Política | Capitalismo de amigos

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Siguen los negocios

La empresa IRSA se quedó con otro edificio de la Ciudad de Buenos Aires, a un precio increíble, mientras lograba que la justicia macrista le aprobara la urbanización de Costanera Sur, por la que embolsará más de 750 millones de dólares. Eduardo Elsztain, el presidente de la empresa IRSA, fue quien se quedó con el inmueble público donde funcionó el ministerio de Educación porteño y pagó apenas 563 dólares el metro cuadrado. Por Joaquín Ramírez Souto
Buenos Aires, 10 de marzo de 2023. IRSA ofertó exactamente 7.714.000 de dólares y superó otras tres propuestas privadas que quedaron en el camino. Con un total de aproximadamente 13.700 metros cuadrados, trece pisos de oficinas y un subsuelo de cocheras, el grupo empresarial abonó 563 dólares por metro cuadrado de un edificio ubicado a solo unas cuadras de Casa Rosada y de la zona de Puerto Madero. 

El 9 de diciembre pasado, el colega Tiempo Argentino anticipó el remate del edificio público donde funcionó el ministerio de Educación porteño, y donde actualmente funciona la Universidad de Buenos Aires (UniCABA). El anuncio había sido realizado por el ministerio de Desarrollo Económico y Producción local en la web de subastas públicas del distrito. El remate de la propiedad, situada en Avenida Paseo Colón Nº 245/255/265, se encuadra en la Ley N° 6287, sancionada en la Legislatura en diciembre de 2019, donde, el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, se desprendió de más de 60 edificios públicos por considerarlos innecesarios para su gestión.

La subasta de la propiedad de 13.700 metros cuadrados se realizó el pasado miércoles 28 de diciembre y el precio base es de US$ 3.379.733,75. El argumento para rematar la sede de la UniCABA, es que “será destinado al desarrollo de obras de infraestructura, salud, educación, seguridad, vivienda, transporte público, movilidad sustentable, ampliación de la red de subterráneos, proyectos de inversión y cultura, no pudiendo ser utilizados para el financiamiento de gastos corrientes”. En las últimas horas se conoció que quien se quedó con el edificio fue el Grupo IRSA, uno de los aportantes del PRO, por apenas 563 dólares el metro cuadrado.

Un informe realizado por la ONG Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), sostiene que el dinero que ingresa no se destina a estos servicios públicos, sino que libera recursos estatales para otros gastos que no son prioritarios, en el marco de la emergencia ambiental, habitacional, económica y sanitaria que vive la Ciudad. Por ejemplo: “Se gasta en estudios de Opinión Pública. En 2021 se destinaron casi 800 millones de pesos a la contratación del Servicio de Realización de Estudios de Opinión Pública aprobada por la Resolución N° 1534/MHFGC/2021) o a ampliar el presupuesto en Publicidad, que este año tuvo un aumento del 133%, lo que implica más de 27 millones de pesos por día en propaganda”, advierte la asociación porteña.

El adquirente del edificio de la UniCABA, verá restringido su uso inmediato durante 1 año y medio: “el adquirente deberá otorgar en comodato el uso a título gratuito del inmueble adquirido a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un plazo de dieciocho (18) meses”, especifica la publicación del gobierno porteño, y agrega: “con posibilidad de sumarle seis meses más”. En ese sentido el ODC asegura que este punto “demuestra que el inmueble es necesario para la Ciudad y que es totalmente inoportuna su venta. Pero Rodríguez Larreta, con la mira puesta en su campaña presidencial, quiere quedarse con la caja de esta venta”.

En la misma semana, el grupo propietario de los principales centros comerciales porteños y del Banco Hipotecario, recibió otra buena noticia. La Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires le dio el visto bueno al Grupo IRSA para que inicie las obras del barrio de torres de lujo que proyecta en Costanera Sur. Lo hizo al revocar el fallo de primera instancia que había dado la razón a las organizaciones ciudadanas que rechazaban la construcción del emprendimiento Costa Urbana en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, habilitado en la Legislatura por el oficialismo porteño a fines de 2021. 

El proyecto que habilita la construcción de un nuevo barrio en la Ciudad frente a la Reserva Ecológica, humedal protegido internacionalmente, implica la construcción de más de 30 edificios de hasta 145 metros en parte del predio, con una capacidad constructiva de 895 mil metros cuadrados. A cambio, IRSA deberá entregar una porción de los terrenos ribereños para construir un parque público. Aunque IRSA promociona que el 71 por ciento será destinado a ese parque, los números finos del convenio marcan otra cosa. Además de calles y veredas, en ese porcentaje se cuentan como contraprestación, por ejemplo, 11 hectáreas de un "espejo de agua" conformado por agua que ingresa del Río de la Plata. 

En su fallo, las juezas Nieves Macchiavelli y Laura Perugini sostuvieron que al no haber comenzado aún las obras "no puede sostenerse que exista un caso ambiental, dado que no hay una acción directa sobre el ambiente, ni tampoco se explica de qué manera las modificaciones normativas pueden por sí mismas implicar un daño al ambiente".

Pese a que el convenio establece, entre otras cosas, el tamaño y los límites de los polígonos en que se dividirá el predio, la parte que será para las torres y la que será para parque público, y hasta las alturas de los edificios, las juezas consideraron que el impacto del emprendimiento todavía no puede definirse ya que "no se elaboró aun un proyecto concreto". Con respecto a la participación ciudadana, el juez Ammirato había sostenido que las audiencias tendrían que haberse realizado antes del tratamiento legislativo del proyecto, apoyándose en lo establecido por la Ley N°123 de Evaluación de Impacto Ambiental. Ahora, siguiendo la lógica anterior, los camaristas consideraron que, al no haber debatido la Legislatura el proyecto concreto de obra sino una modificación de normativa urbanística, esas instancias no eran necesarias como tratamiento previo.

IRSA lo hizo de nuevo

En febrero del año pasado, IRSA se quedó con otro edificio del GCBA, ubicado en Coronel Díaz y Beruti, a metros del Alto Palermo. En esa ocasión, el grupo pagó poco más de 20 millones de dólares por el edificio también declarado "innecesario para la gestión". Allí funcionaba, sin embargo, la sede comunal N°14, por lo que la empresa también debió cederlo en comodato a la administración porteña, en ese caso por el lapso de 30 meses. El plan de IRSA para ese edificio sería utilizarlo para extender el shopping.  En ese edificio funciona todavía una sede del Poder Judicial y el Registro Civil de la Comuna 14, y aún le resta un período de un año y medio más, aproximadamente. 

Para IRSA, en tanto, la adquisición del nuevo inmueble viene a sumar una figurita más a la larga lista de edificios y tierras que ya posee en la Ciudad. Además del predio de 72 hectáreas donde planea construir su "Costa Urbana" de torres de hasta 145 metros, el grupo empresarial es dueño de los principales centros comerciales de la Ciudad, que fue adquiriendo a lo largo de los años: los shoppings del Abasto, Alto Palermo, DOT, Paseo Alcorta, Patio Bullrich y Distrito Arcos --a través de concesión-- pertenecen al grupo. También opera los hoteles Intercontinental y Libertador, y edificios de oficinas como el Philips, Intercontinental Plaza o el Edificio Zetta. 




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