El banco tuvo que reintegrar los fondos

Información general | Estafa telefónica

29/05

El banco tuvo que reintegrar los fondos

Una mujer mayor de la Ciudad de Buenos Aires fue víctima de una estafa telefónica que terminó con el vaciamiento de su caja de ahorros. El episodio, que comenzó con una llamada aparentemente legítima desde el número oficial de su banco, derivó en la sustracción de todos sus fondos. Sin embargo, la rápida intervención de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°5 especializada en Ciberfraudes (FISEC), a cargo de Miguel Ángel Kessler, permitió que la entidad financiera reintegrara el dinero en su totalidad, marcando un precedente en la aplicación de protocolos contra el fraude digital. Por Joaquín Ramírez Souto Buenos Aires, 29 de mayo de 2026. El caso se inició cuando la mujer intentó comprar entradas por internet y la operación fue rechazada. Al comunicarse con el banco, recibió una llamada en la que un supuesto operador le solicitó usuario y contraseña de su home banking. Poco después, otra comunicación le confirmó la operación, pero en realidad se trataba de un engaño que permitió a los estafadores acceder a su cuenta y transferir los fondos. Al advertir lo sucedido, la víctima volvió a llamar a la entidad para denunciar el hecho, pero inicialmente el banco se negó a devolverle el dinero.

La denuncia fue radicada ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, que activó de inmediato el protocolo de actuación diseñado para casos de defraudaciones electrónicas. Este mecanismo establece que, ante operaciones desconocidas o producto de engaños, la Fiscalía oficie a las entidades financieras involucradas para que bloqueen preventivamente las cuentas y congelen los saldos por un plazo de 60 días. Durante ese período, las instituciones deben informar si el dinero continúa depositado o si fue transferido nuevamente, detallando los datos de los destinatarios sucesivos. La finalidad es preservar la trazabilidad de los fondos y evitar que el delito se consolide.

En este caso, el fiscal Kessler ordenó reconstruir el rastro de las llamadas y solicitó las grabaciones correspondientes. El banco solo pudo aportar el registro de la segunda comunicación, aquella en la que la mujer informó el fraude, pero no la primera, en la que se le pidieron sus credenciales. Esa ausencia de registro fue clave para demostrar que la víctima había sido inducida a entregar datos sensibles en un contexto irregular. Frente a la evidencia reunida, la entidad financiera debió reconocer la responsabilidad y reintegrar el dinero sustraído.

La actuación de la FISEC no se limitó a la investigación. También se envió un oficio urgente al banco para congelar los saldos y preservar la información vinculada a las transferencias. Gracias a esa medida, se logró neutralizar el delito y garantizar la devolución de los fondos en pocos días. El acompañamiento a la víctima, que se encontraba en una situación de vulnerabilidad por su edad y por la magnitud del perjuicio económico, fue otro aspecto destacado de la intervención fiscal.

Este protocolo de acción se aplica en todos los casos que ingresan por la Oficina Central Receptora de Denuncias (OCRD) y las Unidades de Orientación y Denuncias (UODs) del MPF CABA, siempre que el hecho haya ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires y dentro de las 24 horas previas a la denuncia. Además, el denunciante debe aportar comprobantes o notificaciones de las transferencias, con detalles de monto, fecha, hora, cuenta de origen y destino. La rapidez en la presentación es fundamental para que las medidas de bloqueo y congelamiento resulten efectivas.

La resolución favorable de este caso pone en evidencia la importancia de contar con herramientas institucionales específicas para enfrentar el creciente fenómeno de los ciberfraudes. Las estafas telefónicas y digitales se multiplican en todo el país, aprovechando la confianza de los usuarios en los canales oficiales y la falta de registro de ciertas comunicaciones. La experiencia demuestra que, sin un protocolo claro y sin la intervención de la justicia, las víctimas suelen quedar desprotegidas frente a las negativas iniciales de los bancos.

El trabajo de la Fiscalía especializada, en coordinación con las entidades financieras, constituye un avance en la protección de los usuarios y en la construcción de un sistema más seguro frente a delitos que se perfeccionan con el uso de tecnología. La devolución del dinero a la mujer estafada no solo significó reparar el daño económico, sino también enviar un mensaje contundente: las instituciones deben responder ante los fraudes y los ciudadanos cuentan con mecanismos para defenderse.

En un contexto donde las operaciones digitales son cada vez más frecuentes y donde los delincuentes perfeccionan sus métodos de engaño, la aplicación de protocolos como el de la FISEC se vuelve indispensable. La rapidez con la que se actuó en este caso permitió revertir una situación que, de otro modo, podría haber dejado a la víctima sin recursos y sin respuestas. La experiencia refuerza la necesidad de que los usuarios estén atentos a las comunicaciones que reciben y que las entidades financieras fortalezcan sus sistemas de seguridad y registro.

La historia de esta mujer, que pasó de la angustia de ver vaciada su cuenta a la tranquilidad de recuperar sus ahorros, refleja tanto la vulnerabilidad de los usuarios frente al fraude como la eficacia de las herramientas institucionales cuando se aplican con celeridad y rigor. El desafío hacia adelante será consolidar estos mecanismos, ampliar su alcance y garantizar que ninguna víctima de ciberfraude quede desamparada.

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