Política | Se agrava la crisis habitacional

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Se cuadruplicaron las personas en calle

La expansión de la situación de calle en Argentina expone el agravamiento de una crisis habitacional estructural atravesada por la recesión económica, el encarecimiento del acceso a la vivienda y la redefinición de las políticas públicas. Mientras el relevamiento oficial del Ministerio de Capital Humano contabilizó 9.421 personas en situación de calle sin incluir a cinco provincias, el Tercer Censo Popular registró 11.892 solo en la Ciudad de Buenos Aires, en contraste con los 2.962 casos que había arrojado el Censo de 2022, cuatro veces más. Por Mailén González Buenos Aires, 20 de noviembre de 2026. El fenómeno alcanza a trabajadores informales, jubilados y hogares que perdieron su techo en los últimos dos años, en un escenario donde el déficit habitacional ronda los 3,2 millones de viviendas y la transferencia de responsabilidades dispuesta por el Decreto 373/2025 tensiona la aplicación de la Ley nacional 27.654 y la normativa porteña vigente.

Las mediciones recientes reflejan tanto el crecimiento del problema como las brechas de registro entre el Estado nacional y los relevamientos territoriales. En abril de este año, el Ministerio de Capital Humano difundió los resultados de su primer relevamiento nacional, ejecutado entre noviembre y diciembre de 2025, con un total de 9.421 personas en situación de calle. Sin embargo, el agregado estadístico dejó afuera a Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego, jurisdicciones que en conjunto reúnen más del 45% de la población nacional. A esa exclusión se suman las discrepancias frente a las mediciones impulsadas por espacios sociales y académicos: a mediados de 2025, el Tercer Censo Popular, coordinado por más de cincuenta organizaciones —entre ellas Proyecto 7, el CELS, ACIJ y UTE— junto a cientos de voluntarios, contabilizó 11.892 personas en situación de calle únicamente en territorio porteño, una cifra que supera el total oficial informado para el resto del país relevado.

Cuando esos registros se contrastan con la serie del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el salto cuantitativo resulta marcado. El Censo 2022 había identificado a 2.962 personas viviendo en la calle en todo el territorio nacional, de las cuales 961 correspondían a la provincia de Buenos Aires y 903 a la Ciudad de Buenos Aires. Lejos de limitarse a una discusión metodológica sobre el conteo, la magnitud de los números actuales coincide en señalar un proceso de expansión reciente en un marco de contracción del mercado laboral, pérdida del poder adquisitivo y repliegue de los programas sociales, factores que elevan el nivel de exposición a violencias y riesgos vitales, tal como advierte el Registro Unificado de Violencias (RUV), elaborado por la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle y la Facultad de Psicología de la UBA, que contabilizó 147 muertes de personas en situación de calle en 21 de las 24 provincias entre agosto de 2024 y agosto de 2025.

Uno de los rasgos más salientes de los estudios disponibles es la antigüedad en la calle, que sugiere una incorporación reciente al fenómeno vinculada a la dinámica económica de 2023 a 2025. El 59% de las personas relevadas lleva menos de dos años en esa condición y el 9% lleva menos de un mes. Milagros Dolabjian, integrante del Equipo de Capital Humano y Bienestar del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, sostiene que hablar de nuevos perfiles de expulsión residencial obliga a reconocer que la situación de calle también puede alcanzar a sectores trabajadores y a hogares que hasta hace poco lograban sostener una solución habitacional, pero que quedan vulnerables frente a la caída de los ingresos reales y al encarecimiento de la vivienda.

Los datos del relevamiento nacional también matizan los estereotipos habituales en torno a quiénes viven en la calle. Según esa medición, el 83% son varones y el 17% mujeres, aunque las organizaciones sociales señalan que la presencia femenina suele estar subregistrada porque muchas mujeres evitan los paradores por temor a sufrir violencia sexual. A su vez, el 90% cuenta con DNI, el 53% desarrolla alguna actividad laboral informal o precaria, el 56% recibe una transferencia social y el 30% percibe un ingreso previsional. Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Lorences advierte sobre la presencia creciente de personas ocupadas que no logran pagar un techo, una situación que califica como alarmante por su novedad y magnitud. Dolabjian coincide en que tener un empleo —en especial en la informalidad, el cuentapropismo o con ingresos variables— no asegura estabilidad ni margen de ahorro cuando el costo de alquilar, pagar expensas, afrontar servicios o reunir los gastos de ingreso sube por encima de los salarios, un proceso que se aceleró tras la derogación de la Ley de Alquileres en diciembre de 2023 y la posterior desregulación del mercado inmobiliario.

La pérdida del alojamiento se inscribe en un déficit habitacional de larga data que las estimaciones basadas en datos del INDEC ubican en torno a los 3,2 millones de viviendas. En las estadísticas oficiales, las viviendas deficitarias presentan carencias como pisos de tierra o ladrillo suelto, falta de agua por cañería dentro de la vivienda o ausencia de inodoro con descarga de agua, mientras que la tenencia irregular refleja situaciones de inestabilidad jurídica y vulnerabilidad residencial. Registros históricos de 2001 y 2010 muestran que millones de personas convivieron con viviendas deficitarias o tenencia irregular a lo largo de las últimas décadas, lo que confirma un piso estructural de exclusión que se profundiza en los ciclos recesivos y traslada a más familias desde el hacinamiento o la precariedad habitacional hacia la calle.

Ese escenario convive con tensiones normativas y administrativas sobre quién garantiza la asistencia. En el plano legal, rigen la Ley nacional 27.654 de Abordaje Integral de las Personas en Situación de Calle, sancionada en 2021 para resguardar derechos básicos y crear el Registro Nacional, y en el ámbito porteño la Ley 3706. Sin embargo, el Decreto 373/2025 redefinió el rol del Estado nacional como instancia de rectoría y coordinación y transfirió a las provincias y a la Ciudad la responsabilidad directa de la atención, desarmando programas nacionales sin asegurar recursos equivalentes ni capacidades homogéneas de seguimiento. Mientras Dolabjian señala la importancia de la cercanía territorial de los gobiernos locales dentro de una política pública federal articulada para no sobrecargar a las provincias y a las organizaciones comunitarias, Lorences observa que en la práctica la Ciudad de Buenos Aires ya venía operando sin cambios normativos sustanciales respecto de su marco vigente.


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