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Nuevo procedimiento en la Ciudad

La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un nuevo procedimiento para anticipar crisis laborales y evitar que situaciones económicas, productivas o tecnológicas deriven en despidos o suspensiones, mediante un esquema de mediación temprana entre empresas, sindicatos y trabajadores. La medida, formalizada por la Resolución N.º 928/SECTE/26 en el marco de los Procedimientos Preventivos de Crisis previstos por la Ley Nacional de Empleo, habilita la intervención de la Secretaría de Trabajo y Empleo en instancias iniciales de conflicto, establece plazos estrictos para la apertura de audiencias y prohíbe que las empresas ejecuten medidas mientras dure el proceso de negociación. Por Martín Pérez Díaz Buenos Aires, 28 de agosto de 2026. El Gobierno porteño busca así incorporar una herramienta de gestión anticipada en un contexto de transformaciones profundas del mercado laboral, donde la incorporación de tecnología, la automatización de procesos y los cambios en los modelos productivos generan tensiones que, sin mediación, pueden desembocar en pérdidas de puestos de trabajo. El subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno, sostuvo que la decisión responde a una premisa central: “cuando el Estado tiene herramientas para anticiparse a un problema, no puede quedarse de brazos cruzados”. Según explicó, el objetivo es intervenir antes de que una crisis se convierta en despidos y trabajar para encontrar alternativas que permitan preservar el empleo.

El procedimiento podrá iniciarse a pedido del empleador, de la asociación sindical con personería gremial o de oficio por parte de la autoridad laboral cuando existan elementos objetivos que permitan prever posibles despidos o suspensiones. La presentación deberá realizarse mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) e incluir información detallada sobre la situación de la empresa, los trabajadores potencialmente afectados, documentación económica, financiera, contable y laboral, y las medidas que se proyectan adoptar. Una vez recibida la solicitud, la Secretaría de Trabajo y Empleo deberá verificar la admisibilidad dentro de las 48 horas y convocar a una primera audiencia dentro de los cinco días.

La instancia inicial de diálogo busca que las partes puedan analizar la situación y explorar alternativas antes de que la empresa avance con decisiones unilaterales. Si no se alcanza un acuerdo en esa primera reunión, se abrirá un período de negociación de diez días, durante el cual la autoridad laboral podrá promover instancias de conciliación, solicitar información adicional y formular propuestas orientadas a preservar el empleo, sostener la actividad productiva y promover la paz social. Mientras dure el procedimiento, el empleador no podrá ejecutar las medidas proyectadas, lo que garantiza un marco de estabilidad temporal para los trabajadores involucrados.

Bueno explicó que muchas veces una crisis no implica que una empresa haya dejado de ser viable, sino que puede necesitar adaptarse a una transformación tecnológica, a una nueva forma de producir o a un cambio en el mercado. En ese sentido, la intervención temprana del Estado busca evitar que la única respuesta sea despedir trabajadores y promover, en cambio, soluciones que incluyan capacitación, reconversión, reorganización de tareas o acuerdos transitorios que permitan sostener la actividad. La Ciudad considera que la modernización del mundo laboral debe realizarse mediante inversión y diálogo, y no a través de ajustes que recaigan exclusivamente sobre los empleados.

El procedimiento preventivo se inscribe en una agenda más amplia de la Secretaría de Trabajo y Empleo, que en los últimos meses reforzó los mecanismos de mediación y conciliación ante conflictos colectivos y promovió instancias de capacitación para sectores afectados por cambios tecnológicos. La intención es que la Ciudad cuente con herramientas ágiles para intervenir en situaciones de riesgo, especialmente en pequeñas y medianas empresas que pueden enfrentar dificultades coyunturales sin disponer de estructuras internas para gestionar crisis.

La resolución también busca ordenar institucionalmente la intervención estatal en un terreno donde, en ocasiones, los conflictos se activan cuando las medidas ya fueron ejecutadas y los trabajadores se encuentran en situación de vulnerabilidad. “Llegar cuando el conflicto ya estalló limita las soluciones; nosotros queremos anticiparnos, facilitar el diálogo y actuar a tiempo”, afirmó Bueno. La Ciudad sostiene que cuidar el empleo es cuidar uno de los principales activos que tiene el distrito, y que la previsión es clave para evitar impactos sociales mayores.

El nuevo procedimiento se aplicará en todos los casos en que existan indicios de crisis, independientemente del sector productivo, y se complementará con los mecanismos previstos por la legislación nacional. La autoridad laboral porteña tendrá la facultad de convocar a audiencias, requerir documentación, promover acuerdos y, en caso de incumplimiento, suspender el trámite o elevar actuaciones a instancias superiores. La efectividad del sistema dependerá de la capacidad de las partes para sostener el diálogo y de la voluntad de las empresas para explorar alternativas antes de adoptar medidas drásticas.

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