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Objeción del ENACOM

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) frenó el proceso de privatización de los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires al advertir que la licitación impulsada por el gobierno de Jorge Macri viola la legislación vigente. A través de un documento oficial fechado el 10 de abril, el organismo regulador señaló que la concesión de las radios La Once Diez y La 2X4, junto al Canal de la Ciudad, contradice el principio de indelegabilidad de las licencias de radiodifusión establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 y en su decreto reglamentario 1225/2010. La advertencia fue firmada por el interventor Juan Martín Ozores y notificada formalmente al jefe de Gobierno porteño, quien decidió postergar la apertura de sobres hasta el 12 de mayo. Por Mailén González Buenos Aires, 1 de mayo de 2026. El ENACOM fundamentó su objeción en el artículo 44 de la ley, que prohíbe transferir la titularidad de las licencias, vender espacios de programación, celebrar contratos de exclusividad con empresas publicitarias o productoras de contenidos y otorgar mandatos que permitan la sustitución de los titulares en las operaciones de transmisión. Según el organismo, el pliego licitatorio elaborado por el gobierno porteño otorga a los futuros concesionarios facultades que constituyen una transferencia prohibida de competencias, lo que podría derivar en sanciones administrativas graves, incluyendo la revocación de las licencias.  

La advertencia del ENACOM es contundente: si el proceso continúa en los términos actuales, el organismo quedará obligado a iniciar procedimientos sancionatorios contra los adjudicatarios y contra el propio gobierno de la Ciudad. La normativa contempla sanciones por violación al principio de indelegabilidad y penalidades que pueden llegar hasta la pérdida definitiva de las licencias de radiodifusión. Esta intervención abre un nuevo frente de conflicto para el Ejecutivo porteño, que ya enfrenta el rechazo de bloques legislativos opositores, la resistencia gremial del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la CABA (SUTECBA) y demandas judiciales impulsadas por los trabajadores de los medios públicos.  

La apertura de propuestas técnicas y económicas, prevista originalmente para el 20 de abril, fue diferida tres semanas mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial porteño y firmada por el director general de Concesiones y Permisos, Agustín González Calderón. El gobierno justificó la prórroga en “diversas solicitudes de empresas interesadas” que alegaron la complejidad de la documentación requerida. Según las autoridades, extender el plazo permitirá mayor participación de oferentes y redundará en una mejor selección de propuestas. Los precios base fijados se mantienen: 1,23 millones de canon mensual para las radios y 10,75 millones para el canal de televisión.  

En defensa de la concesión, el gobierno de Jorge Macri sostiene que busca garantizar una gestión “profesional, moderna y eficiente” de los medios públicos sin poner en riesgo su función social y cultural. En el caso de la radio 2X4, se asegura que deberá mantener su enfoque en el tango y la música popular argentina, con al menos un 70% de música nacional en su programación. Para el jefe de Gobierno, entregar la gestión a manos privadas significa dejar de financiar su operación con impuestos y permitir que el Estado se concentre en otras prioridades. “No tiene sentido usar los recursos de los porteños para financiar lo que el sector privado puede hacer mejor y sin costarle un peso a los vecinos”, afirmó.  

Sin embargo, los trabajadores denuncian que se trata de una “privatización encubierta” y advierten que el futuro laboral de unas 500 personas es incierto, ya que los pliegos no obligan a las empresas adjudicatarias a sostener la operación con el mismo personal. El documento aclara que el personal de la concesión carecerá de relación con el gobierno porteño y que las indemnizaciones por despido o accidentes deberán ser afrontadas por los concesionarios. Ante esta situación, los trabajadores presentaron una demanda en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, a cargo de la jueza Macarena Marra Giménez, para obtener una medida cautelar que frene el proceso.  

Además, organizaciones sociales y culturales presentaron un oficio judicial para que se declare la inconstitucionalidad de la omisión del Ejecutivo porteño en la creación de un ente autárquico administrador de los medios, tal como lo establece el artículo 47 de la Constitución de la Ciudad. Reclaman que se sancione una ley de medios públicos que garantice pluralidad política y participación consultiva de entidades y personalidades de la cultura y la comunicación.  

La advertencia del ENACOM, sumada a la presión gremial y a las demandas judiciales, coloca al gobierno de Jorge Macri en una encrucijada. La licitación de los medios públicos, concebida como una estrategia para reducir gastos y modernizar la gestión, enfrenta ahora un panorama de incertidumbre legal y política. Mientras tanto, las empresas interesadas en participar del proceso deberán evaluar el riesgo de involucrarse en una concesión que el organismo regulador nacional considera ilegal y que podría derivar en sanciones severas.  

El futuro de las radios La Once Diez y La 2X4, junto al Canal de la Ciudad, queda así en suspenso, en medio de un conflicto que expone las tensiones entre la autonomía de la Ciudad y las competencias del Estado nacional en materia de comunicación. La nueva fecha de apertura de sobres, fijada para el 12 de mayo, será un momento clave para definir si el gobierno porteño insiste en avanzar con la concesión o si decide revisar el proceso ante las advertencias y las crecientes resistencias.

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