Buenos Aires, 24 de abril de 2026. El debate suele centrarse en la disputa de responsabilidades entre el gobierno de la Ciudad y el gobierno nacional. El 91% de los detenidos corresponde a la Justicia Nacional, que debería derivarlos al Servicio Penitenciario Federal, pero la insuficiencia de plazas en ese sistema termina trasladando la carga a las alcaidías y comisarías porteñas. El Ejecutivo de la Ciudad, por su parte, ha intentado responder con la creación de alcaidías, pero la ampliación de capacidad no resolvió el problema estructural: cada vez que se incorporaron nuevas plazas, la sobrepoblación las absorbió. En noviembre de 2025 se alcanzó un pico histórico con 2.002 personas alojadas en alcaidías sobre una capacidad de 1.305 plazas.  

La reducción de comisarías activas de 28 a 14 en octubre de 2025 produjo una leve mejora estadística, pero no disminuyó el total de detenidos. La sobrepoblación consolidada osciló entre 856 y 1.056 personas en el período analizado, con alcaidías operando entre un 42% y un 60% por encima de su capacidad y comisarías entre un 79% y un 95%. Además, cada mes se registró un grupo de personas “en espera de alojamiento”, retenidas en oficinas o depósitos, que varió entre 88 y 216 individuos.  

El tiempo de permanencia en estos espacios, concebidos como transitorios, supera ampliamente lo previsto. En alcaidías, el promedio osciló entre 138 y 193 días, con casos que superaron los cuatro años. En comisarías, el promedio fue de entre 49 y 63 días, con máximos de hasta 432 días. Al 31 de enero de 2026, 178 personas llevaban más de un año detenidas en dependencias de la Policía de la Ciudad. Esta situación no puede atribuirse únicamente a la falta de cupo en el Servicio Penitenciario Federal, lo que revela fallas en la gestión de los procesos judiciales y en la articulación institucional.  

Otro dato relevante es que entre el 79% y el 86% de los detenidos carecía de condena firme. En enero de 2026, el 59,6% estaba procesado y el 26,5% imputado, mientras que solo entre el 14% y el 21% eran condenados. Esto implica que la mayoría de las personas privadas de libertad en la Ciudad no accede a programas de educación, trabajo o progresividad de la pena, derechos contemplados en la Ley 24.660. La PPN advierte que esta situación vulnera estándares internacionales y profundiza la exclusión.  

El perfil demográfico de los detenidos se mantiene estable: entre el 95% y el 96% son varones, con una edad promedio de 34 años. La franja de 21 a 40 años concentra más del 70% del total, y el segmento de hasta 30 años representa cerca del 40%. La mayoría son residentes de la Ciudad, proporción que creció del 71% al 81% entre agosto de 2025 y enero de 2026, mientras que los provenientes de la Provincia de Buenos Aires disminuyeron. Entre los extranjeros, predominan las nacionalidades peruana, paraguaya, colombiana y chilena.  

Un indicador que conecta la crisis penitenciaria con la cuestión social es el aumento de personas en situación de calle al momento de la detención. En noviembre de 2025 representaban el 6,8% del total, y en diciembre y enero ascendieron al 10,4%, lo que equivale a unas 248 personas. Este dato refleja cómo la exclusión social y la falta de políticas de vivienda terminan derivando en mayor vulnerabilidad frente al sistema penal.  

En cuanto a los motivos de detención, los delitos contra la propiedad son ampliamente dominantes, con entre el 67% y el 70% del total. Le siguen los delitos contra la integridad sexual, que se mantienen en niveles altos aunque con una leve baja, y luego los delitos contra las personas y contra la administración pública. Este perfil muestra que el sistema aloja principalmente a personas acusadas de robos, hurtos o daños, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia de las políticas de seguridad y prevención.  

La sanción de la Ley que crea el Sistema Penitenciario de la Ciudad abre una expectativa de cambio, aunque todavía se están dando los primeros pasos para su implementación y no hay fecha cierta de finalización de las obras en el predio de Marcos Paz. Mientras tanto, la gestión porteña parece enfocada en reorganizar la distribución de la sobrepoblación más que en resolver sus causas. La Procuración Penitenciaria advierte que la emergencia no puede sustituir a una política penitenciaria integral, y que la persistencia de estos niveles de hacinamiento vulnera derechos básicos y compromete la capacidad del sistema para cumplir su función.  

La sobrepoblación penitenciaria en la Ciudad de Buenos Aires es, en definitiva, un problema de gestión pública que trasciende la disputa de responsabilidades entre jurisdicciones. Los datos muestran que no se trata de un colapso repentino, sino de un funcionamiento sostenido por fuera de los parámetros legales y humanitarios. Resolverlo exige más que parches coyunturales: requiere una política penitenciaria que articule al sistema federal y al porteño, que amplíe la capacidad de alojamiento y que garantice derechos básicos a las personas privadas de libertad. Mientras eso no ocurra, la sobrepoblación seguirá siendo un síntoma de las falencias estructurales de la gestión pública en materia de seguridad y justicia.  

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