Información general | Protocolo contra la violencia digital

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Acciones para frenar el ciberacoso

La Ciudad de Buenos Aires elaboró un protocolo que deberán implementar las escuelas de gestión estatal y privada ante casos de violencia digital o cualquier acción llevada adelante a través de redes sociales, correos electrónicos, plataformas de mensajería o sitios web con el propósito de acosar, intimidar, humillar, discriminar, difamar o vulnerar los derechos de una persona. Por Joaquín Ramírez Souto Buenos Aires, 13 de diciembre de 2024. El protocolo del Ministerio de Educación porteño que entró en vigencia el pasado 9 de diciembre mediante una disposición publicada en el Boletín Oficial, apunta a atacar conductas como el ciberacoso, la difusión no consentida de imágenes, la difusión de contenido íntimo, el hackeo de cuentas, el espionaje digital y la publicación de información personal sin autorización, entre otras.

Todas estas conductas pueden tener consecuencias emocionales, psicológicas, sociales y legales en las personas que las padecen. Por eso tanto el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, como la ministra de Educación, Mercedes Miguel dispusieron acciones concretas. En entornos escolares, la violencia digital representa un desafío creciente debido al uso masivo de tecnologías desde temprana edad. Según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial 1 de cada 6 adolescentes en edad escolar declaran haber sufrido ciberacoso.

A su vez, según la Encuesta Periódica de Acoso Escolar 2024 de la Fundación Encontrarse en la Diversidad-Argentina un 40% de los encuestados indicó haber recibido mensajes ofensivos a través de redes sociales y dispositivos móviles por parte de compañeros.

La UNICEF define el ciberacoso o cyberbullying como la intimidación a través de las tecnologías digitales, afectando tanto las relaciones escolares como el bienestar emocional de los estudiantes.

Desde el Ministerio de Educación se trabaja en la implementación de acciones concretas para proteger a las niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos asociados al uso de la tecnología. Una de ellas es el protocolo que entró en vigencia.

El procedimiento de aplicación del protocolo, una vez que se toma conocimiento de un hecho sobre algún supuesto casos de violencia digital entre pares, sugiere implementar la Ley 223 y su reglamentación, que estable el Sistema Escolar de Convivencia, y entrevistar a los niños o adolescentes involucrados para comenzar el proceso de abordaje y reparación. Las pautas a seguir son variadas y llegan hasta la separación transitoria del estudiante que hubiera cometido la acción de violencia digital, según corresponda y en función de la gravedad del hecho.

El protocolo, además, indica tomar las siguientes acciones en supuesto caso de violencia digital:

    Realizar un registro escrito de la situación detallando las intervenciones realizadas y los dichos de los estudiantes involucrados.

    Dar aviso a la Supervisión quién deberá reportar al Ministerio Público Tutelar para que, en caso que corresponda, tome la intervención de su competencia en el marco del Programa de Convivencia Respetuosa Entre Pares.

    Dar intervención a los equipos técnicos de acuerdo a cada nivel, modalidad y tipo de gestión.

    Entrevistar a las familias de los estudiantes involucrados en instancias separadas a efectos de informarlas de la situación y de las acciones que realizará la institución educativa.

    Evaluar si la acción o conducta desarrollada amerita una acción restaurativa para los estudiantes involucrados conforme lo previsto en el Sistema Escolar de Convivencia y en el Proyecto Escuela.

    Trabajar desde los espacios de participación haciendo hincapié en el buen uso de las redes sociales e internet, en el respeto a la intimidad y en la noción de lo público y lo privado.

    Conformar espacios de reflexión que permitan generar acuerdos y compromisos para una mejor convivencia.

    Dar intervención al Consejo de Derechos de las Niños, Niñas y Adolescentes, cuando en el caso concreto se presuma o se verifique una situación de vulneración de derechos.

    Asesorar a las familias de los estudiantes que hayan resultado víctimas de un hecho de violencia digital sobre los canales de comunicación con la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la ciudad.

    Promover el marco institucional adecuado a los efectos de que el/los estudiantes que hubieran cometido la acción o conducta se encuentren en condiciones de retornar a la actividad presencial en la escuela, adoptando las medidas que resulten necesarias para su revinculación con el grupo de alumnos y docentes.

    Evaluar la aplicación de las acciones restaurativas y/o sancionatorias que resulten pertinentes en el ámbito escolar y en función del hecho cometido.

    Resguardar la intimidad de los estudiantes involucrados en el hecho de violencia digital.

    Promover la generación de espacios de reflexión que apunten a la prevención de estas situaciones, destacando la importancia del respeto mutuo.



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