Información general | Cuernos clandestinos
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Incautan 40 toneladas
La pesquisa que derivó en el hallazgo había sido iniciada por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA), a cargo del fiscal federal Ramiro González. Esa oficina especializada de la Procuración General de la Nación inició el 3 de septiembre pasado una investigación preliminar, que finalmente derivó en una denuncia penal que contó con el impuso del fiscal Picardi.
Las piezas corresponderían a ciervos colorados, ciervos axis y ciervos dama, especies protegidas por la Ley de Conservación de la Fauna. Estaban empaquetadas con carteles que rezan “se va”. Investigan si son producto de la caza ilegal y a qué estaban destinadas.
Un mensaje recibido en la casilla de correo electrónico de la UFIMA dio aviso de que en una de las "fábricas dentro del predio", donde "supuestamente venden electrónica", está "lleno de cabezas de animales muertos, parecen ciervos". En el mensaje, el remitente -que solicitó reserva de su identidad- adjuntó una fotografía del lugar que muestra a las astas empaquetadas en nylon color negro y con carteles que rezan "se va". La imagen permitió que la UFIMA consultara con personal especializado de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Nación, que concluyó que se trataba de astas de ciervo colorado y ciervo dama, especies protegidas por la Ley N° 22.421, de Conservación de la Fauna, y su decreto reglamentario N° 666/97.
Con esos elementos, la UFIMA decidió realizar la denuncia penal. En su presentación, la oficina especializada marcó que el artículo 27 de la Ley de Conservación de la Fauna sanciona la conducta de quien "a sabiendas transportare, almacenare, comprare, vendiere, industrializare o de cualquier modo pusiere en el comercio piezas, productos o subproductos provenientes de la caza furtiva o de la depredación".
Marcó además que, teniendo en cuenta el cartel que reza "se va" en algunos paquetes, resultaba necesario determinar si la firma investigada cuenta con las autorizaciones correspondientes, como guías de tenencia y tránsito, certificados de exportación expedidos por la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y el certificado veterinario internacional del Servicio de Sanidad Animal (SENASA), así como los permisos de Aduana correspondientes para acreditar el origen legítimo. Añadió que, si se comprobara el origen ilícito de las piezas, no podía descartarse la comisión de los delitos de lavado de activos y contrabando.
Atento a estos antecedentes, el fiscal Picardi impulsó la acción penal para determinar si las piezas son producto de la caza furtiva de especies protegidas y si en el lugar se dedican a transportar, almacenar, comprar, vender, industrializar o a cualquier otra forma de poner en el comercio las astas de ciervo. Consideró, al respecto, que debía librarse la orden de allanamiento, pues es la medida "más razonable a los fines de avanzar con el proceso y confirmar o descartar la hipótesis delictiva".
En tal sentido, precisó que el procedimiento debía estar encaminado a identificar las piezas, productos y subproductos de las especies de fauna silvestre y a secuestrar la documentación que pudiera estar asociada a ellas y dispositivos electrónicos donde pudiera hallarse evidencia. En la petición, que fue acompañada por otras medidas probatorias, el fiscal postuló que el procedimiento fuera realizado por el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal y que se desarrollara con la presencia de la Dirección de Fauna Silvestre y Conservación de la Biodiversidad de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la Nación. El lugar fue clausurado.
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