Política | Traspaso de jurisdicción
14/02
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Polémica por Fallo Levinas
La Cámara Nacional en lo Civil estableció como doctrina obligatoria para todo ese fuero, a través de un plenario celebrado esta semana, que “no pueden recurrirse las sentencias de los jueces nacionales en lo civil por ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires”.
La decisión tiene su origen en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, emitido en diciembre pasado, que habilitó en el caso al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires como órgano revisor de sentencias de la Cámaras Nacionales de Apelaciones con asiento en la capital.
En particular, respecto del caso conocido como "Levinas", manifestaron que la "imposición pretoriana -hacia el final del juicio- de una instancia suplementaria, que, además, pertenece a otra jurisdicción, implica ´sacar´ a los litigantes ´de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa´, lo que lesiona directamente las garantías reconocidas a los habitantes de la República por el art. 18 de la Constitución Nacional".
Sumado a ello, se realiza un repaso de la organización del poder judicial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, poniendo de resalto que "la existencia de la Justicia Nacional de la Capital Federal fue expresamente enunciada por el Congreso Nacional -en ejercicio de las atribuciones que le fueron delegadas por el art. 129 de la Constitución Nacional- como formando parte de la garantía de los intereses del Estado Nacional mientras la ciudad de Buenos Aires siguiese siendo la capital de la República (ley 24.588, art. 8)".
El mencionado art. 129, según el pleno de la Cámara Nacional, constituye el núcleo central de la decisión de la Convención Constituyente de 1994 en lo atinente al estatus jurídico de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la cual no puede surgir que pueda tener las mismas atribuciones que una provincia en lo que atañe a su poder jurisdiccional.
Recordemos que en el citado art. 129 se deja sentado que "La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación. En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el Estatuto Organizativo de sus instituciones".
A estas cuestiones se agregan dos planteos: por un lado se menciona la falta de facultades constitucionales por parte de la Corte Suprema para crear vías recursivas, ni para entremezclar un orden de competencias local con otro nacional y, por otra parte, que "la Ciudad tiene limitado su poder de jurisdicción por una ´ley constitucional´ (la ley 24.588), dictada por el Congreso por delegación directa de la Constitución Nacional, que, lejos de tener “vocación de transitoriedad”, subsiste mientras la Ciudad siga siendo la capital de la Nación".
De acuerdo al artículo 8 de la ley 24.588 (denominada como "Ley Cafiero"), la Cámara menciona que "la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires se circunscribe a las materias de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributaria locales –a las que debe añadirse las que luego les fueron expresamente transferidas por los convenios que celebró con el Estado Nacional, según se verá-; esto es, que los tribunales de la Ciudad (incluido su Superior Tribunal de Justicia) no tienen jurisdicción ni competencia en materia de derecho común".
Para apartarse de lo resuelto por el Máximo Tribunal, el plenario destacó que los fallos de la Corte tienen una “obligatoriedad atenuada”, lo que permite a los tribunales inferiores apartarse de ellos si proporcionan nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal, o bien cuando resulta de manera clara el error y la inconveniencia de las decisiones ya recaídas sobre la cuestión legal objeto del pleito.
Seguidamente, el fallo enumeró las inconsistencias que tenía la sentencia adoptada por la Corte en "Levinas":
1) Exorbitó el ámbito de conocimiento que permite el art. 24 inc. 7 del decreto-ley 1285/58 respecto a los conflictos de competencia.
2) Creó pretorianamente una vía recursiva no prevista por las leyes nacionales que rigen la actuación de las cámaras nacionales de apelación, con lesión del principio, de rango constitucional, según el cual solo la ley puede establecer el procedimiento que rige la actuación de los tribunales (art. 18 Constitución Nacional).
3) Decidió imponer a un tribunal local como alzada de las cámaras nacionales de apelaciones sin escuchar previamente al Estado Nacional, con lo que vulneró la defensa en juicio de la Nación y, de ese modo, el interés público.
4) Infringió la regla, contenida en el art. 18 de nuestra Carta Magna, según la cual nadie puede ser sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa.
5) Omitió aplicar una serie de leyes nacionales -y, por el contrario, falló la causa en sentido contrario a lo dispuesto por ellas- sin declarar su invalidez constitucional.
6) Soslayó la existencia de una medida cautelar vigente, dictada previamente por la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, que suspende la aplicación de la ley local 6.452 -que pretende regular la posibilidad de interponer un “recurso de inconstitucionalidad” ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires contra la sentencia definitiva del tribunal superior de la causa emitida por los tribunales integrantes de la Justicia Nacional de la Capital Federal-.
También Trabajo y Crimen
La Cámara Laboral y la Cámara del Crimen se acaban de sumar a la negativa de los jueces nacionales al rechazo del fallo Levinas, firmado por la Corte Suprema en diciembre, que estableció que las sentencias de las Cámaras Nacionales de los fueros ordinarios (civil, comercial, penal y laboral) deben ser recurridos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ).
De esta forma, ya suman tres los pronunciamiento de este tipo en la semana. Antes, la Cámara Civil también rechazó la decisión de la Corte, y resolvió que seguirá enviando sus expedientes a la Corte nacional. Se estima que podría firmar un pronunciamiento similar la Cámara Comercial.
En una resolución que lleva la firma de todos sus miembros, la Cámara Nacional del Trabajo interpretó que “por aplicación del art. 155 de la ley 18.345, las decisiones emanadas de los órganos que integran la Justicia Nacional del Trabajo, una vez agotadas las instancias respectivas del procedimiento ordinario previsto en dicha ley, son recurribles únicamente en los términos previstos en los artículos 256, 257 y 258 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”. Es decir, que seguirán enviando los expedientes cuestionados por alguna de las partes a la Corte Suprema Nacional.
Por su parte, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional firmó una acordada en la que desconoce al TSJ de la ciudad de Buenos Aires como su superior inmediato, en coincidencia la postura adoptada por las Cámaras Civil y Laboral.
En los argumentos de su acordada, la Cámara del Crimen mencionó que “esta situación podrá traer aparejado el principio de la afectación al principio de legalidad por la existencia de un tribunal que no se encuentra previsto en la ley, con lesión a la defensa en juicio -garantía del juez natural incorporada en el artículo 18 de la Constitución Nacional- y las eventuales implicancias por responsabilidad estatal internacional”.
El origen de la polémica
El 27 de diciembre, en el último acuerdo del año, los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, con la disidencia de Carlos Rosenkrantz, resolvieron este tema, altamente sensible para la justicia nacional, que no acepta el traslado a la órbita porteña.
No es la primera vez que el máximo tribunal viene señalando que el rol de los tribunales nacionales de la Ciudad de Buenos Aires, pero en el caso Levinas sentenció claramente que la justicia nacional responde bajo la órbita de la justicia porteña, como ocurre con el resto de los poderes judiciales de las demás provincias, en donde las decisiones son apeladas ante las cortes locales.
Si bien el fallo aclara que no puede ordenar el traspaso de la justicia nacional a la CABA, habilitó el camino para que así suceda, y para la protesta orgánica y contundente que están llevando a cabo los jueces nacionales contra esta medida.
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