Política | No sólo coimas, también timba
19/09
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Salud pública, ¡al carajo!
Lezana explicó que esos fondos, lejos de ser utilizados para mejorar las condiciones laborales o renovar el equipamiento médico, fueron reservados en una estructura financiera que responde a la lógica de especulación promovida por Caputo. “Los funcionarios que nos dicen que no hay plata y que somos ñoquis ya no pueden esconder que esta plata existe”, afirmó con contundencia. La frase resonó en los pasillos del hospital, donde el malestar crece entre médicos, enfermeros y técnicos que ven cómo sus salarios se deterioran mientras los recursos se desvían.
La presentación del balance anual del Hospital correspondiente a 2024 fue el punto de inflexión. Allí se reveló que los 40.000 millones de pesos en cuestión no fueron asignados a partidas operativas ni a mejoras edilicias, sino que terminaron en el circuito financiero. La diputada Victoria Tolosa Paz se sumó a la denuncia y acusó al Gobierno de Javier Milei de haber entregado esos fondos al ministro de Economía para mantener el dólar barato, en lugar de invertirlos en el Garrahan y en los sueldos de sus empleados.
La polémica se inscribe en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y los sectores de la salud pública. Desde noviembre de 2023, los trabajadores del Garrahan denuncian una pérdida salarial acumulada del 70%, lo que motivó la presentación de la Ley de Emergencia Pediátrica, aún sin tratamiento parlamentario. Según Lezana, esa ley debería reparar el daño causado por el desfinanciamiento y garantizar que los recursos genuinos lleguen al bolsillo de quienes sostienen el sistema sanitario con su trabajo diario.
Las autoridades del hospital, entre ellas el director médico Mariano Pirozzo y la consejera administrativa Mariel Sánchez, fueron notificadas por el gremio y se les exigió una explicación formal. La respuesta, sin embargo, fue evasiva. “Si lo que afirman es real, hagan un juicio”, fue la frase que recibieron los denunciantes, lo que profundizó el malestar y alimentó la sospecha de que detrás del silencio hay una decisión política.
La denuncia no solo expone una presunta irregularidad financiera, sino que también pone en evidencia el modelo de gestión que prioriza la especulación por sobre la inversión social. En este esquema, los hospitales públicos se ven obligados a operar con recursos mínimos mientras el dinero circula en fondos que prometen rentabilidad pero no garantizan derechos se usa para lograr efectos de marketing político. La figura de Luis Caputo, exbanquero y actual ministro de Economía, aparece como el arquitecto de esta ingeniería financiera que, según los denunciantes, convierte la salud en una ficha más de la timba económica.
La movilización convocada por la APyT junto a organizaciones sociales y de derechos humanos busca visibilizar el reclamo y exigir respuestas. “Hoy vamos a inundar la calle junto a la comunidad, a la familia y a las organizaciones porque los trabajadores no pueden ser estafados”, concluyó Lezana. La frase resume el espíritu de una lucha que trasciende lo gremial y se instala en el corazón del debate sobre el rol del Estado, la transparencia en el manejo de fondos públicos y el derecho a una salud digna.
Mientras tanto, el silencio oficial y la falta de respuestas concretas alimentan la indignación. La pregunta que sobrevuela es simple pero contundente: ¿cómo puede ser que un hospital que atiende a los sectores más vulnerables del país vea sus recursos desviados a fondos de inversión mientras sus trabajadores pierden poder adquisitivo y sus instalaciones se deterioran? La respuesta, por ahora, sigue sin aparecer. Pero la denuncia ya está sobre la mesa, y con ella, la exigencia de que la salud pública deje de ser moneda de cambio en el juego financiero del poder.
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