Política | Salud arancelada

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Los derechos te los debo

La Ciudad de Buenos Aires anunció que a partir de 2026 los extranjeros sin DNI argentino deberán pagar por la atención médica en los hospitales públicos porteños, mientras que los residentes locales tendrán prioridad en el acceso. La medida, impulsada por el jefe de Gobierno Jorge Macri, generó un fuerte debate político y social en torno al derecho a la salud y las políticas migratorias vigentes. Por Mailén González
Buenos Aires, 6 de febrero de 2026. El anuncio se realizó el 29 de enero de 2026 a través de las redes sociales del propio jefe de Gobierno, quien respondió a un usuario que cuestionaba si las mejoras en el sistema de salud porteño podían atraer a pacientes extranjeros. En ese contexto, Macri fue categórico: “La época en la que los extranjeros se atendían gratis se terminó”. La decisión implica que quienes no cuenten con DNI argentino deberán abonar por las prestaciones médicas recibidas en los hospitales públicos de la Ciudad, mientras que los porteños tendrán prioridad en turnos y consultas. 

La medida se inscribe en un proceso más amplio de endurecimiento de las políticas migratorias en Argentina. En diciembre de 2025 el Gobierno nacional había promulgado el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, que estableció que los inmigrantes en situación irregular, así como los residentes transitorios y temporarios, deben pagar por los servicios de salud pública nacional y contar con un seguro médico para ingresar al país. El mismo decreto incluyó el arancelamiento universitario para extranjeros no residentes, restricciones en la concesión de residencias y la deportación obligatoria de quienes cometan delitos en territorio argentino.  

En el plano local, la Ciudad de Buenos Aires ya había dado un primer paso en febrero de 2024, cuando se estableció la prioridad para los residentes porteños en el otorgamiento de turnos programados y consultas no urgentes. La nueva disposición profundiza esa política y se suma a lo que ya ocurre en provincias como Jujuy, Salta, Santa Cruz y Mendoza, donde también se cobra por la atención médica a personas sin residencia permanente.  

El anuncio generó una inmediata polémica. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, cuestionó duramente la decisión y calificó a Jorge Macri de “mezquino”. En su réplica, Kreplak recordó que la Ciudad cuenta con hospitales construidos por la Nación y con centros de salud de obras sociales nacionales, que atienden a millones de personas que ingresan diariamente a trabajar en la Capital. “El intendente tiene la mezquindad de definir a quién atender y a quién no. Qué vida vale y cuál no”, expresó el funcionario bonaerense.  

La discusión se intensificó en redes sociales luego de que Macri celebrara la primera cirugía fetal realizada en un hospital público porteño. Ante comentarios que advertían que este tipo de avances podían atraer más pacientes extranjeros, el jefe de Gobierno ratificó su postura: “A todos los que no tienen DNI argentino se les cobra y, por primera vez en la historia, los porteños tienen prioridad. Era cuestión de decisión política”.  

La diputada nacional Silvia Lospennato también intervino en el debate, apuntando contra la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. “Si el gobernador necesita que el Pro de la Ciudad le mande un buen equipo para gestionar la salud de los bonaerenses, que nos avise. Caso contrario, haga bien su trabajo y no pretenda que Jorge Macri le resuelva sus problemas”, señaló. Además, acusó al kirchnerismo de no garantizar seguridad, salud ni educación de calidad en la provincia.  

El trasfondo de la medida refleja tensiones históricas entre la Ciudad y la Provincia en torno al acceso a la salud pública. Buenos Aires recibe diariamente a miles de pacientes provenientes de otras jurisdicciones, lo que genera una sobredemanda en hospitales y centros de atención. Para el Gobierno porteño, la decisión busca ordenar el sistema y priorizar a quienes viven en la Capital. Para sus críticos, en cambio, se trata de una política discriminatoria que vulnera el derecho universal a la salud.  

La discusión sobre el acceso a la atención médica de los extranjeros se enmarca en un debate más amplio sobre el modelo de país y el rol de las políticas migratorias. Mientras algunos sectores defienden la necesidad de establecer límites y aranceles para garantizar la sostenibilidad del sistema, otros advierten que estas medidas pueden profundizar desigualdades y generar exclusión. En cualquier caso, la decisión de la Ciudad de Buenos Aires marca un punto de inflexión en la relación entre salud pública y migración, y anticipa que el tema seguirá siendo eje de controversias en los próximos meses.  



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