Política | Empleados públicos

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Salarios a la baja

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires continúa erosionando el poder adquisitivo de los trabajadores, mientras los aumentos salariales pactados en las paritarias se mantienen por debajo de la suba de precios. Con un incremento anual del 31,8 % en 2025 y salarios que apenas crecieron un 26,2 %, gran parte de los empleados públicos porteños se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Por Mateo Salvo Buenos Aires, 23 de enero de 2026. El 20 de enero de 2026, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) volvió a denunciar que las políticas salariales del gobierno de Jorge Macri consolidan un escenario de pérdida de ingresos y precarización laboral. Según el Instituto de Estadística de la Ciudad, la inflación acumulada en 2025 fue del 31,8 %, mientras que los aumentos salariales apenas alcanzaron el 26,2 %. A esto se sumó una suma fija no remunerativa de 60.000 pesos, congelada desde agosto de 2024, que no impacta en aguinaldo ni adicionales. Si se hubiera actualizado según la inflación, debería haber llegado a 265.000 pesos en diciembre de 2025, lo que evidencia la magnitud de la pérdida del poder adquisitivo.

La paritaria porteña acordó incrementos que continúan siendo insuficientes frente a la inflación proyectada para los próximos meses. Estimaciones del Banco Central anticipan una inflación mensual del 2,1 % en enero, 1,9 % en febrero, 2,0 % en marzo y 1,9 % en abril, lo que augura una nueva licuación de los salarios. En este contexto, ATE reclama un aumento retroactivo del 4,2 % a diciembre para al menos empatar la inflación del año pasado.

La situación se agrava por el crecimiento sostenido de las contrataciones precarizadas dentro del Gobierno de la Ciudad. Cada vez más trabajadores son incorporados mediante tercerizaciones o contratos de monotributo, lo que implica la negación de derechos básicos como aguinaldo, aportes jubilatorios y licencias. Además, perciben salarios menores por realizar las mismas tareas que quienes integran la planta permanente. La propuesta oficial para este sector fue de un 7 % en febrero, lo que tampoco compensa la pérdida acumulada.

El aumento del presentismo, que pasó de 20.000 a 50.000 pesos, tampoco resulta suficiente. No alcanza a todos los trabajadores y no contempla situaciones extraordinarias como enfermedades, accidentes o licencias justificadas. Lo mismo ocurre con las asignaciones por nacimiento o escolaridad, cuyos incrementos fueron mínimos y solo benefician a una parte de los empleados.

Los datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (IDECBA) confirman la gravedad del panorama. En diciembre de 2025, la línea de pobreza se ubicó en 1.346.876 pesos y la de indigencia en 726.569 pesos. Esto significa que una parte significativa de los trabajadores porteños percibe ingresos por debajo de los niveles mínimos necesarios para vivir dignamente. La brecha entre salarios y costo de vida se amplía mes a mes, generando un deterioro sostenido en las condiciones de vida.

Buenos Aires es una de las ciudades más ricas de América Latina, con un presupuesto comparable al de capitales europeas. Sin embargo, la gestión pública muestra signos de achicamiento y deterioro. La combinación de pérdida salarial, precarización laboral y políticas de ajuste impacta directamente en quienes sostienen el funcionamiento del Estado y en los servicios que reciben los vecinos. Organizaciones gremiales y sociales advierten que, de continuar esta tendencia, se profundizará la crisis social y económica en la Ciudad.

La inflación y la caída de los salarios configuran un escenario de creciente desigualdad. Mientras los precios de bienes y servicios básicos continúan en alza, los ingresos de los trabajadores se estancan o retroceden. La suma fija congelada, los aumentos insuficientes y la expansión de la precarización laboral son síntomas de un modelo que, según los gremios, empuja al hambre y la pobreza a miles de familias porteñas. Frente a este panorama, las organizaciones sindicales insisten en la necesidad de un plan integral que garantice aumentos reales, estabilidad laboral y políticas públicas que protejan a los trabajadores y trabajadoras de la Ciudad.


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