Buenos Aires, 3 de junio de 2022. El juez porteño Roberto Gallardo citó a declarar el lunes próximo a declarar dos funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño más un representante de la empresa Danaide S.A., que comercializa soluciones tecnológicas en seguridad electrónica, en el marco de la causa que investiga la utilización irregular de datos biométricos de personas a través del sistema de reconocimiento facial de prófugos.

La audiencia fue fijada por el titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario (CAYT) N°2 de la Ciudad de Buenos Aires, y deberán asistir la coordinadora del Plan Integral de Videovigilancia del Ministerio de Justicia y Seguridad, Cecilia Inés Amigo; el subsecretario de Tecnología e Informática de esa misma cartera, Gastón Navarro; y el representante de Danaide S.A Emiliano Schmid.

Su citación se debe a que "poseen información y conocimientos técnicos relevantes que pueden aportar un panorama completo y acabado respecto al funcionamiento del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP)". Además de ordenar esta audiencia, que forma parte de la causa en la que se investiga el uso de datos biométricos de casi 10 millones de personas, Gallardo ratificó la vigencia de la medida cautelar que suspendió el uso de esta tecnología por parte del Gobierno porteño.

El 11 de abril último, el magistrado había dispuesto "ordenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suspender el sistema SRFP, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin que ello mermara de ninguna manera los restantes sistemas de videoviligancia (monitoreo urbano), preventivo y forense".

Por otro lado, el juez ordenó continuar el peritaje del material secuestrado en el marco de la causa, el cual será realizado el próximo martes la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la sede que tiene este organismo en la localidad bonaerense de Ezeiza.

En vez de allanarse a la investigación judicial, la administración que encabeza Horacio Rodríguez Larreta recusó al juez Gallardo con el argumento de una supuesta "pérdida de imparcialidad" por parte del magistrado. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires rechazó la recusación y lo confirmó en la causa. "El recusante no ha podido demostrar la parcialidad del juez de grado cuyo apartamiento pretende", sostuvieron los jueces Fabiana Schafrik, Carlos Balbín y Pablo Mantaras en un fallo de 28 páginas en el que descartaron que las críticas del Gobierno de la Ciudad a las decisiones del juez no alcanzan para apartarlo del caso.

Fuentes judiciales señalaron que el sistema de monitoreo del Ministerio de Seguridad porteño, que encabeza Marcelo D´Alessandro, está habilitado a solicitar datos biométricos provenientes del Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) siempre que se trate de personas incluidas en la Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CoNaRC), que en 2019 eran unas 35.000 y marzo pasado llegaron a 40.000. Sin embargo, entre abril de 2019 y marzo de 2022 las consultas de datos biométricos realizadas desde la cartera porteña llegaron a 9 millones, una cifra que no se corresponde con la población de individuos requeridos por la Justicia o en situación de rebeldía a partir de una medida judicial, y que por esa razón figuran en los registros de la CoNaRC.

Mientras los medios oficialistas silencian el uso irreguilar del sistema de videovigilancia para espiar a los porteños y a quienes transitan por la ciudad, Larreta celebró esta semana que alcanzó su meta de abarcar el 75% de la Ciudad con más de 15 mil cámaras de seguridad, instaladas en el marco del Plan Integral de Videovigilancia que implementa el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.

La noticia se conoció el miércoles pasado. La ciudad alcanzó el 75% de cobertura con videovigilancia, al completar la instalación de 15 mil cámaras. Fuentes del oficialismo local indicaron que ese fue uno de los compromisos de gestión asumidos por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. El cumplimiento de este compromiso de tener el 75% de la Ciudad videovigilada fue posible gracias a la incorporación de alrededor de 5.000 cámaras nuevas en los últimos dos años. De esta manera, la Ciudad pasó de 10 mil a 15 mil unidades instaladas.

El Plan Integral de Videovigilancia de la ciudad implicó pasar de 2.000 cámaras instaladas en 2018 a 15 mil en 2022, distribuidas en la vía pública, autopistas y subtes. "Estas cámaras son fundamentales para prevenir el delito y para actuar rápido cuando este se comete", afirman desde el gobierno. Y agregan que también "aportan pruebas para las investigaciones que llevan adelante la Policía de la Ciudad y la Justicia".

Esto se realiza a través un sistema de análisis forense de imágenes de video que permite buscar objetos, personas y/o vehículos y realizar filtros según el color, morfología de elementos, sentido de desplazamiento y rango temporal, entre otros.

Todos los dispositivos son supervisados desde los tres Centros de Monitoreo Urbano (CMU) con los que cuenta la Ciudad en la actualidad: el de Chacarita -el más grande de América Latina-, el de Avenida 9 de Julio y el de Puerto Madero.

Para cumplir con este Compromiso, el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño también implementó la Biblioteca Digital, una herramienta destinada a agilizar el trabajo de la Justicia y poner a su disposición imágenes de las casi 15 mil cámaras instaladas en la toda Ciudad y reducir los tiempos de entrega de estas imágenes de 10 días a 24 h.

Al Plan Integral de Videovigilancia de la Ciudad se suma el Anillo Digital de Seguridad: un sistema de control compuesto por 740 lectoras de patentes y 120 cámaras en 74 accesos de la Ciudad, que son supervisadas en los centros de monitoreo Norte/Balbín y Sur/La Noria. A partir de este sistema es posible identificar a cada uno de los vehículos que utilizan las entradas y salidas de Buenos Aires. El sistema se complementa con el Centro de Gestión de la Movilidad Urbana, ubicado en Parque Patricios.

Desde 2019, los Centros de Monitoreo Urbano (CMU) han intervenido en la resolución de cerca de 94 mil episodios delictivos, principalmente casos de robo, hurto, narcomenudeo, violencia de género y portación de armas. El promedio de intervenciones diarias es de 300 casos, que incluyen siniestros viales, incendios y manifestaciones (aunque manifestarse es un derecho y no un delito), además de las distintas modalidades delictivas.

Por su parte, el Anillo Digital de Seguridad identifica un promedio de 2.900.000 vehículos diarios, y permitió disminuir un 90% los secuestros extorsivos. Además, desde 2017 fue clave para el secuestro de 1.080 vehículos por diferentes delitos, la identificación de 3.213 faltas de tránsito y la realización de 761 detenciones.

El sistema incorpora 10.000 cámaras en colectivos, subtes y vía pública e integra 1.000 cámaras del sector privado al sistema de videovigilancia del gobierno porteño.

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