Buenos Aires, 30 de enero de 2026. La Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires fue sometida a evaluación por parte de la Auditoría General porteña con el objetivo de analizar los procesos de seguimiento de la calidad de los cuerpos de agua durante la gestión 2024. El resultado del informe, difundido en enero de 2026, expuso una serie de incumplimientos que comprometen la aplicación de la Ley 3295 de Gestión Ambiental del Agua y que reflejan un déficit en las políticas de control y remediación.  

Uno de los puntos más relevantes señalados por la AGCBA es que la APRA no elaboró un inventario total de las cuencas hídricas de la Ciudad. Este registro es fundamental para conocer el estado de los ríos, arroyos, lagos y lagunas que forman parte del dominio público. En su defensa, la Agencia sostuvo que no tiene entre sus funciones la obligación de confeccionar dicho inventario y que la información es suministrada por la Dirección General Sistema Pluvial. Sin embargo, para la Auditoría, esta omisión representa un incumplimiento legal y limita la capacidad de diseñar políticas de monitoreo y saneamiento.  

El informe detalló que la cuenca hídrica de la Ciudad está compuesta por dos ríos interjurisdiccionales, el Río de La Plata y el Riachuelo, trece arroyos, nueve lagos en espacios verdes y una laguna. Entre los arroyos figuran el Maldonado, Medrano, Cildáñez, Ugarteche, Vega, White, Ochoa, Perdriel, Larrazábal, Erezcano, San Pedrito, Elía y Raggio. Los lagos relevados incluyen Lugano, Soldati, Victoria Ocampo, Planetario, Rosedal, Regatas, Centenario, Saavedra y Darwin, además de la laguna Los Coipos. La ausencia de un inventario actualizado impide contar con un mapa integral de estos cuerpos de agua y dificulta la planificación de acciones de control.  

Otro aspecto crítico es que los procesos de monitoreo físico-químico y microbiológico fueron clasificados como parciales. La APRA no actúa sobre la totalidad de las aguas de dominio público, lo que contradice los Principios Rectores del Acuerdo Federal del Agua. La auditoría también analizó 54 analitos, es decir, sustancias químicas y compuestos específicos presentes en las muestras. De ellos, solo 39 estaban regulados, mientras que 15 carecían de valores referenciales, lo que impide determinar su grado de admisibilidad. El organismo auditado no realiza tareas de investigación y desarrollo para establecer parámetros de referencia, lo que genera un vacío en la evaluación de riesgos ambientales.  

Los resultados del monitoreo mostraron porcentajes preocupantes de sustancias que exceden los límites admisibles. El Lago Lugano, ubicado en la comuna 8, encabezó la lista con un 28,20% de analitos extralimitados. Le siguieron el Arroyo Cildáñez, que atraviesa las comunas 8 y 9, con un 25,64%, y el Arroyo Ugarteche, en la comuna 12, con un 20,50%. Estos datos reflejan un deterioro significativo en la calidad del agua y evidencian la necesidad de medidas urgentes de saneamiento.  

La Ley 3295 establece que la APRA debe intervenir en actividades, proyectos u obras que puedan afectar la calidad de las aguas y ejecutar acciones de remediación a través de la Dirección General Control Ambiental. Sin embargo, ante el pedido de información de la Auditoría, dicha área respondió que no tiene entre sus funciones realizar tareas de saneamiento. Esta contradicción entre las obligaciones legales y las funciones declaradas por los organismos genera un vacío institucional que compromete la gestión ambiental.  

El informe también subrayó la falta de instancias de participación ciudadana. La normativa vigente obliga a la APRA a fijar y actualizar los usos prioritarios y los estándares de calidad de las aguas de dominio público, respetando la participación de los actores sociales involucrados. No obstante, la Auditoría concluyó que la Agencia no cumplió con este requisito, lo que limita la transparencia y la construcción de consensos en torno a las políticas ambientales.  

La situación expuesta por la AGCBA abre un debate sobre la eficacia de los mecanismos de control ambiental en la Ciudad de Buenos Aires. La ausencia de inventarios, el monitoreo parcial, la falta de parámetros de referencia y la escasa participación ciudadana configuran un escenario de debilidad institucional que pone en riesgo la calidad de los recursos hídricos. En un contexto donde el acceso al agua segura es un derecho fundamental, las críticas al desempeño de la APRA reflejan la necesidad de fortalecer las políticas públicas y garantizar una gestión ambiental acorde a los desafíos actuales.  

La auditoría concluyó que la Ciudad debe avanzar hacia un sistema de monitoreo integral, con inventarios actualizados, parámetros claros y procesos participativos que permitan mejorar la calidad de las aguas y proteger la salud de la población. El informe, lejos de ser un documento técnico aislado, se convierte en una advertencia sobre las falencias estructurales de la gestión ambiental porteña y en un llamado a la acción para revertir un problema que afecta directamente a la vida urbana y al patrimonio natural de Buenos Aires.  

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