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Macri libertario

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emitió un decreto que obliga a las empresas de subtes, colectivos y recolección de residuos a garantizar servicios mínimos durante los días de paro. La medida, firmada por el jefe de Gobierno Jorge Macri, establece que el transporte público deberá mantener al menos el 50% de su operación y que la recolección de basura deberá asegurar un 75% de cobertura, incluso en el marco de medidas de fuerza gremiales. La decisión se fundamenta en la Ley de Modernización Laboral 27.802, que introdujo modificaciones al artículo 24 de la Ley 25.877 y fijó parámetros de prestación mínima para actividades consideradas esenciales o de importancia trascendental. Por Mailén González Buenos Aires,  26 de junio de 2026. El decreto clasifica a la recolección de residuos como servicio esencial, lo que implica la obligación de sostener tres cuartas partes de la actividad en cualquier escenario de conflicto sindical. En el caso del transporte público de pasajeros, que incluye colectivos, subtes y Premetro, la norma lo encuadra como actividad de importancia trascendental, con un piso de prestación del 50%. La exigencia se aplica de manera individual a cada línea, lo que impide que una empresa compense la paralización de un recorrido con el funcionamiento de otro. En el caso de los subterráneos, la empresa estatal SBASE y la concesionaria Emova Movilidad S.A. deberán definir las modalidades operativas concretas para garantizar la circulación de trenes durante un paro, siempre respetando el porcentaje fijado.  

La Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad recibió la instrucción de convocar a las partes involucradas y arbitrar los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de los porcentajes. El decreto lleva también las firmas del ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; del ministro de Justicia, Gabino Tapia; y del jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny. La norma se apoya en la competencia exclusiva que la Ciudad asumió sobre las líneas de colectivos que operan dentro de su territorio, lo que le otorga jurisdicción directa para exigir el cumplimiento de las disposiciones.  

Como parte de su campaña, Jorge Macri así refuerza su vuelco símil libertario, haciéndose eco de la ultraderecha en ascenso. El jefe de Gobierno defendió la medida como una respuesta a lo que considera prácticas extorsivas de algunos gremios. En su cuenta de la red social X escribió: “Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios. Firmamos un decreto para que nunca más una minoría organizada pueda paralizar toda una Ciudad”. El mensaje sintetiza la postura oficial, que busca garantizar la continuidad de servicios básicos y reducir el impacto de los conflictos laborales sobre la vida cotidiana de los habitantes.  

El decreto se inscribe en un contexto de creciente tensión entre el gobierno porteño y los sindicatos del transporte y la recolección. Las huelgas en el subte y los paros de colectivos han generado en los últimos años fuertes complicaciones para millones de usuarios, con jornadas de caos en la movilidad urbana. La recolección de residuos, por su parte, ha sido otro frente de conflicto, con acumulación de basura en las calles durante medidas de fuerza prolongadas. La nueva normativa intenta evitar que esas situaciones se repitan, garantizando un nivel mínimo de prestación que preserve la higiene urbana y la circulación de pasajeros.  

La Ley de Modernización Laboral 27.802, sancionada a nivel nacional, introdujo cambios significativos en la regulación de los convenios colectivos de trabajo cuando afectan servicios esenciales o actividades de importancia trascendental. El artículo 24 establece que, en esos casos, debe garantizarse un porcentaje mínimo de prestación durante los conflictos. El decreto de la Ciudad hace operativas esas disposiciones en el ámbito local, adaptándolas a los servicios críticos que dependen de su jurisdicción.  

La medida generó debate en distintos sectores. Mientras el gobierno porteño la presenta como un avance en la defensa de los derechos de los usuarios, algunos gremios cuestionan que se limite el alcance de las huelgas y advierten que podría vulnerar el derecho constitucional a la protesta. Los especialistas en derecho laboral señalan que la discusión sobre qué actividades deben ser consideradas esenciales y qué porcentaje de prestación debe garantizarse es un tema sensible, que requiere equilibrar el derecho de huelga con el derecho de la población a acceder a servicios básicos.  

El impacto de la norma se verá en la práctica cuando se produzcan nuevas medidas de fuerza. La obligación de mantener entre el 50% y el 75% de los servicios durante un paro implica un cambio sustancial en la dinámica de los conflictos gremiales en la Ciudad. Para algunos usuarios, la expectativa es que las jornadas de paralización total de subtes, colectivos o recolección de residuos queden atrás. Para los sindicatos, en cambio, la medida representa una restricción que podría debilitar su capacidad de presión.  

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