacional y se desempeñaba en una comisaría de Caballito, ubicada en la calle Valle, luego de haber trabajado durante cuatro años en un área que realizaba investigaciones.

La familia de Arshak y sus abogados denunciaron reiteradas irregularidades en la causa judicial que investiga su paradero; la principal es que es la propia Policía de la Ciudad la encargada de investigar y realizar peritajes. En esta línea, Kassargian consideró que lo que quiere el gobierno porteño es "desviar la óptica de la querella que es que a Arshak lo hizo desaparecer la policía de la Ciudad".

"Hubo funcionarios de la policía de la ciudad y funcionarios del gobierno de la ciudad que hicieron todo para encubrir las irregularidades que cumplió la policía", remarcó.  Con este propósito, para Kassargian, el juez hizo intervenir la línea telefónica del hermano del policía desaparecido, "porque claramente sigue sin asumir que a Arshak lo hicieron desaparecer".

Para Kassargian, el hallazgo de los datos biométricos de Karhanyan ratifica las denuncias que la querella hizo con respecto a la Secretaría de Seguridad porteña. "Hemos puesto a manifiesto que en esa Secretaría se destruyeron 70 GB de filmaciones. El juez desolló nuestro pedido de allanamiento", aseguró. Finalmente, explicó que "caminan a ciegas", pero que se confirma la sospecha de que "hay una intención de ocultar aquello que hizo la policía de la Ciudad".

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