Política | Víctor Vargas
02/01
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Otro caso de gatillo fácil
El hecho ocurrió alrededor de las 14 en la intersección de las calles Salta y Constitución, cuando personal de la Comisaría Vecinal 1C acudió a una pelea callejera entre Vargas y otro joven en situación de calle. Según el relato de testigos y de la secretaria general de AMMAR, Georgina Orellano, el oficial actuó sin mediar palabra y disparó directamente a matar, impactando dos veces en el pecho y una en el rostro de Vargas. La información coincide con lo publicado por Tiempo Argentino, que confirmó que Vargas recibió al menos tres disparos y fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde quedó internado en estado crítico hasta su fallecimiento en las primeras horas del 1 de enero.
Orellano, quien denunció el caso en redes sociales, expresó que la intervención policial fue desproporcionada y que Vargas, a quien conocía por su trabajo ocasional como cuidacoches, había dejado esa actividad debido a las constantes actas contravencionales que le labraba la Policía de la Ciudad. La dirigente sostuvo que el accionar del oficial respondió a un patrón de violencia selectiva: “Lo mataron por pobre y marrón”, afirmó, una frase que se viralizó rápidamente y que sintetiza el reclamo de organizaciones que denuncian prácticas de persecución y hostigamiento en barrios populares.
Según fuentes judiciales citadas por el diario Tiempo Argentino, el arma reglamentaria del policía fue secuestrada, pero cinco días después del hecho aún no se había iniciado la investigación por homicidio. La causa fue caratulada inicialmente como “atentado a la autoridad y averiguación de lesiones”, una figura que responsabiliza a la víctima y que fue cuestionada por organismos de derechos humanos por su falta de rigor y por omitir el análisis del uso letal de la fuerza por parte del agente involucrado. La Policía Federal quedó a cargo de las actuaciones ordenadas por la fiscalía, tal como ocurrió en el caso de Gabriel González, cuyo presunto asesino, el oficial Gastón Miño, fue detenido esta semana.
El caso de Vargas se suma a una serie de episodios recientes que reavivaron el debate sobre la violencia institucional en la Ciudad. El asesinato de Gabriel González en Villa 20, registrado en un video que se viralizó rápidamente, generó un fuerte repudio de organizaciones sociales, referentes políticos y sacerdotes de las villas, quienes denunciaron que la intervención policial fue “más parecida a una cacería que a la búsqueda del orden en la vía pública”, según expresó un comunicado de los curas villeros difundido tras el hecho.
En su pronunciamiento, los sacerdotes recordaron que no es la primera vez que alertan sobre el accionar desmedido de la fuerza porteña y señalaron que la violencia institucional se agrava en un contexto de abandono estatal y falta de políticas de seguridad serias. “Es inadmisible que el Estado actúe matando gente”, afirmaron, y exigieron justicia tanto por González como por Vargas, además de reclamar una presencia policial que no genere violencia ni agitación en los barrios populares.
Los datos respaldan la preocupación. Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), desde su creación en 2017 la Policía de la Ciudad acumula 169 víctimas de gatillo fácil, lo que la convierte en la fuerza más letal del país en términos proporcionales. La Policía Bonaerense, con una dotación cuatro veces y media mayor, registra 505 casos en el mismo período, lo que evidencia una tasa de letalidad significativamente más baja. María del Carmen Verdú, referente de CORREPI, explicó que más del 80 por ciento de los casos cometidos por la Policía de la Ciudad ocurren fuera del horario de servicio, un porcentaje superior al promedio nacional, que ronda el 70 por ciento. Verdú sostiene que la fuerza porteña opera con un nivel de autonomía y discrecionalidad que favorece prácticas violentas, especialmente en barrios vulnerables donde la presencia policial se asocia más a la represión que a la prevención del delito.
Matías Busso, presidente de la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI), señaló que la Policía de la Ciudad nació con un amplio consenso político, pero rápidamente se transformó en una fuerza “altamente politizada e identificada con el partido gobernante en la Ciudad”. Según Busso, el endurecimiento del discurso oficial en materia de seguridad derivó en una utilización de la fuerza como herramienta represiva, lo que explicaría sus elevados índices de letalidad.
Mientras tanto, la familia de Víctor Vargas enfrenta el dolor de una pérdida que consideran injusta y evitable. Su madre y su hermana viajaron desde el interior para acompañarlo en sus últimas horas de vida. Vargas, padre de un adolescente, vivía en un hotel del barrio de Constitución y realizaba changas para subsistir. Su muerte, como la de Gabriel González días antes, reaviva un reclamo que se repite en cada movilización: justicia, control civil sobre las fuerzas de seguridad y políticas públicas que garanticen que ningún vecino sea víctima de la violencia estatal.
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