Buenos Aires, 30 de enero de 2026. El operativo se desarrolló en el marco de una causa por defraudación contra la administración pública y estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2 descentralizada de Ezeiza, bajo la dirección del fiscal Carlos Hassan. La investigación se inició en 2025 luego de la denuncia de un empleado de la empresa fabricante, quien detectó la falta de un lote de notebooks durante un control de stock. A partir de esa alerta, se dispuso una serie de allanamientos simultáneos en la Ciudad de Buenos Aires y en partidos del conurbano bonaerense, entre ellos Hurlingham, donde se encontraron depósitos clandestinos con los equipos.  

El procedimiento permitió el secuestro de diez pallets con computadoras portátiles, además de teléfonos celulares, tarjetas SIM y documentación clave para la causa. Las notebooks fueron trasladadas a una planta logística de la empresa en Carlos Spegazzini, donde quedaron bajo resguardo como depósito judicial. Las imágenes difundidas por la PSA mostraron las cajas originales con inscripciones del programa Conectar Igualdad, el Ministerio de Educación y el escudo nacional, confirmando el origen estatal de los equipos.   

Entre los inmuebles requisados se incluyó la vivienda de un ex empleado en la Ciudad de Buenos Aires y otros domicilios en Hurlingham. Según la Fiscalía, ese trabajador habría despachado de manera irregular las notebooks hacia esos destinos durante 2025, lo que derivó en su comercialización ilegal en plataformas digitales y redes sociales. La investigación apunta ahora a determinar las responsabilidades por la salida irregular del material del circuito oficial y a establecer si existió una red organizada detrás del desvío.   

El programa Conectar Igualdad, relanzado en 2022, tiene como objetivo reducir la brecha digital mediante la entrega de computadoras portátiles a estudiantes de escuelas públicas de todo el país. La recuperación de este lote de 1.800 notebooks representa un paso importante para garantizar que los equipos lleguen a sus destinatarios originales y pone de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos de control en la distribución.  

La causa quedó radicada en el Juzgado de Garantías Nº 7 descentralizado de Ezeiza y continuará con el análisis del circuito de desvío y las eventuales imputaciones. El Ministerio de Educación nacional expresó que colaborará con la Justicia para esclarecer el hecho y asegurar que los dispositivos recuperados sean entregados a los estudiantes que los necesitan.  

En conclusión, el operativo de la PSA permitió recuperar un lote significativo de computadoras que habían sido desviadas del programa Conectar Igualdad, un hallazgo que expone las vulnerabilidades en la cadena de distribución y que abre un proceso judicial para determinar responsabilidades. La investigación sigue en curso y se espera que en las próximas semanas se definan las imputaciones correspondientes, mientras los equipos permanecen bajo custodia judicial en la planta logística de Carlos Spegazzini.  

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