Buenos Aires, 30 de  agosto de 2024. El gobierno de Javier Milei tiene listo un decreto que podría conocerse en las próximas horas y con el cual traspasará al gobierno porteño el manejo de las 31 líneas de colectivos que circulan dentro de la Ciudad a partir de septiembre, según anticiparon fuentes del Ejecutivo Nacional, en medio de negociaciones de última hora entre las partes. Por su parte, Macri no quiere que se haga el traspaso sin los subsidios o sin que Nación se haga cargo de anuniar los aumentos en la tarifa que resulten de su quita.

La decisión, que se da en paralelo con la disputa por la coparticipación, implica no sólo la potestad de definir recorridos, tarifas y frecuencias, sino también una quita de los subsidios que reciben esas empresas para mantener sin aumento los pasajes y el retiro de financiamiento del boleto integrado de la Red SUBE (para quienes hacen más de un viaje en un rango de dos horas) en esa jurisdicción. Son $8.500 millones por mes que están en juego.

De cualquier forma, el resultado será que el importe de los valores de los pasajes en el transporte público sufrirá un considerable aumento luego del anuncio del Gobierno nacional, de que se quitarán los subsidios a partir del 1° de septiembre. Según informaron fuentes de la Ciudad, el costo de los boletos en la 31 líneas que recorren CABA es de $863, de los cuales el pasajero abona $371. La diferencia está dividida por los subsidios de la Nación ($271), y el gobierno porteño ($221).

De esta manera, la quita de subsidios por parte de la administración libertaria dejaría establecida una tarifa de $642, con el fin de sustituir la quita de los $271, sin afectar la calidad ni la prestación actual del servicio. El otro problema es que en las otras 103 líneas nacionales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que tiene una cabecera en CABA y otra en provincia de Buenos Aires, seguirán subsidiadas por Nación, por lo cual en la misma ciudad puede haber 31 líneas con tarifas más altas. Ese es un punto por el que también advierten las empresas.

Desde la Ciudad de Buenos Aires emitieron un comunicado luego de que se conociera el anuncio del Gobierno nacional con respecto a la quita de subsidios. En el mismo puntualizan que:

1- Las 31 líneas de colectivos que recorren el territorio de la Ciudad de Buenos Aires dependen directamente en todo del Gobierno Nacional. Nunca se realizó la transferencia. Si sacan el subsidio, deberán tomar la decisión de aumentar las tarifas. No es razonable que le exijan a las empresas continuar brindando la misma calidad del servicio con la tarifa actual, sin contar con el subsidio nacional. Pero es una decisión del gobierno nacional.

2- La Secretaría de Transporte de la Nación tiene la exclusiva facultad de decidir si mantiene o quita los subsidios, aumentar sus tarifas, cambiar sus recorridos o dar de baja los permisos de circulación. Esa no es responsabilidad ni atribución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

3- La Ciudad no participa de la elaboración de la estructura de costos del sistema, de la fijación de las tarifas, ni de la decisión sobre el monto final de los subsidios.

4- Es el Gobierno Nacional el que reparte los subsidios totales a sus líneas de transporte público de colectivos. La Ciudad no recibe subsidios por parte de la Nación. Lo reciben directamente las líneas de colectivos a través de la Secretaría de Transporte de la Nación.

   

5- Desde el año 2019 hasta la actualidad, la Ciudad subsidió al Estado Nacional con un aporte de más de 610 mil millones de pesos (aproximadamente 610 millones de dólares). Este punto remite a la demanda por los mayores fondos otorgados unilateralmente por Mauricio Macri a la Ciudad, que restringió luego Fernández y fueron judicializados.

 

6- La Nación no puede transferir unilateralmente competencias o traspasar el aporte de subsidios a la Ciudad de Buenos Aires sin su consentimiento, que debe realizarse a través de un acuerdo firmado y avalado por la Legislatura porteña y el Congreso Nacional. Hacerlo de otra forma es inconstitucional y viola el artículo 75 de la Carta Magna.

7- El Ministerio de Economía de la Nación envió una nota fechada el 19 de julio, en la que comunicaba su decisión unilateral e inconsulta para que la Ciudad se haga cargo, a partir del 1 de septiembre próximo, de la totalidad de los subsidios a las 31 líneas de colectivos que tienen su recorrido dentro del territorio porteño. El 8 de agosto, la Ciudad respondió, mediante nota oficial dirigida al ministro de Economía de la Nación Luis Caputo, el rechazo al planteo y advirtió que en caso de que el Estado Nacional decida recortar los subsidios a su cargo se deberá hacer responsable de la decisión y de los conflictos que puedan surgir.

8- El Gobierno Nacional pretende dejar de aportar a los subsidios de las 31 líneas de colectivos que circulan por la Ciudad, pero mantener el poder de fiscalización de todo el servicio y fijar las tarifas y los montos de las compensaciones, que pretende que sean soportadas por la Ciudad. Es decir, la Nación decide todo y quiere que la Ciudad pague las consecuencias de sus decisiones.

Para trenes y 113 líneas de jurisdicción nacional del AMBA, el Gobierno comunicó que el beneficio de la Red SUBE continuará. Además, ratificaron la continuidad de la Tarifa Social, que ofrece un descuento del 55% para viajar en transporte público. A través de un comunicado, la Secretaría de Transporte sostuvo que "definió terminar con los favoritismos hacia algunas jurisdicciones en relación a los recursos destinados a financiar al transporte y garantizar el federalismo y la igualdad de condiciones en todos los distritos".

    

Las empresas aumentarán la reducción de las frecuencias en medio del conflicto por los subsidios. El conflicto surge debido a la falta de acuerdo entre Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) informaron que aumentarán la reducción en la frecuencia de los servicios nocturnos y de fines de semana a partir de septiembre. La medida está relacionada al conflicto existente entre los gobiernos nacional, bonaerense y porteño por la responsabilidad del financiamiento de los subsidios al transporte en el territorio metropolitano.

En este marco, las cámaras empresarias del sector manifestaron en un comunicado que la continuidad de los servicios está en riesgo por "la falta de acuerdo entre las jurisdicciones del AMBA (Nación, CABA y PBA)" sobre la cobertura de los subsidios a las líneas de CABA desde el 1/9/2024, la cobertura de la RED SUBE para aquellas líneas que no son de Jurisdicción Nacional y recorren el AMBA, la falta de actualización de la estructura de costo utilizada para calcular subsidios y el sub-reconocimiento en cálculo de subsidios de costo de inversión en coches, respecto al que denuncian que existe una "brecha mayor al 100%".

El documento empresario expresó que "si bien desde el 12/8/24 se ajustó la Tarifa en 37%, se recuerda que esto es un mecanismo que utiliza el Regulador para ahorrar subsidios, por lo que no tiene impacto sobre las economías de las empresas". En este sentido, detalló que "entre Tarifa y Subsidios los operadores recibimos $862 promedio por viaje, lo cual lejos está de cubrir las necesidades de inversión que demanda un sistema del tamaño del AMBA, con las responsabilidades civiles que ello conlleva", señalando que "esta crisis no es nueva", sino que "se agravó a la salida de la pandemia, y no logra recomponerse, por eso los usuarios perciben un servicio cada vez peor mientras paradójicamente pagan más".

Ante el escenario descripto, las empresas indicaron que "no hemos logrado comunicaciones eficaces con las autoridades, de manera de prever cómo garantizar los servicios el mes que viene ante eventuales quitas de subsidios que no sean compensadas con tarifa, ante la falta de acuerdo entre ellas. Por tal motivo desde la semana que viene se reducirán los servicios en horarios nocturnos y fines de semana, para evitar una parálisis mayor".

Está decisión implica un aumento en la reducción de los servicios que ya se viene aplicando en los últimos meses, lo que se refleja en que "ya se perdieron 5% de las frecuencias, cifras que se irán incrementando", según puntualizan los empresarios. En este contexto, también peligran los puestos de trabajo de los colectiveros ya que las empresas aseguran que "no podremos garantizar continuidad de fuentes laborales, hasta tanto se resuelva cómo y quién paga por este transporte que emplea a 50.000 trabajadores, que moviliza casi 10 millones de pasajeros diarios, y cuya tarifa cubre solo un 20% del costo real, medición que invitamos a cualquier investigador independiente para que evalúe".

Al mismo tiempo, remarcaron que "agrava el cuadro la irregular distribución de subsidios en favor del Grupo DOTA, en desmedro del resto, al recibir el equivalente a más de $30.000 millones de fondos públicos de manera indebida desde 2022".

Al respecto, señalaron que "esta situación derivada de una poco transparente distribución de subsidios al gasoil entre todos operadores, y que beneficia a ese grupo, ya ha sido advertida por las actuales autoridades que heredaron este tema que empezó hace más de 2 años, y que si bien existe el compromiso de que se corregirá a través de la orientación del subsidio a la demanda, el daño producido contribuye a agravar la crisis del sector, hasta tanto tal irregularidad sea corregida".

El comunicado fue firmado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos de Buenos Aires (CTPBA), y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).

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