Investigarán nuevamente la masacre de pompeya

Información general | Ordenaron reabrir los sumarios

07/04

Investigarán nuevamente la Masacre de Pompeya

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré, ordenó reabrir los sumarios a los policías imputados del caso. Por este hecho Fernando Carrera fue condenado a treinta años, aunque siempre proclamó su inocencia. Las autoridades tienen muy fuertes sospechas sobre el armado de la causa por parte de los policías, falsos testimonios y no relevamiento de pruebas. Por Joaquín Ramírez Souto Buenos Aires, 7 de abril de 2012. Se conoció esta semana que, por decisión del Ministerio de Seguridad Nacional, ocho policías que en enero de 2005 integraban las brigadas de las comisarías 34ª y 36ª de la Policía Federal, serán sometidos nuevamente a un sumario administrativo.

Se procurará establecer las conductas que tuvieron en un hecho ocurrido en el barrio de Pompeya el 23 de enero de ese año. Por el caso, conocido como la Masacre de Pompeya, fue condenado a treinta años de prisión Fernando Carrera, un vendedor sin antecedentes penales que con su coche, un Peugeot 205, supuestamente atropelló y mató a tres personas y produjo lesiones graves a otras cuatro, mientras era perseguido y baleado por los policías de las dos brigadas.

Los uniformados argumentaron en su momento que Carrera poco antes había protagonizado un asalto a mano armada y que por esa razón lo perseguían. La ministra Nilda Garré dispuso “dejar sin efecto el sobreseimiento provisional” otorgado a los policías en su momento y ordenó “avanzar en la formulación de los correspondientes reproches administrativos”, en razón de las “graves faltas advertidas” en el accionar de los uniformados durante la instrucción de la causa. Entre los involucrados hay un comisario.

Esas incoherencias podrían llegar a demostrar que es cierto lo que argumentó en su defensa Carrera en el juicio oral donde fue condenado, respecto de que no sólo es inocente respecto del robo que le imputaba la policía, acusación de la que fue absuelto, sino también del triple homicidio y las lesiones múltiples por los que fue condenado, dado que –según afirmó en el juicio– atropelló a las víctimas luego de ser herido por los policías de manera tal, que se desvaneció y perdió el control del vehículo que manejaba, antes de que se produjera la tragedia.

Los defensores de Carrera cree que, a partir del dictamen de la ministra Garré, podría llegar a modificarse la condena, teniendo en cuenta que el texto de la resolución ministerial, al analizar punto por punto las declaraciones de los policías y de algunos testigos civiles, pone en duda la versión oficial que indica que el hombre condenado fue perseguido y baleado porque antes había disparado en contra de los móviles policiales.

De los 18 disparos que presentaba el auto conducido por Carrera, dos habían ingresado por detrás del vehículo, lo que confirmaría su versión de los hechos. Lo llamativo es que los policías que lo persiguieron niegan haber disparado mientras lo seguían y que sólo lo hicieron al detenerse el auto y quedase enfrentado con el móvil policial. Uno de los policías cuya actuación es cuestionada hizo disparos con una pistola de su propiedad cargada con balas de punta hueca, cuyo uso está prohibido para efectivos policiales.

La resolución ministerial le ordena al Departamento Investigaciones Administrativas de la Federal que reabra la investigación que involucra al entonces jefe de la comisaría 34ª, comisario Daniel Enrique Villar, quien estuvo desde el principio a cargo del procedimiento policial, en razón de “las graves faltas advertidas en la debida recolección de los elementos probatorios necesarios para la acreditación de cuanto en verdad aconteciera en la emergencia”. El oficial Villar se encuentra hoy en disponibilidad porque presentó un pedido de retiro voluntario.

Los policías que, junto con Villar, volverán a ser sometidos a sumario administrativo son el subinspector Jorge Daniel Chávez (hoy inspector en la comisaría 32ª), el principal Héctor Alfredo Guevara (subcomisario en la comisaría 13ª), los sargentos Jorge Omar Roldán (sargento primero en la División Robos y Hurtos) y Pedro Daniel Penayo (igual grado en la comisaría 32ª), y los cabos Leoncio Gustavo Calaza (cabo primero en la División Robos y Hurtos), Miguel Arias (baja otorgada el 5 de julio de 2011) y Carlos Alberto Kwiatkwoski (cabo primero en la División Servicios Especiales). La notificación fue dirigida por Garré al jefe de la Federal, comisario general Enrique Rubén Capdevilla.

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