Política | Personas a la intemperie

24/04

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El peso de las reformas libertarias

El primer relevamiento nacional sobre personas en situación de calle realizado por el Ministerio de Capital Humano puso en cifras una problemática que se profundizó en los últimos años y que refleja con crudeza el impacto de la crisis económica en la cuestión social. Según los datos oficiales, 9.421 personas fueron identificadas en 19 jurisdicciones, aunque la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, no participó del estudio. Lo más llamativo es que casi el 60% de quienes hoy viven en la calle quedaron en esa situación en los últimos dos años, un indicador que muestra cómo la coyuntura económica y social empuja cada vez a más personas hacia la exclusión. Por Mailén González
Buenos Aires, 24 de abril de 2026. El relevamiento se llevó a cabo en espacios públicos y en dispositivos de alojamiento transitorio, y de las casi 7.900 personas que respondieron el cuestionario, el 32% lleva más de dos años en la calle, mientras que el resto se distribuye en períodos más recientes, con un 18% entre uno y dos años, un 19% entre seis meses y un año, y un 9% que apenas lleva días en esa condición. La mayoría son varones (83%) y adultos mayores de 18 años (92%), aunque también se identificaron 526 menores de edad, lo que expone la vulnerabilidad de familias enteras que quedaron sin techo. El 52% de los encuestados tiene la primaria completa pero no logró finalizar el secundario, y más de la mitad realiza alguna actividad laboral, aunque en condiciones precarias. El 56% percibe transferencias sociales, el 30% ingresos previsionales y un 8% otros ingresos, lo que demuestra que incluso con algún tipo de ayuda o trabajo, la falta de vivienda se convierte en un destino inevitable para muchos.

El ministerio señaló que los perfiles son heterogéneos y que detrás de cada caso hay trayectorias de exclusión prolongada, vínculos familiares rotos, problemas de salud y consumo problemático. La crisis económica, con la inflación persistente y la caída del empleo formal, se traduce en un aumento de la población en situación de calle, que encuentra en la intemperie la última estación de un proceso de deterioro social. La decisión del Gobierno nacional de transferir en 2025 la responsabilidad de la asistencia a las provincias y municipios busca un abordaje más cercano, pero también abre interrogantes sobre la capacidad de cada distrito para dar respuestas efectivas en un contexto de recursos limitados.

Las organizaciones sociales, por su parte, cuestionan la metodología oficial y aseguran que las cifras son aún más altas. Proyecto 7 y otras entidades realizaron en septiembre de 2025 el tercer censo popular en la Ciudad de Buenos Aires y contabilizaron 11.892 personas viviendo en las calles porteñas, casi 2.500 más que las que el relevamiento nacional identificó en todo el país. El trabajo de estas organizaciones se realiza con cientos de voluntarios que recorren los barrios a pie durante varios días, lo que les permite detectar situaciones que muchas veces quedan fuera de los registros oficiales. Para Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, el relevamiento oficial es apenas una foto parcial que no refleja la magnitud del problema, especialmente porque no incluye a todas las provincias.

La crisis económica no solo se mide en índices macroeconómicos, sino en la vida cotidiana de quienes quedaron fuera del sistema. La caída del consumo, el encarecimiento de los alquileres y la falta de políticas sostenidas de vivienda generan un círculo vicioso que expulsa a miles de personas hacia la calle. El hecho de que casi seis de cada diez hayan llegado a esa situación en los últimos dos años muestra que no se trata de un fenómeno estructural de larga data, sino de una consecuencia directa de la coyuntura reciente. La exclusión se acelera y se multiplica, y las respuestas estatales y comunitarias parecen insuficientes frente a la magnitud del problema.

La cuestión social se vuelve más compleja cuando se observa que la mayoría de las personas relevadas tiene DNI, algún tipo de ingreso y en muchos casos vínculos laborales, aunque informales. No se trata únicamente de personas desvinculadas del sistema, sino de ciudadanos que, aun con algún grado de inserción, no logran sostener un techo. La crisis económica erosiona las bases de la vida cotidiana y convierte en frágil lo que antes parecía seguro. La calle se transforma en el escenario visible de esa fragilidad.

La Feria del Libro, los grandes espectáculos y los eventos culturales que llenan la agenda de Buenos Aires conviven con esta otra realidad, menos visible pero igualmente contundente. El contraste entre la vitalidad cultural y la precariedad social es una muestra de las contradicciones de un país que, mientras celebra su producción artística, enfrenta una crisis que deja a miles sin hogar. La cuestión social se instala como un desafío urgente, y el relevamiento oficial, más allá de sus limitaciones, aporta datos que permiten dimensionar el impacto de la crisis económica en la vida de las personas.

La problemática de las personas en situación de calle no es nueva, pero la aceleración de los últimos años obliga a repensar las políticas públicas y a reforzar la articulación entre Estado y organizaciones sociales. La transferencia de responsabilidades a las provincias y municipios puede ser una oportunidad para un abordaje más cercano, pero también un riesgo si no se acompaña con recursos suficientes. En definitiva, el relevamiento nacional expone que la crisis económica no solo se traduce en números, sino en vidas que se desmoronan, en familias que pierden su hogar y en una sociedad que se enfrenta al desafío de no naturalizar la exclusión. La calle, como último refugio, se convierte en el espejo más crudo de la desigualdad y en el recordatorio de que la cuestión social es, hoy más que nunca, el corazón del problema argentino.


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