Penitenciaria porteña

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Penitenciaria porteña

El oficialismo porteño acelera el debate sobre la creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires y busca llevar el proyecto al recinto en la última sesión del año, junto al Presupuesto 2026 y el paquete impositivo. A partir del 10 de diciembre cambia la correlación de fuerzas en el recinto, con un peronismo reforzado como primera fuerza y los libertarios convertidos en la segunda minoría. Por Martín Pérez Díaz Buenos Aires, 21 de noviembre de 2025. La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires atraviesa días de definiciones políticas de alto impacto. Tras más de veinte reuniones de comisión y la participación de actores institucionales y sociales, el proyecto de creación del Servicio Penitenciario de CABA y la Ley de Ejecución de Pena se encaminan hacia su tratamiento en el recinto. El PRO, acompañado por sus aliados de la Coalición Cívica y el radicalismo, logró consensuar un dictamen que será rubricado en el plenario de la Comisión de Justicia convocado para el próximo martes a las 11 horas. La presidenta de esa comisión, Inés Parry, confirmó que el texto está listo para ser elevado al pleno legislativo, lo que marcaría un primer triunfo para el oficialismo en un tema que se convirtió en prioridad para la gestión de Jorge Macri.

El proyecto, impulsado desde Uspallata y presentado formalmente por el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, plantea la creación de una fuerza penitenciaria propia que se encargue del traslado y custodia de detenidos, así como del control de los establecimientos de alojamiento. Además, prevé la conformación de un Instituto o Agencia que supervise el denominado Plan de Vida de los internos, con el objetivo de acompañar procesos de reinserción social y reducir la reincidencia delictiva.

Durante el extenso debate en comisiones participaron representantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación, jueces, abogados, especialistas en derechos humanos, organizaciones civiles, familiares de víctimas y exdetenidos. Las discusiones giraron en torno a la órbita ministerial en la que se inscribirá el nuevo servicio, la posibilidad de habilitar la gestión privada de algunos espacios de alojamiento y la articulación con el sistema federal. Pese a las diferencias, la mayoría de los bloques coincidió en la necesidad de que la Ciudad cuente con un sistema penitenciario propio, desligado de Nación, para ordenar la situación de sobrepoblación en comisarías y alcaidías.

En paralelo, la Legislatura ya firmó el dictamen de mayoría sobre la Ley de Ejecución de Pena, con el respaldo del PRO, la Coalición Cívica y el radicalismo. Los bloques del peronismo, La Libertad Avanza y Confianza Pública decidieron no acompañar, lo que anticipa un debate intenso en el recinto. El oficialismo confía en que ambas iniciativas se discutan en la próxima sesión junto al Presupuesto 2026 y el paquete de leyes impositivas, aunque todavía no se emitió la convocatoria formal.

Cambios que se avecinan

El contexto político agrega presión al macrismo. El 10 de diciembre se producirá el recambio legislativo y el bloque que conduce Darío Nieto perderá volumen frente al peronismo, que pasará de 18 a 20 bancas y reafirmará su condición de primera minoría. Los libertarios, por su parte, crecerán hasta 13 escaños y se ubicarán como segunda fuerza. En ese escenario, el PRO busca acelerar la aprobación de proyectos clave antes de perder capacidad de negociación.

Mientras tanto, el gobierno porteño mantiene conversaciones con la administración nacional de Javier Milei para acordar el traspaso de presos. Fuentes oficiales aseguran que la relación con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es buena y que el flujo de detenidos hacia cárceles federales se sostiene. Nación traslada semanalmente unos 80 internos, lo que compensa los ingresos en las alcaidías de la Ciudad. Actualmente, CABA aloja 2.432 presos: 414 imputados, 1.628 procesados y 390 condenados. La mayoría, 1.665, está detenida por delitos contra la propiedad, mientras que 244 lo están por afectaciones contra la integridad, 178 por delitos contra las personas y 131 contra la administración.

El detalle de las condenas muestra que siete detenidos deben cumplir más de diez años de pena, 18 entre cinco y diez años, 57 entre dos y cinco años, 32 entre uno y dos años, 31 entre siete meses y un año y 71 menos de seis meses. Estas cifras reflejan la complejidad del sistema y la necesidad de contar con infraestructura adecuada. En ese sentido, el gobierno porteño destaca la construcción de un pabellón propio en el predio penitenciario de Marcos Paz, cuya finalización está prevista para marzo de 2026. La obra permitirá trasladar internos y aliviar la presión sobre las alcaidías y comisarías, mejorando las condiciones de alojamiento tanto para los presos como para los agentes penitenciarios.

La última sesión del año se perfila como un momento decisivo para la gestión de Jorge Macri. El oficialismo intentará aprobar tres pilares de su agenda: Presupuesto 2026, paquete impositivo y creación del Servicio Penitenciario de CABA. El desenlace dependerá de la capacidad de negociación en un escenario parlamentario cada vez más fragmentado y competitivo.

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