Política | Traspaso judicial
13/02
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Oposición sindical
La protesta repudia el Decreto 95/2026, publicado en el Boletín Oficial, que delegó en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la facultad de suscribir convenios de transferencia. El 10 de febrero, Adorni rubricó junto al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, un acuerdo que dispone el traspaso paulatino de la Justicia laboral a los fueros de la Capital Federal. Según el convenio, las nuevas causas laborales quedarán bajo jurisdicción de la Ciudad una vez que el Congreso y la Legislatura porteña aprueben el traspaso, mientras que las causas en trámite continuarán en la Justicia Nacional hasta agotar instancias.
El secretario general de la UEJN, Julio Piumato, calificó la iniciativa como “un nuevo intento de disolución del fuero del trabajo” y denunció que “en tiempo récord salió un decreto que le da al jefe de Gabinete las facultades para firmar convenios de transferencia de competencia del fuero del trabajo a la Justicia de la Ciudad”. Para el dirigente, la decisión es “inaceptable y contraria a la Constitución, a las leyes, a los derechos de los trabajadores y de los judiciales, tanto empleados como magistrados y funcionarios”.
Piumato anticipó que el gremio continuará con ceses de tareas y movilizaciones frente al Palacio de Tribunales en la Ciudad de Buenos Aires, donde además reclamarán por recomposición salarial y contra la reforma laboral. “Vamos a defender el fuero de los trabajadores, la independencia de la Justicia que necesita nuestra Argentina y nuestra Constitución nacional”, sostuvo, y advirtió que “no nos vamos a quedar con los brazos cruzados mientras se desmonta algo que es fundamental para el ejercicio de la dignidad, la libertad y la justicia de todos los trabajadores argentinos y de los judiciales en particular”.
Para la UEJN, el traspaso forma parte de un plan más amplio para “quitar derechos, debilitar la protección legal de los trabajadores en beneficio de los grandes grupos económicos y poner de rodillas a la Justicia del Trabajo, un fuero conquistado con años de lucha y organización sindical”. El gremio subraya que la Justicia laboral es “una herramienta fundamental para equilibrar la relación entre capital y trabajo, y que atacar el fuero equivale a atacar directamente los derechos de toda la clase trabajadora”.
El gobierno de Jorge Macri celebró el acuerdo como un “nuevo hito en la autonomía de la Ciudad”. El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, afirmó en sus redes sociales: “Firmamos el convenio para que el gobierno nacional nos transfiera las competencias sobre la Justicia Laboral. Un servicio de justicia propio, ágil y moderno que le va a permitir a los ciudadanos resolver sus conflictos individuales más rápido y con más previsibilidad para las partes”. El texto ya fue remitido al Senado de la Nación para su tratamiento y deberá contar con la aprobación del Congreso y de la Legislatura porteña, que retomará sus sesiones ordinarias el 1° de marzo.
El debate por la transferencia de competencias de la Justicia laboral a la Ciudad acumula más de tres décadas, desde la reforma constitucional de 1994 que otorgó autonomía al distrito. Sin embargo, en los últimos meses la posibilidad de concretar el traspaso cobró nuevo impulso, especialmente tras la inclusión en el proyecto de reforma laboral de un artículo que establece la “vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo” hasta que se instrumente el acuerdo de transferencia.
El convenio establece que el Gobierno de la Ciudad deberá avanzar en un plazo máximo de 180 días con el proceso de selección de jueces e integrantes del Ministerio Público para el nuevo fuero laboral, así como asignar las partidas presupuestarias necesarias hasta que se complete la transferencia progresiva de recursos desde Nación. La Justicia federal, en tanto, mantendrá competencias en conflictos colectivos de trabajo, negociación colectiva, medidas de acción sindical, asociación sindical y causas laborales en las que sea parte o tercero interesado el Estado nacional.
Durante ese período de transición, la Justicia Nacional continuará tramitando las causas iniciadas hasta que se cumpla el plazo de 180 días o se complete la designación de jueces en la Ciudad. La ejecución de las sentencias definitivas dictadas en esas causas quedará en manos del nuevo fuero laboral porteño.
El trasfondo político del acuerdo refleja la sintonía entre el gobierno nacional de Javier Milei y la administración porteña de Jorge Macri, más allá de diferencias personales y disputas por el control político de la Ciudad. El pacto se inscribe en las negociaciones que el ministro del Interior, Diego Santilli, llevó adelante para garantizar la aprobación de la reforma laboral en el Senado y su próximo tratamiento en Diputados.
La tensión entre Nación, Ciudad y gremios judiciales anticipa un escenario de conflictividad creciente. Mientras el oficialismo celebra el avance hacia una mayor autonomía porteña, los sindicatos advierten que se trata de un ataque directo a los derechos laborales y a la independencia de la Justicia. En los próximos días, la UEJN volverá a las calles con nuevas medidas de fuerza, en defensa de un fuero que consideran esencial para la protección de los trabajadores.
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