Política | Las prioridades de Jorge Macri

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Salud y educación para atrás

Un informe del Observatorio Económico del CEPA, basado en la ejecución presupuestaria de los primeros trimestres entre 2022 y 2026, reveló que el gasto en personal docente y sanitario cayó de manera sostenida durante la gestión de Jorge Macri, incluso mientras el Gobierno porteño instalaba en la agenda pública debates sobre el cobro de atención médica a extranjeros y celebraba los resultados de las pruebas Aprender. La distancia entre el discurso y la asignación real de recursos se convirtió en un punto de tensión que atraviesa la política local y expone un modelo de gestión que prioriza ciertas áreas en detrimento de otras. Por Martín Pérez Díaz Buenos Aires, 31 de julio de 2026. Según el informe, el gasto en personal educativo del primer trimestre de 2026 alcanzó unos $426 mil millones, un 3% menos que en el mismo período del año anterior y 6% por debajo del nivel registrado en 2023. La caída respecto de 2022 es menor —apenas un punto porcentual— pero la tendencia descendente desde 2023 muestra un deterioro persistente en la inversión destinada a sostener la estructura docente. En salud, la situación es similar: el gasto en personal del primer trimestre de 2026 se mantuvo prácticamente estable respecto de 2025, pero continúa 6% por debajo de 2022 y 8% por debajo del máximo de 2023. En ambos casos, la reducción afecta directamente la capacidad de prestación de servicios, porque se trata de áreas donde la dotación de trabajadores es inseparable del funcionamiento cotidiano: abrir escuelas, ampliar horarios de atención o sostener programas sanitarios requiere más personal y, por ende, más recursos salariales.

La caída en la inversión coincide con un conjunto de reformas impulsadas por el Gobierno porteño que reconfiguran el sistema educativo local. La implementación de BA Aprende, cuestionada por estudiantes y docentes por su impacto en contenidos y materias, derivó en cierres de cursos y en una reorganización curricular que, según sus críticos, reduce la oferta formativa. A esto se suman la política “Ser Docente” y el anuncio de modificar por decreto el Estatuto Docente, medidas que avanzan sobre el ingreso, la evaluación y la carrera profesional, y que se inscriben en un proceso más amplio iniciado con la creación de la UniCABA. Para los especialistas, estas iniciativas conforman un proyecto integral de reforma que busca redefinir la estructura del sistema educativo porteño, pero que se desarrolla en paralelo a una caída en la inversión que compromete su implementación y su legitimidad.

En salud, el debate público se concentró en la propuesta de cobrar la atención médica a extranjeros, una medida que generó controversias y denuncias de discriminación. Sin embargo, el informe del CEPA muestra que la discusión sobre quién accede al sistema convive con una reducción sostenida de los recursos destinados a quienes lo sostienen. La caída del gasto en personal desde 2022 se da en un contexto de aumento de la demanda, saturación de guardias y dificultades para cubrir cargos en áreas críticas. La estabilidad nominal del presupuesto en 2026 no compensa la pérdida acumulada de los años previos ni el impacto de la inflación sobre los salarios reales.

El ajuste en educación y salud contrasta con el crecimiento del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que aumentó su ejecución un 13% respecto de 2022. Pero ese incremento no alcanza para compensar la caída en áreas estratégicas como Vivienda y Urbanismo. El Instituto de la Vivienda acumula una reducción del 42% en su ejecución, mientras que el programa de Reintegración, Integración y Transformación de Villas registra una caída del 56%. Estas cifras muestran que, más allá del discurso sobre inclusión y urbanización, la inversión en políticas habitacionales se redujo de manera drástica, afectando proyectos de integración socio-urbana que requieren continuidad y financiamiento sostenido.

El panorama general revela un patrón: la Ciudad reorganiza prioridades, fortalece algunas áreas vinculadas a asistencia social y reduce otras que dependen de estructuras laborales amplias y estables. En educación y salud, donde el gasto en personal representa la mayor parte de la ejecución, cualquier ajuste se traduce en menos horas de clase, menos profesionales disponibles, más carga laboral y menor capacidad de respuesta. La discusión sobre reformas, modernización y eficiencia convive con una realidad presupuestaria que limita la posibilidad de sostener servicios esenciales en un distrito que exhibe indicadores de riqueza superiores al promedio nacional.

En este contexto, el informe del CEPA funciona como una radiografía de la gestión porteña y de su modelo de administración pública. La caída en la inversión en maestros y médicos no solo afecta la prestación de servicios, sino que también redefine el rol del Estado local en áreas que históricamente fueron centrales para la construcción de ciudadanía. La Ciudad se encuentra ante un dilema: profundizar un esquema de reformas que reduce costos pero tensiona la calidad de los servicios, o revisar su estrategia para evitar que el ajuste erosione capacidades que tardaron décadas en consolidarse.


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