Política | Derrumbe del boliche Beara
14/06
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Cierran la causa contra un ex funcionario porteño
Farrell, candidato a juez en el fuero contencioso administrativo de la ciudad, había sido acusado por el fiscal Andrés Madrea de "arreglar" con los dueños de Beara para habilitar el local en el que poco después murieron dos adolescentes por el derrumbe del entrepiso.
Madrea pidió en cuatro ocasiones que Farrell fuera citado a indagatoria, al atribuirle un "acuerdo espurio" en que habrían intervenido policías federales para, a cambio de dinero, permitir desde 2007 a 2010 el funcionamiento del boliche ubicado en Scalabrini Ortiz 1638, en el barrio Palermo.
Junto con Farrell también fue sobreseído el ex director de Habilitaciones Especiales Pablo Saikauskas, indicaron las fuentes. Los legisladores del bloque oficialista de la ciudad celebran la decisión judicial que dejó sin efecto la imputación del ex Director de Habilitaciones durante el derrumbe del boliche Beara.
Además de Berkowski, fueron procesados, por el mismo delito y monto de embargo, el ex jefe del Departamento Esparcimiento Norberto Cassano y el inspector Carlos Gabriel Mustapich y los gestores Leandro Camani y Matías Pantarotto e Isaac Rasdolsky, el arquitecto encargo de las habilitaciones, por falsedad ideológica de instrumento público.
También fueron procesados por cohecho los empresarios Juan Carlos María Yun; Agustín Dobrila; Roberto Martín Kattan Coria; Ivan Andrés Fliess y Ronaldo Fliess.
Los empresarios sumaron este procesamiento al que se les había dictado por la muerte de Ariana Beatriz Lizarraga, de 21 años de edad, y Paula Leticia Provedo, de 20.
Gustavo Amaru, quien habría autorizado la construcción del entrepiso, fue procesado por "homicidio culposo agravado por haber causado la muerte de dos personas, en concurso ideal con lesiones culposas graves (tres episodios) y leves calificadas por la cantidad de damnificados (once)" en "concurso real con falsedad ideológica de documento público".
Iermini rechazó el pedido fiscal de citar a indagatoria a los policías federales Rodolfo Nicolás Cabezas, Luis Eduardo Acosta, Osvaldo Gustavo Bachmann, Guillermo Adolfo Erdman, Julio Alfredo González, Claudio Cesar Lorenzo, Gustavo Fabián Lombardo y Gustavo Flamino.
En septiembre de 2012, Iermini había sobreseído a todos los funcionarios del gobierno porteño imputados y exculpó a los dueños y administradores del local por el delito de "cohecho", pero los envió a juicio oral por "doble homicidio culposo y lesiones culposas".
La apelación de esa resolución llevó la cuestión a la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, que revocó el fallo de primera instancia y ordenó profundizar la investigación sobre los funcionarios locales.
DURO TRÁMITE LEGISLATIVO
La postulación de Farrell como juez en el fuero contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires fue ampliamente rechazada por la oposición, especialmente por el kirchnerismo, y por los familiares de esa tragedia; principalmente, por su responsabilidad como funcionario.
Además, el bloque del PRO, por medio de la Junta de Ética de la Legislatura, fijó un cronograma que reducía las posibilidades de repudio y cuestionamientos para el candidato a juez que impulsa el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Según denunció el Frente para la Victoria, al momento de firmarse el pliego en la reunión de esa comisión, el macrismo apuró el encuentro y firmó el despacho de mayoría, aprovechando que tenían el quórum para hacerlo y la ausencia del resto de los miembros de la comisión.
Por otra parte, tal como establece la ley, la instancia de audiencia pública debe realizarse para que, quien lo desee, presente impugnaciones a la postulación. Pero la misma fue fijada para el miércoles 25 de junio, día en que la selección argentina de fútbol juega con Nigeria.
El trámite de designación fue duramente repudiado por todo el arco opositor al macrismo y, en especial, la decisión de realizar la audiencia durante esa fecha. De hecho, la oposición entera reclamó una sesión especial para el 26 de junio con el fin de tratar el pliego en ese día.
Sucede que de no aprobarse la postulación antes de los 60 días desde que fue presentado el expediente (ingresó a principios de abril), Farrell se convertirá en juez de manera automática, sin mediar la participación de la Legislatura.
Los bloques opositores buscan evitar esto y por eso juntaron más de veinte firmas para que la vicepresidencia 1°, a cargo de Cristian Ritondo, convoque a sesión especial y, a su vez, exigieron modificar el cronograma.
Sobre lo segundo, el PRO no piensa hacer nada, aunque entienden que las instancias que tuvo que atravesar el pliego no fueron muy claras. No obstante, con las 20 firmas el llamado a sesión especial se tiene que hacer si o si por cuestiones reglamentarias. La duda en el bloque mayoritario de la Legislatura porteña pasa por bajar al recinto o no para dar tratamiento a ese polémico expediente.
En caso de que la reunión especial se realice, el PRO deberá presentarse a sesionar porque, de lo contrario, quedaría expuesto por no querer trabajar el tema e incumplir con todos los pasos correctos para que la designación sea avalada.
Sin embargo, en el bloque macrista celebran la decisión de la Justicia y el consecuente sobreseimiento del Martín Diego Farrell. Ese guiño judicial tranquiliza a los legisladores del PRO y habilitaría un proceso más cómodo para conseguir un lugar en la Justicia para el ex Director de Habilitaciones.
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