Buenos Aires, 16 de abril de 2021. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, adelantó ayer que la Ciudad presentará un amparo ante la Corte Suprema contra el cierre temporal de las escuelas dispuesto desde el lunes por el Gobierno nacional para contener la segunda ola de coronavirus, aunque pidió una instancia de diálogo previo al presidente Alberto Fernández. Pero no informó qué medidas pensaba adoptar la ciudad para evitar un colapso sanitario, siendo el distrito más afectado del país.

Por otro lado, el alcalde porteño rechazó el despliegue "del Ejército y de las fuerzas federales en las calles de la Ciudad si esto no está coordinado con nosotros y ajustado a las leyes vigentes", en referencia a la decisión de la Nación de desplegar efectivos para controlar el cumplimiento de las nuevas medidas de restricción a la circulación entre las 20 y las 6 de la mañana. Sin embargo no explicó por qué la policía porteña que depende de él no pudo hacer cumplir las restricciones dispuestas hasta ahora, salvo casos puntuales.

"Ayer, el Gobierno nacional decidió romper el mecanismo de diálogo y consenso que veníamos sosteniendo hace más de un año", reclamó Larreta durante la conferencia de prensa que ofreció en la sede del Ejecutivo junto a parte de su Gabinete. No dio razones para justificar que su oposición a medidas restrictivas más enérgicas pone en riesgo al conjunto del conurbano bonaerense.

En ese sentido, consideró que "es la primera vez desde el inicio de la pandemia que están tomando una medida que afecta a millones de personas sin siquiera consultarnos, sin siquiera dialogar un minuto sobre lo que pensaban hacer", y completó: "Esta no es la mejor manera de cuidar la salud de la gente". 

Respecto de la suspensión por 15 días de la asistencia a clases de los alumnos en el Área Metropolitana, sostuvo que su "convicción es que los chicos y chicas tienen que estar el lunes que viene en las aulas y mi responsabilidad es hacer todo lo posible para que eso suceda".

"Tenemos, antes del lunes, tres días para tener el diálogo que no pudimos tener con el Gobierno nacional. Yo le propongo al Presidente reunirnos esta misma tarde para discutir, con la evidencia y con las recomendaciones de los expertos, cómo hacer para que los chicos el lunes estén en las aulas", afirmó.  

No obstante, informó que "también vamos a presentar un amparo ante la Corte Suprema" para frenar la medida y reiteró que su "responsabilidad es hacer todo lo que esté a mi alcance para garantizar las clases presenciales".

"Nuestra posición es que hubiésemos esperado al menos diez días para evaluar el impacto de las decisiones de la semana pasada, que es lo mismo que dijo ayer la Ministra de Salud de la Nación", agregó contra la opinión de sanitaristas y de referentes de los sistemas privados y de obra sociales de la salud.

"Ahora, un Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno nacional tiene fuerza de ley y, por supuesto, está por encima de la legislación local y debe cumplirse", remarcó.

Por el contrario, los gremios docentes respaldaron este jueves la decisión del presidente Alberto Fernández de suspender por 15 días las clases presenciales en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), al considerar que se trata de una medida "en resguardo del cuidado de la salud y de la educación" en el contexto de la propagación de la pandemia del coronavirus.

Entre ellos se encuentran Ctera y Ademys, que coincidieron en valorar las medidas presidenciales anunciadas el miércoles a la noche en virtud de "la protección de los ciudadanos".

"Ctera respalda las medidas que tomó el Presidente de la Nación que son en resguardo del cuidado de la salud y de la educación", se titula el comunicado del sindicato publicado este jueves en las redes sociales.

El texto, firmado por la secretaria general, Sonia Alesso, y el secretario general adjunto, Roberto Baradel, "solicita a los gobiernos provinciales que tienen alta circulación del virus que adhieran a estas medidas para proteger la salud de la población".

"En estos tiempos de mayor circulación del virus, de la aparición de nuevas cepas, de mayores contagios, es imprescindible tomar conciencia de la gravedad del momento y poner todos los esfuerzos en cuidar la salud y la vida de las y los ciudadanos", advirtieron.

Por tal motivo reafirmaron lo expresado "hace dos semanas y en la reunión del Consejo Federal de Educación del día miércoles 14 de abril", cuando se solicitó considerar la "suspensión de la presencialidad en las escuelas en lugares de alto riesgo, donde se generan un alto número de personas que circulan, y donde no se garantizan las mismas condiciones de bioseguridad".

Allí también se puntualizó la preocupación "acerca de los crecientes contagios en jóvenes y niños-as además de los y las docentes" y también por la "falta de cumplimiento de los protocolos en las distintas jurisdicciones del país".

Del mismo modo, se ratificó la "demanda de acelerar la vacunación de los y las trabajadores de la educación en cumplimiento del Acuerdo Paritario del 27 de febrero de 2021".

En el mismo sentido se pronunciaron desde el gremio porteño Ademys. En diálogo con Télam, el secretario adjunto Jorge Adaro consideró "correcta" la decisión presidencial al tiempo que evaluó que será necesaria su aplicación junto con otras medidas "para que finalmente todo esto tenga un sentido".

"Tiene que haber un plan de vacunación para toda la población y se tienen que garantizar las licencias para padres o madres al cuidado de sus hijos así como un salario de emergencia para trabajadores precarizados que no puedan continuar con sus actividades, a propósito de las medidas anunciadas", enumeró.

También recordó que la decisión presidencial llega "luego del paro de 24 horas que realizamos ayer en virtud del pedido del pase a la virtualidad, en lo que fue una jornada exitosa tanto en Capital como en la provincia de Buenos Aires".

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